El pasado viernes 3 de Junio una patota de civiles junto con dos policías entró al inmueble del Pasaje Ciudadela al 1239 con la intención de desalojar a las 6 familias que viven en el lugar. El edificio en cuestión se encuentra ocupado hace más de 7 años, cuando se realizó un desalojo violento anterior y el lugar fue clausurado. Luego de ello, las familias entraron a vivir en el espacio.
El Centro de Salud y Atención COmunitaria (CESAC) Nº10 intervino en el hecho por pedido del Centro de Atención a la Justicia (CAJ) de Constitución. Según comentó Omar Battistessa uno de los vecinos, Juan, quien viven en la parte superior del inmueble, explicó que los habitantes del lugar fueron golpeados por personal policial y civil y que los niños que habitan en el inmueble (entre los que cuentan sus tres hijos de 10, 12 y 13 años) también resultaron lastimados.
A partir de esta situación la jueza Silvia de Pinto, del juzgado civil número 22, tomó parte en el procedimiento. La jueza solicitó la orden judicial necesaria para realizar el desalojo y ante la ausencia de respuestas y papeles por parte del oficial de justicia, de Pinto decidió frenar el procedimiento.
Desde el otro lado de la vereda, Margarita Meira, del Comedor Madres de Constitución señaló que los vecinos del lugar habían firmado un acta-acuerdo en febrero pasado con el propietario del inmueble, de apellido Sanchez, para abandonar la propiedad.
Más allá de la existencia o no de este acuerdo, los procedimientos de desalojo requieren una orden judicial previa, que al no existir, subrayan el caracter ilegal de la violenta operación en cuestión.
Tras el intento de desalojo, dos de los habitantes del lugar fueron detenidos. Sin embargo y gracias a la intervención de la jueza, pudo frenarse el procedimiento y las familias continúan habitando en el lugar.
