Toda persona tiene derecho a vivir en un lugar digno y adecuado. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires, este principio universal se ha convertido en un beneficio que excluye a los sectores con menos recursos.

La cantidad de familias que padecen situaciones habitacionales deficitarias aumenta, día a día, en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hay más de 650 mil personas afectadas, de las cuales unas 275 mil viven en villas -112 mil más de las que figuraban en el Censo del año 2010.

Según el Diagnostico socio ambiental de la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social de la Ciudad, e informes del Observatorio de Derechos Humanos (ODH), existen unas 340 mil viviendas dignas deshabitadas. Además, agregan que de las 24 villas porteñas ninguna se urbanizó.

Este problema se debe, principalmente, al constante incumplimiento del derecho universal a una vivienda, digna y adecuada, enunciado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Demián Konfino, abogado del ODH, explicó que también se viola el artículo 31 de la Constitución del Gobierno de la Ciudad, en donde se establece que se debe resolver progresivamente el déficit habitacional, priorizando a la personas en pobreza crítica y con escasos recursos, resolviendo los problemas en los lugares donde habitan sin desalojarlos, y que incluso se deben buscar soluciones para sus casas precarias, promoviendo planes de autogestión y de urbanización integradora, entre otros items. “Las normativas vinculadas al tema de la vivienda que se han ido aprobando en el ámbito porteño, como la Ley de Emergencia habitacional del 2004, han sido neutralizadas en sus artículos más importantes”, agregó Konfino. Por eso, pese a la existencia de leyes, la falta de voluntad política vuelve a recaer sobre los sectores más vulnerados.

Quienes viven en estas situaciones no reciben ninguna respuesta al respecto, más allá de la estigmatización y el desalojo de sus asentamientos. Lo sucedido en agosto en la Villa Papa Francisco es un claro ejemplo. “Se trató de un desalojo con topadoras, hasta llegaron a incendiarles el terreno”, sostuvo Demián. “Lo grave de este caso es que ingresaron a las casillas con una orden y dijeron que era un allanamiento por el tema del narcotráfico. Entonces, cuando la gente abrió la puerta se metieron varios agentes a sus casas”, agregó el abogado en referencia a la Policía Metropolitana y a la Gendarmería.

Muchos de los desalojados de la Villa Papa Francisco fueron a parar a un boulevard, al lado de “un golf de 40 hectáreas”, lo cual resulta una “total contradicción” frente a la falta de acceso a terrenos para viviendas. “Ni el Poder Ejecutivo da una solución al problema habitacional. La gente desalojada quedó a la intemperie y está siendo hostigada por la Policía Metropolitana que permanentemente los amenaza”, concluyó Konfino.