El círculo de esa violencia se completa cuando no hay respuesta del Estado

El 4 de Mayo se llevo a cabo la primera reunión de la comisión de violencia institucional en la legislatura de la ciudad de buenos aires, con la intención de acercar familiares, áreas territoriales del Poder Judicial como ATAJO o PROCUVIN, y abogados para pensar en la redacción de un proyecto que restringa las violaciones de los Derechos Humanos enmarcadas en la violencia institucional.

A la comisión se hicieron presentes Roxana Cainzos, madre de Nehuen Rodríguez, Susana del Centro Educativo Isauro Arancibia, Emilio Ulloa víctima de una detención ilegal, Milton Tapia hermano de Alan Tapia, Eugenia Nogueira militante reprimida en villa 21-24, Rosa Montenegro madre de Marcelo Montenegro y Jorge López y Pate Yop manteros y afro descendientes. Además estuvieron organismos como el CELS y Defensoría del pueblo CABA, y los diputados Pablo Ferreyra, Patricio Del Corro, Hernán Rossi y Campagnoli José Cruz.

 

Nehuel Rodríguez fue atropellado por un patrullero de la policía metropolitana el 15 de diciembre de 2014, al bordo del mismo iban un ex agente de la policía federal y otro ex agente de la bonaerense. La versión policial dice que el patrullero se dirigía a un incendio, sin embargo este conducía sin sirena y sin luces.

 

“la verdad siempre la tiene la policía, la duda siempre esta puesta en la victima”. “A mi hijo se lo acuso de que iba sin casco cuando conducía su moto sin embargo las cámaras comprobaron que si tenía” declaro Roxana.

 

Susana que trabaja con más de 300 chicos en vulnerabilidad social se acerco a la comisión para contar la historia de Roberto Otero, sin familia. A Robertito lo mato un policía de la metropolitana en Parque Rivadavia con un balazo en la nuca. El policía Reyes decía que lo había matado por la frente en un intento de robo, pero se comprobó que Robertito dormía cuando un patrullero se detuvo para levantarlo, Robertito se despertó y al verlo salió corriendo.

 

“Robertito venia a estudiar a Isauro aun cuando vivía en la calle”. Juanco otro de los y las pibas que estudian en este centro conto como es vivir en un parador en la Ciudad, “vas a un baño en donde todo el mundo te está mirando, nadie nos pregunta porque vivimos en la calle y como nos pueden ayudar, es un lugar donde uno solo puede ir a pasar la noche”. Juanca trabaja en la feria, siempre que los policías no lo golpeen para sacarle las cosas, y estudia en el Centro Arancibia.

 

Emiliano Ulloa acudió en su bici en defensa de dos detenidos por la sustracción de un celular, al pedir que detuvieran la violencia que recibían los retenidos, fue tirado al piso y llevado a una garita ubicada en el barrio de La Boca, junto al resto. Un lugar complicado para estar detenido. Ulloa cuenta que le querían hacer decir a uno de ellos que él estaba también implicado, a lo cual el pibe de 15 años al que se dirigían, nunca se quebró. Cuando pidió llamar a su madre, a Ulloa los efectivos, le dijeron que cuando apareciera muerto en el Riachuelo su mama iba a saber de él. Luego lo trasladaron a una comisaria, que no tenia celda, lo volvieron a subir al patrullero y esta vez lo dirigieron a la Comisaria N°24.

 

La familia tuvo que sacrificadamente juntar 6 mil pesos para liberarlo de la prisión en la que estaba. “vos sos culpable hasta que demuestres lo contrario”, “me sobreseyeron en esa causa por el robo pero tengo otra ahora por una nueva causa por presuntos apremios ilegales contra Prefectura.»

 

Por su parte, Eugenia Nogueria nos contó como el jueves 21 de abril por la noche, en villa 21.24 donde trabaja en dos talleres como docente, en la Casa de la Cultura de Barracas. Un grupo de efectivos de Prefectura abordo violentamente a 3 adolescentes para requisarlos, cuando Eugenia y su compañero se acercan, los efectivos se retiran y al hacerlo, los chicos querían enfrentarse con los efectivos, algo que es entendible por los maltratos que sufren a diario. Mientras hablan con los chicos intentando llevarlos a casa llegan 80 efectivos mas, resultado del operativo de militarización que se acento desde hace un mes en la villa e incremento el personal de coercion disponible. Un policía de los que actuó en el despliegue, nominado Sosa, se refiere a los adolescentes diciendo que ahora se iban porque viene su mama a buscarlos pero que ya iban a tener oportunidad de encontrarse en el barrio. Cuando Eugenia y Nahuel escuchan esto, se sienten interpelados como militantes políticos, se dirigen a él y le dicen que esa no es forma de referirse. Otra policía, salvajemente salta al grito de “quien es esta mina”, los tira contra la pared y ordena que se desvistan. Quedando Eugenia desnuda, en corpiño ante los efectivos.

