A 7 años del asesinato de Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco, se volvió a realizar un festival para reclamar justicia y visibilizar los casos de gatillo fácil y abusos policiales en los barrios más humildes.

 

 

El 8 de julio de 2009 Jonathan “Kiki” Lezcano salió por última vez de su casa en el barrio de Lugano. Iba a la casa de la novia. Al día siguiente, luego de que Angélica -su madre- volviera del trabajo, se enteró que Kiki no había regresado. Se contactaron con la novia, les comentó que lo estuvo esperando, pero nunca llegó. A la noche Angélica se encontró con la hermana de Ezequiel Blanco, un amigo de Kiki, que les dijo que también estaba buscando a su hermano.

Ambas familias recorrieron el barrio y varios vecinos consultados afirmaron que vieron a Ezequiel y a Kiki juntos durante esa tarde del 8 de julio. Luego de esos testimonios, Angélica fue a la comisaría a hacer la denuncia que fue caratulada como “averiguación de paradero”. El día 11 de Julio, Angélica volvió a la comisaría para reiterar la denuncia y la única respuesta de la policía fue un interrogatorio encubierto pero ninguna certeza acerca del paradero de su hijo. Al respecto, Angélica cuenta a El Grito del Sur que “durante un mes y medio estuvieron interrogando a la familia sin buscarlo. Y teníamos que ir una vez por semana a reiterar la denuncia porque si no quedaba nula”. A los pocos días, por recomendación de una vecina y ante la falta de respuesta de la policía, Angélica decidió comenzar a organizar cortes de calle y movilizaciones por la zona.

 

Al mes, un primo de Kiki le contó a Angélica que el día anterior a su desaparición vio a “El Indio” Chávez, oficial de la comisaría Nro. 52, amenazando a Kiki y a Ezequiel. Con esta nueva información y ya con otra perspectiva, ese mismo día Angélica fue a la comisaría a denunciar el hecho. La respuesta que recibió fue: “No estamos en la década del 70”, a lo que ella respondió: “Ya sé que estamos en el 2009, pero estamos en la década del 70 porque mi hijo no aparece”.

 

A los dos meses y medio de la desaparición de Kiki y Ezequiel, y por una recomendación de su abogado, Angélica se contactó con el juzgado de menores para consultar por el paradero de su hijo y ahí le respondieron que “uno de los chicos está fallecido y a otro hay que reconocerlo”. Luego de recorrer varios juzgados, Angélica y otros familiares de Kiki fueron a la morgue judicial para reconocer el cuerpo. En ese lugar les dijeron que Kiki había sido enterrado en Chacarita como NN. La explicación del juez Cubas fue que “no pudieron identificar a la familia” a pesar de que ya contaban con un expediente donde tenían los datos de Kiki.

En una primera instancia judicial, el oficial que asesinó a Kiki y a Ezequiel, Daniel Santiago Veyga, fue sobreseído por el juez Cubas, quien jamás indagó al oficial Veyga. Se conformó con el descargo dado por el oficial en su comisaría, apenas unas horas después de haberles disparado a Kiki y Ezequiel. Tras varios años, muchas movilizaciones y apelaciones, las familias de Kiki y Ezequiel consiguieron que se revocara el sobreseimiento de Daniel Veyga y el apartamiento del juez Cubas, quien fue reemplazado por el juez Padilla. Angélica nos dice que tuvieron que apelar varias veces porque “Santiago Veyga quedó sobreseído tres veces seguidas, pero no quedaba firme. Entonces apelábamos porque se tenía que investigar”. El desplazamiento del juez Cubas estuvo acompañado de varias críticas, por parte de Padilla, respecto al modo en que llevó adelante la causa y cómo valoró (o no) algunas pruebas.

Tras la aparición de un vídeo donde se observa a varios oficiales de policía alrededor del cuerpo de Kiki mientras éste todavía estaba con vida, y luego de un largo proceso de lucha, se logró imputar a Santiago Veyga por doble homicidio simple y apartarlo de su puesto en la policía. Los demás oficiales del vídeo todavía no pudieron ser identificados.

Como todos los años, los familiares y la gente de la “Casita de Kiki Lezcano” organizaron un festival en memoria de Jonathan, Ezequiel y todos los casos de violencia institucional para mantener prendido el fuego de esta lucha mientras se espera con ansiedad por el juicio oral que se llevará a cabo este año y que sería un paso más en el camino hacia la justicia.