Mirta Gonzalez es la Presidenta de la Cooperativa Camino de los Perseverantes. Su historia es la síntesis de muchos relatos similares: en 2009 intentaron desalojarla del lugar donde vivía, y allí comenzó su derrotero. A diferencia de muchas familias que, por los numerosos requisitos o los altos precios, son obligadas a abandonar la Ciudad o a engrosar la población en villas, Mirta decidió organizarse «En 2009 me involucré en esta experiencia. Tras un camino de deslaojos nos organizamos con otras familias, nos anotamos en el INAES , hicimos los papeles y armamos los libros». Tras mucha organización, en Agosto de 2015 se mudaron al tercer piso del edificio ubicado en San Juan 1226, en el barrio porteño de Constitución. «En el camino a la vivienda definitiva nos juntamos y proyectamos un alquiler colectivo donde estamos viviendo 6 familias», agrega Julio Fernando Rojas, de 79 años y otro de los vecinos del alquiler.
Corina Rojas trabaja en Desarrollo Social, es militante de Proyecto Popular y otra de las personas que viven en San Juan al 1226 en el Alquiler Colectivo.»Estamos impulsando un proyecto de ley para que se fomenten alquileres colectivos como salida transitoria en el camino hacia la vivienda definitiva. Hoy, el Instituto de Vivienda de la Ciudad debe garantizar el acceso a la vivienda definitiva pero no brinda una solución a las familias que son desalojadas. El programa «Vivienda Transitoria», que debería garantizar los subsidios, plantea una serie de requisitos que lo vuelve casi inaccesible para quienes realmente lo necesitan: se plantea la necesidad de poseer un terreno y las cooperativas, la mayor parte de las veces, no las tienen».
El grupo de trabajo es impulsado por el Legislador Pablo Ferreyra y contó con la presencia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el CESAC 10 y varios vecinos y cooperativas que trabajan la temática de la vivienda y buscan aprobar esta primer Ley de Alquiler Colectivo. «Desarrollamos este tipo de iniciativa desde lo organizativo, desde la solidaridad entre habitantes que comparten una vivienda, sin ningún tipo de apoyo estatal», explica Rojas. «La ley que impulsamos propone que exista una presencia del Estado a través de garantías del Banco Ciudad y al mismo tiempo busca generar una mesa de trabajo donde vecinos, organizaciones y cooperativas puedan elaborar un proyecto común».
Si bien la Constitución Nacional reconoce el derecho a la vivienda digna, más de medio millón de personas (650 mil de los casi 3 millones que viven en la Ciudad) sufren la problemática habitacional. Uno de cada seis habitantes viven en villas, asentamientos, hoteles, pensiones precarias o directamente en la calle, y en los últimos 20 años, las y los afectados por esta problemática aumentaron en un 77,6%. A su vez el 33% de los habitantes de la ciudad alquila en el mercado formal, con requisitos cada vez más restrictivos (dos meses de comisión, uno de depósito, uno de adelanto, aumentos semestrales, garantías familiares y en la Capital). Un inquilino/a debe destinar el 36% de su sueldo para alquilar un dos ambientes en Buenos Aires, mientras que en el resto del mundo destina apenas un 18%.
La ley de Alquileres Colectivos prevé que el Banco de la Ciudad pueda brindar garantías a cooperatvias, facilitar los depósitos y que exista un subsidio del Estado sobre el total de la vivienda transitoria. «Demostramos que somos experiencias sustentables que nos permiten acercarnos al horizonte de la vivienda definitiva y que implican una mejora sustancial en la calidad de vida de los vecinos», continúa Corina. «Es la alternativa a pagar cantidades exorbitantes en hoteles que brindan una habitabilidad pésima, donde todo se hace en la misma habitación, desde comer hasta estudiar, dormir o recrearse. Estas experiencias muestran que podemos acceder a viviendas dignas, con espacios de uso común donde todas las familias podemos desarrollar las necesidad que tenemos»
