El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tiene 20 días hábiles a partir de hoy para destinar uno de los pabellones del penal número 32 de Florencio Varela a la convivencia exclusiva de internas mujeres trans y travestis. Así lo determina un fallo del juzgado de garantías número 6 de Quilmes, a cargo del juez Diego Agüero, que fue calificado de “histórico” por la Ong Otrans Argentina. El juez hizo lugar a un habeas corpus colectivo que buscó frenar los abusos y maltratos que a diario sufren las mujeres travestis y trans alojadas en dos de los pabellones de esa cárcel, donde conviven con condenados por delitos sexuales, según consta en los propios registros del SPB.


El fallo exige explícitamente al Estado provincial que “adecúe sus instituciones” carcelarias a la ley de identidad de género y, entre otras cosas, pide que el futuro pabellón cuente con personal penitenciario femenino, se le garantice “el derecho a las visitas íntimas” de las internas y se establezcan nuevas “pautas de convivencia”, que deberán redactar las organizaciones del colectivo. También señaló como responsable del cumplimiento de la sentencia a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que conduce Santiago Cantón.


“Es un logro histórico de la militancia por nuestros derechos, que no tiene antecedentes en el país. Y al que llegamos después de haber denunciado en los últimos meses que recrudecieron las vejaciones, la persecución y la represión sobre las mujeres trans y travestis”, explicó a El Grito del Sur Claudia Vázquez Haro, titular de Otrans y directora de Diversidad Sexual de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata.


Fue en el penal número 32 de Florencio Varela donde pasó sus últimos días Pamela Macedo Panduro, fallecida el primero de enero en circunstancias poco claras. Pamela había sido elegida en 2014 Miss Latinoamérica Trans y era una militante activa por los derechos del colectivo. Cayó presa a partir de un llamado anónimo, por supuesta tenencia de estupefacientes. Estuvo un mes encerrada en una comisaría de Ensenada antes de ser trasladada a Varela, adonde llegó con un cuadro de crisis de salud por la enfermedad crónica que padecía. Murió presa, sin condena. Tenía 29 años.


“No comía, no tenía agua, durante semanas no le dieron ni una bayaspririna”, relató Vázquez Haro, que lucha contra la inacción de la fiscalía cuarta de la provincia para que se investigue la muerte de su amiga. “Se lo dijimos a la justicia y se lo dijimos al gobierno provincial: Pamela murió por abandono del Estado” recalcó.


Pamela pasó al menos una semana en un pabellón que en la jerga penitenciaria se conoce como el de los “refugiados”, sinónimo, para el que cae allí en situación de debilidad, de ser sometido a todo tipo de abusos. El fallo que se conoció hoy considera que ese tipo de celdas agravan la condición de encierro de las mujeres trans y travestis y propician “relaciones desiguales, serviles, abusivas y humillantes” con el resto de los presos. 

En esos pabellones comunes de las cárceles bonaerenses pasan su encierro unas 33 mujeres trans y travestis. Según un informe del Cels de octubre de2016, el 91 por ciento de ellas está presa por estupefacientes. El mismo informe sostiene que el primer destino de encierro suelen ser las comisarías, donde raras veces queda registro de su paso, y que “la única prueba del cargo es el relato policial”.


Alertado por la situación, llegó al país a principios de este mes el relator de la sobre los derechos LGTBI, Vitit Muntarbhorn. En su agenda estuvo el tema carcelario. Bajo el brazo, trajo el informe del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que recomienda, entre otras cosas,  que el Estado “debe adoptar medidas para prevenir los crímenes de odio, asegurar los procesos de investigación, juzgamiento y condena de los responsables y garantizar la reparación de las víctimas”.