Cientos de organizaciones de derechos humanos salieron a denunciar el intento de otorgamiento de prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz. El día de hoy habrá una gran movilización para exigir que el represor cumpla su condena de manera efectiva y en cárcel común.

La semana pasada, el genocida Miguel Etchecolatz solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria. El ex-policía, y represor, mano derecha del general Ramón Camps y responsable directo de la fatídica “Noche de los Lápices” fue condenado en 2006 a cadena perpetua al ser hallado como responsable de 91 casos de torturas, supresión de identidad, tormentos, homicidio y privaciones ilegítimas de la libertad, todos estos crímenes en el marco del genocidio impulsado por la última dictadura militar.

Cabe destacar, como dato central que el albañil Jorge Julio López, desapareció por segunda vez en 2006 en el marco de sus declaraciones contra Etchecolatz, durante juicio en el que el más cercano colaborador de Ramón Camps, jefe policial y responsable de los centros de detención y exterminio, fuera condenado a cadena perpetua.

La semana pasada el represor pidió que se efectivice un fallo que lo habilita a cumplir su condena en su casa, al calor del hogar y rodeado de su familia. En respuesta al pedido de quien fuera el responsable de 21 centros de tortura, desde la Liga Argentina por los derechos del Hombre señalaron que “Los condenados por delitos de lesa humanidad deben cumplir cárcel común y efectiva, cualquier otra variante es una burla al proceso de Memoria Verdad y Justicia”.

Las organizaciones que acompañan la carta señalaron que casi el 40% de los condenados cumple prisión domiciliaria, y que a partir de la gestión del macrista Claudio Avruj este porcentaje se ha ido incrementando. El documento, acompañado por casi 150 adhesiones, denuncia esta maniobra como una estrategia de impunidad, que busca ponerle fin al proceso de enjuiciamiento a los responsables del genocidio de Estado, abierto durante la última década.

Es por esto que durante el día de hoy, y a diez años de la desaparición de Julio López, organizaciones de derechos humanos impulsan una marcha en La Plata para rechazar el traslado del genocida a su casa de Ezeiza. Esta concesión de derechos no se produce como un hecho aislado, sino al interior de un contexto de avanzada del macrismo sobre los Derechos Humanos: las declaraciones de Darío Lopérfido (que le costaron su puesto de ministro de Cultura) , la reunión de la Juventud del PRO con el partido neonazi Bandera Vecinal, y la invitación al militar golpista Aldo Rico a marchar durante el Bicentenario, fueron los primeros escalones que alcanzaron su pico máximo con el intento de detención a Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo.