Despidos para frenar la organización sindical

La empresa de cobranzas Bartolomé Group, en medio de un contexto constante de pujas con sus trabajadores, despidió a una empleada que luchaba por conseguir elecciones de delegados y mejoras en las condiciones de trabajo. Se reproduce la desprotección institucional de los trabajadores en el país y el avance constitucional sobre los derechos a reclamo.

Bartolomé Group es una empresa de cobranzas que actualmente cuenta con 150 trabajadores, de los cuales 100 se encuentran en el área de call center. Desde comienzos del 2015, los trabajadores se organizaron y exigieron a sus empleadores la realización de elecciones de delegados de la empresa.
Sin embargo, Bartolomé Group respondió con medidas completamente restrictivas de los derechos laborales: Primero, despidió a uno de sus empleados, dos días después de que haya pedido por carta documento la convocatoria a elecciones a mediados de mayo del año pasado. Luego, la empresa se encargó de echar a un empleado por mes, en su mayoría aquellos que estaban organizados.De esta manera, se fue disolviendo la fuerza resultante de la unión trabajadora para pedir el cumplimiento de cuestiones laborales legales.

En el mes de septiembre de 2015 un fallo judicial exigió la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos. La organización sindical dentro de la empresa no se hizo esperar. Renació de sus cenizas, esta vez con mayor fuerza, mayor número de trabajadores y mayor calidad. De esta manera, pudieron combatir los despidos que se sucedieron y la empresa, abatida por la justa fuerza sindical, cedió en sus medidas cesantes del trabajo.

Si bien Bartolomé Group accedió a conformar elecciones de delegados, fueron boicoteadas por los mismos dirigentes empresariales. La empresa le encargó a la Secretaría de Organización del Sindicato de Empleados de Comercio la realización de las elecciones, pero dejando fuera de la postulación a la lista sindical conformada por los trabajadores. Los trabajadores denuncian que los delegados electos ni siquiera cumplían con los requisitos protocolares mínimos, como la afiliación mínima de 1 año.

A partir de esas turbias elecciones, comenzó una serie de pujas constantes entre los trabajadores y los dirigentes de la empresa. Las consecuencias: 20 suspensiones en los últimos tres meses y una empleada (que formaba parte de la comisión interna de trabajadores) despedida luego de una simple discusión con Santiago Bartolomé, gerente de la empresa y hermano del Presidente de la misma, Pablo Vivián Bartolomé.

Coyuntura política actual: Avance judicial sobre los derechos de los trabajadores

El caso de la empresa Bartolomé Group reproduce una lamentable lógica de desprotección del trabajador que desafortunadamente viene siendo cada vez más frecuente en Argentina, sobre todo desde comienzos de este año con ciertas medidas políticas que avasallan los derechos de los trabajadores.

A comienzos del mes de junio de este año, el fallo judicial dictado en la causa “Orellano, Francisco Daniel contra el Correo Oficial de la República Argentina” resolvió, mediante una interpretación completamente restrictiva del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que dejan de ser legítimas todas las medidas de fuerza promovidas por grupos no organizados formalmente. Dicho dictamen firmado por el juez Lorenzetti avasalla violentamente el derecho a huelga de los trabajadores, limitando dicho derecho a aquellos que se encuentren avalados por sus sindicatos.

Sin dudas, se trata de una medida a favor de los empresarios que busca no solo evitar y deslegitimar la protesta obrera, sino que también encuentra en el fallo judicial mencionado una forma de justificar los despidos.

El caso de la empresa Bartolomé Group se enmarca en un contexto político actual en que el que se pone en boga y se busca imponer la flexibilización laboral, facilitar las desvinculaciones, minimizar los costos salariales y limitando la intervención del Ministerio de Trabajo en la efectiva realización de paritarias y en los acuerdos salariales.Ante esta lógica laboral, las organizaciones sindicales y, sobre todo, la lucha organizada de los trabajadores en defensa de sus derechos no es más que un obstáculo. Un obstáculo político que dificulta la concreción de los objetivos económicos de las grandes empresas, como la Bartolomé Group.

No confundamos: El reclamo de los trabajadores es un derecho. La huelga y la conformación de elecciones de delegados están avaladas constitucionalmente al menos por ahora, por lo que nos encontramos ante la obligación de estar atentos y gritar, movilizarnos y luchar para hacer frente y revertir cualquier avance del gobierno sobre los derechos laborales que buscan dotar de mayor justicia a los obreros.