Frente al Ministerio de Seguridad, hoy por la mañana Madres Víctimas de Trata junto al grupo Las Mariposas realizó un reclamo exigiendo que se reponga la custodia para Milagros y Ludmila González, dos chicas de Burzaco rescatadas de las redes de trata. 

 

La incesante lluvia de este lunes no arruinó la protesta en las afueras del Ministerio de Seguridad. La asociación Madres Víctimas de Trata convocó para exigir la reincorporación de la custodia policial para la familia González, quienes se ven afectados por la trata de personas desde que dos de las hijas de 16 y 14 años fueran secuestradas. Actualmente, como consecuencia del secuestro y la tortura, ambas se encuentran en rehabilitación en un sanatorio neuropsiquiátrico desde hace cuatro años y un año, respectivamente.

Sólo una de ellas contaba con la custodia de un gendarme debido al peligro de ser secuestrada nuevamente o asesinada y por el hostigamiento hacia la familia. Sin embargo, el custodio de gendarmería manifestó sentirse “incómodo” con su trabajo y tanto la joven rescatada como su familia se han visto vulnerables ante esta situación.

Con murga y pancartas en las afueras del ministerio, ubicado en el barrio de Recoleta, la organización Madres Víctimas de Trata (MVT) llevó a cabo esta vigilia y acompañó a Silvia González, madre de las adolescentes, quienes además sufren de retraso madurativo. González y la presidenta de MVT fueron recibidas por una funcionaria, pasadas las 10 de la mañana.

Según la organización social, la reunión fue favorable y el ministerio se comprometió a reponer al gendarme que custodia a Milagros. Pero para Blanca Rizzo, del colectivo Mariposas y quien hace un año milita en Madres Víctimas de Trata, la solución integral del problema no sólo es la protección policial para las menores y la familia, sino una garantía de vivir en otro lugar con una cobertura que les permita tener una vida digna.

La familia González actualmente está radicada en Burzaco y teme por su seguridad. El intento del secuestro de un nieto, de invasión de la vivienda y constantes amenazas han afectado la tranquilidad de Silvia y sus familiares.

“No puede -la familia afectada- vivir dependiendo de un gendarme de aquí a 80 años. Y más allá del caso de Silvia, toda esta presión es para que el Estado tome cartas en el asunto y haga cumplir la ley: la abolición de los prostíbulos. Hay 40 mil prostíbulos que, hoy por hoy, son los centros clandestinos de detención, tortura y muerte de miles de chicas”, manifestó Rizzo.