El pasado mes de mayo, un juez de La Plata condeno a una travesti a 5 años y tres meses por venta de drogas. El agravante de la condena radicó en la condición de extranjera de Claudia. Desde la defensa se denunció que es un fallo xenófobo y transfóbico.

 

 

Comunidad trans

 

La expectativa de vida de las personas trans en Argentina es de apenas 35 años. El 82% de ellas declara haber tenido que prostituirse alguna vez en su vida. En un país donde la esperanza de vida de una mujer al nacer es de 79 años, que la probabilidad de que una chica trans logre superar los 40, sea una utopía remota, abre un profundo debate sobre la exclusión tajante que nuestra sociedad construye sobre criterios de elección sexual.  Y la discriminación no es sólo la agresión callejera, ni el insulto, ni el murmullo por lo bajo: está arraigada en todas nuestras instituciones y son las chicas más vulnerables quienes más lo sufren. Pareciera que para nuestra sociedad, una chica trans vale apenas media mujer.

 

De la primera encuesta sobre población trans realizada en septiembre de 2012 entre el INDEC y el INADI, se desprende que el 30% de la comunidad trans argentina no terminó el colegio primario y el 80% no tiene cobertura médica: ni por obra social, ni por prepaga, ni por plan estatal. En el estudio compilado en el libro Cumbia, copeteo y lágrimas de Lohana Berkins  se demuestra que el 95% de la población travesti se encuentra en situación de prostitución, mientras que el 77% de este número preferiría no hacerlo. En el trabajo realizado por el INADI, cuando se pregunta sobre la fuente primaria de ingresos actual, el 72% de las encuestadas responde que obedece a actividades ligadas con la prostitución, mientras que el porcentaje asciende a 82% cuando se indaga sobre si alguna vez ha tenido que prostituirse.

 

La discriminación golpea fuerte en la comunidad. En 2005, la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) realizó una investigación sobre la situación de las travestis, transexuales y transgénero en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y otras localidades del conurbano bonaerense. Durante el trabajo se relevaron 420 nombres de compañeras fallecidas en los cinco años anteriores: el 62% había muerto por enfermedades relacionadas al SIDA mientras que el 17% de ellas habían sido asesinadas. Del total de los datos registrados el 35% murió cuando tenía entre 22 y 31 años, y el 34% entre los 32 y 41 años.

 

El problema de la marginación de la comunidad trans no es nuevo, aunque sí es, –por suerte- cada vez más visible. El 9 de mayo de 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se sancionó la Ley de Identidad de Género, pionera a nivel mundial en términos de reconocimiento de derechos. Esta medida permite que las personas trans sean inscriptas en los registros oficiales con el nombre y el sexo de su elección, a la vez que incluye los tratamientos de adecuación de género en el Plan Médico Obligatorio. Pero como sabemos, de la ley al hecho, hay un largo trecho.

 

 

 

“La exclusión no se combate con represión”

 

El pasado 11 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata, a cargo del juez Juan José Ruiz condenó a una pena de 5 años y 3 meses a Claudia, travesti acusada por la supuesta venta de drogas en la zona roja de esta ciudad. El agravante tanto para el juez como para el fiscal interviniente, Martín Chiorazzi, radicó en que la acusada es de nacionalidad peruana.

 

Marcela Romero es presidenta  de la Asociación de Travestis, Transgénero y Transexuales de Argentina (ATTTA). Desde hace casi dos décadas lleva adelante la lucha por la dignidad, la inclusión y el reconocimiento de los derechos de la comunidad trans en el país. En relación con el caso de Claudia, Marcela explica que “el fallo de Claudia es un caso atravesado por la discriminación. La policía en la Provincia de Buenos Aires lo que está haciendo es crear causas a las compañeras en el tema de drogas, y luego los dictámenes judiciales son muy discriminatorios”.

 

“Esto sucede en todo el país. Si uno comienza a ver los dictámenes de los jueces hacia las compañeras trans, se puede observar un claro ensañamiento: una tenencia simple termina siendo condenada con una carátula de narcotráfico, a un intento de robo se le añaden agravantes, y las condenas de los jueces suelen estar teñidas por la transfobia. Esto sucede ya que muchas veces las compañeras no tienen familiares que reclamen, no existe un seguimiento de la causa, y la compañera que es detenida pierde todo, ya que la mayoría vive en hoteles. En estos casos se junta toda la exclusión que vivimos las personas trans y se aplican condenas muy fuertes contra nuestra  comunidad. Esto se puede ver en el Penal de Marcos Paz o Ezeiza: todas las compañeras están por narcotráfico y muchas de ellas han sido detenidas con un consumo personal, como lo que sucedió con Claudia” comenta Romero.

 

Pese a que el Ministerio de Trabajo, a través la Secretaría de Empleo declara que se “implementa la “Línea de Inclusión Laboral para Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros”, como parte de las políticas públicas para su inserción en el mercado laboral y para la igualdad del acceso a un empleo digno”, esta linda proclama queda bastante alejada de la realidad concreta. El grado de analfabetismo en la comunidad trans es casi cinco veces más grande que el promedio del país, y la inclusión laboral es uno de los núcleos problemáticos principales para pensar la inclusión real de las personas trans. Según el censo oficial de 2001, la deserción escolar entre la población travesti duplicaba a la de la población general. Más del 60% de las entrevistadas que abandonaron la primaria asumieron su identidad de género antes de los 13, y el motivo de la deserción fue la discriminación.

 

“Estamos trabajando en el cupo laboral, pero si no tenemos políticas públicas claras y efectivas para la población trans no vamos a poder estar incluidas en la agenda política que tenga el gobierno, ni vamos a poder superar la situación de exclusión. Creemos que es necesario armar programas conjuntos con los Gobiernos de Ciudad y de la Nación para encarar esta problemática. Con el nuevo gobierno no vemos ningún cambio, y nos encargamos de señalarle constantemente al gobierno nacional que la exclusión no se combate con represión.” comparte Marcela Romero.

 

La discriminación a la comunidad trans se encuentra inserta en la médula de nuestras instituciones. Las mimas que no aceptan los grises, que se fundan en la heteronorma. La que golpea travestis con la Policía, los condena con saña en la Justicia, y los viola en Pabellones de Hombres en cárceles comunes. Es el Estado el encargado de impulsar políticas públicas que combatan la exclusión y la transfobia, pero somos todos los que damos las pequeñas batallas cotidianas contra la segregación y el machismo. Es un juego gris, largo y cotidiano, pero el que baja los brazos, pierda. Y las chicas trans lo saben bien.