En la casa de Virrey Cevallos 1834 el clima es tenso. Los vecinos están alertas a todo lo que pasa por enfrente del inmueble, y aunque les recomendaron que no estén en la calle, cada tanto se asoman a ver si alguien viene.

“Fortaleza”. Así le llaman los vecinos a la casa en cuestión, ubicada en el corazón del barrio de Constitución, a pocas cuadras de la estación. Luis Alberto es uno de los vecinos de la casa, tiene tres hijos y comenta que “supuestamente dicen que van a venir a desalojar una sola pieza, pero nosotros pensamos que nos sacan a todos. No es la primera vez. La semana pasada vinieron con la Metropolitana a hacer una inspección y nosotros no los dejamos entrar por miedo a que nos desalojen ese día”. Los vecinos fueron multados por no permitir el ingreso de la fuerza al domicilio.


El miedo de los vecinos no es irracional. En el entramado entre inmobiliarias, Gobierno de la Ciudad y Policía Metropolitana, este modus operandi suele ser muy común. Una orden de desalojo de una única pieza, una orden de allanamiento, o un simple operativo de inspección suelen ser las excusas con las que la Policía entra a los inmuebles y desaloja a las familias.


La situación de la vivienda en la Capital es cada vez más grave. El aumento de precios en alquileres y las condiciones restrictivas de las inmobiliarias –depósito, sueldo en blanco, garantía- generan que cada vez más gente deba ser expulsada al mercado informal de alquileres. Villas, conventillos, cuartos en hoteles o pensiones terminan siendo la última opción de familias trabajadoras que no pueden acceder a un alquiler formal. Muchas veces no tiene que ver con los ingresos, sino con una cuestión de clase: la garantía en Capital, el trabajo en blanco, son las fronteras que demarcan quién está habilitado para vivir en Buenos Aires.


En Fortaleza viven 10 familias. Comenzaron alquilando las piezas hasta que el dueño dejó de cobrarles con la intención de sacarlos. Hace unos 5 años tuvieron un intento de desalojo ilegal, con la Policía pero sin ninguna orden de un juez. Un tiempo después la casa fue enviada a remate. En un ambiente dominado por la mafia de las inmobiliarias y los martilleros, se terminó de vender la propiedad. Durante un tiempo la amenaza de desalojo se frenó, hasta que el año pasado volvieron a llegar las notificaciones judiciales. La orden actual solo tiene permiso para desalojar la pieza 3, una de las habitaciones de un hotel donde viven aproximadamente 30 chicos.


Karina vive en Fortaleza hace varios años. Cuenta que es el tercer intento de desalojo que tienen en el lugar, que durante un tiempo los vecinos estuvieron organizados en el Movimiento Popular Latinoamérica, que por diferencias internas se decidió no continuar con el proceso de organización. Aún quedan huellas del trabajo social que existió en la casa: el mural gastado de la puerta es tan solo una. Hoy Karina considera que el hecho de estar organizados es un freno fundamental frente al intento de desalojo del Gobierno de la Ciudad.


“Estamos asesorados por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Allí nos dijeron que mantengamos las puertas cerradas, que no dejemos pasar a nadie, porque sino nos van a querer sacar a todos”, comenta Karina. Luis Alberto cuenta que planea tapiar las ventanas y enseña algunos clavos que compró con ese fin. “Mi ventana es la del frente, soy el primero al que rajan. Yo tengo mis tres criaturas, tampoco voy a dejar que me saquen a la calle”, explica el hombre.


Los vecinos dicen que el hombre que vive en la pieza del fondo suele ponerse a llorar. Cuentan que vive de changas y pagó 30.000 pesos por la habitación. Ya sacó sus cosas de la pieza y está alerta a la espera de lo que pase. Su techo y su trabajo dependen de una firma en un escritorio en alguna oficina del Gobierno de la Ciudad.