La Corte aprobó el 2x1

Cambiamos futuro por pasado

Foto: Valentina Maccarone

El fallo de la CSJ que avala la aplicación de la Ley 24.390 en el caso Muiña por delitos de lesa humanidad generó el repudio de una enorme cantidad de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos.

Dicha ley, hasta ayer derogada, estuvo en vigencia entre 1994 y 2001. Luego fue considerada no aplicable a crímenes de lesa humanidad por lo que se vio sin efecto alguno en el juzgamiento a los responsables civiles, políticos y militares de la cruenta desaparición, tortura y exterminio perpetrada en la última dictadura.

Memoria, Verdad y Justicia

Los organismos de DDHH brindaron una conferencia de prensa en la expresaron su más enérgico repudio a la medida dispuesta por la CSJ advirtiendo que “deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el 2×1” y llamando a «todo el pueblo a defender los derechos conquistados, que son la clave para garantizar el Nunca Más en nuestra sociedad».

Las redes sociales fueron el principal flujo de críticas y donde los distintos bloques políticos se expresaron. El bloque de Diputados del FpV-PJ dijo que «la aplicación del 2×1 es lisa y llanamente un insulto a condenados por crímenes de lesa humanidad y constituye un pésimo y negativo mensaje para la sociedad» mientras que Myriam Bregman, del Frente de Izquierda (FIT), calificó el fallo como “una vergüenza”.

Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo apuntó “son las promesas de Macri, del perdón a los asesinos” y a su tiempo Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, declaró “el gobierno nos quiere borrar de la historia”.

También la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se expresó anunciando que “la Argentina retrocedió 20 años en materia de Derechos Humanos” para terminar ironizando “¿Viste que “el cambio” también puede ser volver al pasado?”

Por su parte, la CTERA, el CELS, el Instituto Patria y una amplia variedad de espacios políticos, sociales y sindicales se pronunciaron en disidencia con el beneficio otorgado a los genocidas a raíz de esta ley.

Cambiamos

Muy diferente fue la reacción de los funcionarios del gobierno nacional y las distintas personalidades afines.

Tal fue el caso de Cecilia Pando, reconocida defensora de los genocidas, quién consideró “excelente” la resolución de la Corte.

El mismísimo Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se mostró a favor alegando estar de acuerdo “si el fallo está ajustado a la ley».

No es novedad para nadie viniendo de un gobierno que pretende volver a instalar la teoría de los dos demonios, con funcionarios que cuestionan el número de desaparecidos y un Presidente que no considera importante “entrar en ese debate”, además de haber hablado del “curro de los derechos humanos”.

Decretos que fallan

La decisión del máximo tribunal de justicia se dirimió en un 3-2 con los votos positivos de los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Estos dos últimos ocupan ese lugar gracias a uno de los primeros DNU dispuestos por Mauricio Macri en su primer mes de gobierno. No hace falta, entonces, mucho esfuerzo para vislumbrar los verdaderos objetivos de Cambiemos al designar dos jueces por decreto, la imparcialidad de la justicia y sus profundos intereses traducidos en acuerdos con el gobierno nacional.