Avenida Entre Ríos al 1300, justo sobre la línea fronteriza que divide los barrios de San Cristobal y Constitución. Sobre la mano impar y a mitad de cuadra, unas treinta familias comparten hace más de 20 años un inmueble. La puerta no tiene timbre y es necesario aplaudir, o pegar un chiflido fuerte para que alguien baje a abrir. Sería una historia más del hacinamiento y el impacto de la problemática de vivienda en el Sur de la Capital de no ser porque los vecinos viven atemorizados: sobre la casa pesa una orden de desalojo que pretende dejar a las más de 30 familias que allí viven en la calle.
Tres meses de anticipo, una garantía propietaria de familiar directo en la Capital, los tres últimos recibos de sueldo de un trabajo en blanco: requisitos que generan que cada vez más personas deban optar por el mercado informal de la vivienda. La contradicción es simple: o mudarse a la Provincia, lejos del trabajo y los colegios de los chicos; ir a parar a una villa, donde los alquileres cuestan lo mismo que en un dos ambientes en Almagro, pero exigen menos requisitos; o terminar en un cuarto de un hotel o una pensión.
La historia de Entre Ríos no es una excepción y se repite a lo largo y ancho de la Ciudad más rica y desigual de nuestro país. Un supuesto dueño que subalquila habitaciones a familias que no tienen acceso al mercado formal de alquileres. Las familias pagan en tiempo y forma sumas que muchas veces son equivalentes al alquiler de un departamento en un barrio céntrico. Pero a cambio reciben una pieza, sin agua caliente y con baño compartido.
Elizabeth Sanchez vive en la casa de Entre Ríos hace 17 años. Tiene tres hijos de 9, 10 y 11 años y viven en una pieza junto con su marido y dos perros que el más pequeño de los chicos rescató de la calle. “Yo conozco a la mayoría de las familias desde hace 17 años, cuando llegué acá. Nosotros luchamos para que el IVC nos de respuestas pero no nos dan bolilla. No necesitamos que nos regalen nada, pedimos un préstamo para la vivienda de nuestros hijos que hoy en día viven encerrados en una pieza de 4×4”. Uno de los hijos de Elizabeth tiene síndrome de Williams, lo que le genera un retraso del desarrollo del lenguaje y puede acarrear problemas de aprendizaje.
Fabián Llanos vive hace 13 años en el edificio de Entre Ríos. Cuando llegó al lugar a alquilaba una pieza con su hermano, pero luego se separaron y Fabián se quedó viviendo con su mujer y su hija de un año y cinco meses. “En la vivienda estamos pasando por un proceso judicial de desalojo, que en realidad se llama expediente por constatación de firma. Nosotros nos encontramos buscando una solución de fondo para frenar el juicio por desalojo desde hace ya dos años. Presentamos un amparo y hasta el momento no tenemos novedades.” Fabián no es habla desde el desconocimiento: es estudiante de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. “Vivimos en una ciudad individualista y elitista donde los mecanismos para acceder a un crédito no se ponen en práctica o son realmente inaccesibles. Es muy complicado para una clase acceder a la vivienda. Con este gobierno y sus políticas neoliberales, no vemos una salida concreta y sabemos que nos va a costar mucho encontrar un crédito, no sólo para nosotros sino para todas las familias”, concluye el futuro abogado.
Thiago Fonseca es quien lleva adelante la asesoría legal de los vecinos de la casa de Entre Ríos 1330/1334. Entrevistado por El Grito del Sur comenta que son 23 las familias que habitan el inmueble y que el mismo se divide en tres pisos, un primer piso, una planta principal y un subsuelo. “Hay familias que viven acá desde el 83 y vienen pagando religiosamente todos los servicios”. Comenta que en el plano judicial, existe un dueño y un inquilino, que es quien subalquila las habitaciones a las familias. “El inquilino desapareció y le dijo al dueño que la casa se encontraba deshabitada. La causa principal es del dueño contra el inquilino y se basa en una homologación de firmas, y ahí es donde está interviniendo el defensor del pueblo. Esa causa actualmente está frenada y con un pedido de audiencia que nunca se dio.”
Fonseca comenta que desde la Legislatura se presentó un amparo para que el Gobierno de la Ciudad se haga cargo del déficit habitacional. “Realizamos presentaciones de todas las familias en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y pudimos conformar una cooperativa de vivienda entre todas las familias para acceder a los créditos de vivienda. Este no es un caso aislado y por eso le exigimos al Gobierno de la Ciudad que brinde respuestas concretas a las familias de Entre Ríos y a la problemática de vivienda en el Sur de la Ciudad”.