 

“Los chicos no pueden naturalizar esto, pibes de 16 años que son hostigados en su barrio”. Manifiesta Eugenia que se quiebra y llora. El 17 de mayo se realizara un festival en Iriarte y Luna, “no pudimos hacerlo en el Casa de la Cultura porque el director del PRO a cargo declaro que no puede asegurar la continuidad en los puestos de trabajo”.

 

Rosa, madre de Montenegro, no pudo contener las lágrimas mientras declaraba como recibió una llamada desde Ciudad Oculta donde le informaban que su pibe estaba detenido, esto el 7 de julio de 2012. A Marcelo Montenegro le decían “el pela”, y se lo acusaba de haber participado de una persecución en la que los efectivos de la comisaria 48 le balearon el auto hasta que este colisiono. Rosa es demorada en la comisaria toda la noche mientras espera que le digan donde es que habían detenido a su hijo, cuando llega “el chinito” que acompañaba a su hijo en el auto esa noche, este le manifiesta que a su hijo lo habían matado. Entonces Rosa se desmaya, al despertar sigue esperando que sean los policías los que le dieran la certeza de lo que había pasado.

 

Cuando le dicen que su hijo había participado en un tiroteo y había muerto, se dirige al hospital donde estuvo por ultima vez su hijo pero le dicen que el médico que lo había atendido ya no estaba. “Mi hijo choco contra el paredón, lo bajaron del auto por los brazos y ahí le dispararon, esto lo sabemos por testigos. Me dijeron que lo habían matado por disparos por la espada y el cuerpo tenia agujeros en la cara.”

 

También participaron vendedores ambulantes en representación de Afrodescendientes y la comunidad senegalesa. Se refirieron al caso de Lázaro Bar, quien participaba en jornadas de concientización contra la discriminación y el racismo y era hostigado por policías de la Metropolitana, la Federal y funcionarios de Espacios Públicos; para luego ser hallado asesinado a golpes a pocas cuadras de su casa. “la venta ambulante no es un delito, nadie contrata a una negra en una de sus empresas, no da con la imagen que buscan por mas estudios que tenga, y recurrimos a la venta ambulante”. Las negras y los negros no son un problema de inmigración, hay negros y negras argentinos. De los 11 detenidos en el desalojo de calle Avellaneda, 7 eran senegaleses, lo que demuestra la cizaña de los efectivos hacia ellos. Al detenerlos les hacen causas por resistencia a la autoridad por lo que les imposibilita luego pedir documentos, ya que un requisito es la revisión de antecedentes.

 

 

Pablo Ferreyra quien encabezo la Comisión se refirió a la lamentable ausencia de los integrantes de la murga de bajo flores, Los Auténticos Reyes del Ritmo, y celebro que se pueda compartir experiencias, el primer impulso para motorizar políticas y acción. Por último hablaron los Manteros Jorge López y Pate Yop, reclamando su derecho a trabajar y exigiendo que se acabe con la persecución de las fuerzas de la metropolitana y del Gobierno de la Ciudad contra ellos.

 

Lo lamentable es que estas iniciativas se dieron sin un dialogo previo, y el Gobierno de la Ciudad no se ocupo de presentarles alternativas para que estas familias no queden en estado de absoluta desprotección. Si analizamos el contexto en el que se da, existe un discurso estigmatizador y xenófobo contra los vendedores ambulantes.

 

“Este intercambio de información y la visibilización de los casos son una de las patas fundamentales de la lucha contra la violencia institucional”, dijo el legislador Ferreyra y consideró que “los importantes avances en materia de Derechos Humanos que hemos logrado a lo largo de los últimos años en nuestro país son un piso fundamental que debe servirnos para avanzar en aquellas deudas pendientes”.


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