Los presos se convierten en víctimas del sistema carcelario.

Lucas Otín, de 31 años, fue asesinado la madrugada del sábado pasado en la cárcel de Cruz del Eje, de la provincia de Córdoba. La versión policial afirma que recibió siete puñalas, aunque omite que al momento de recibirlas estaba recluído en un calabozo de castigo, aislado del resto de los presos. Ese dato resultó suficiente para que las organizaciones que velan por los derechos humanos dentro del penal denunciaran que efectivos del servicio penitenciario, que lo tachaban de “interno muy problemático”, hayan posibilitado o promovido su asesinato.
Tres internos ingresaron entrada la noche del viernes a la celda donde Lucas estaba encerrado cumpliendo castigo, y lo golpearon y apuñalaron hasta dejarlo mal herido, según la versión policial. Lucas falleció en la mañana del sábado en el hospital. Ni la policía ni el SPF pudieron todavía identificarlos. A Lucas le faltaban cumplir apenas dos años de condena, y apenas unos meses para gozar de salidas transitorias.
Según consigna la Agencia para la Libertad en un cable difundido ayer, Lucas fue sometido a torturas en reiteradas ocasiones, había sufrido traslados de penal y había pasado varios meses recluido en el calabozo de castigo.
En noviembre pasado, el titular del Juzgado Federal N°3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, hizo lugar a una acción de Habeas Corpus presentado por la Procuvin a raíz de una inspección realizada en septiembre a las instalaciones del penal. El magistrado consideró que lo descrito por la Procuvin, “confinamiento o aislamiento de casi todo el día, falta de higiene, hacinamiento”, implican “graves violaciones al principio de respeto a la dignidad”, y llegan a constituir “un trato inhumano y degradante”.
El asesinato de Lucas se produjo apenas unos días después del informe final del Comité Contra la Tortura de la ONU sobre la argentina. En el informe, el comité destaca su preocupación ante a, entre “la práctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferentes ámbitos de las fuerzas de seguridad así como en las rutinas del personal penitenciario, que arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa”, en las cárceles argentinas. “Dichos actos de violencia institucional incluirían los maltratos que padecen los reclusos al ingresar en las unidades carcelarias (la llamada “bienvenida”), y otras prácticas de asfixia con bolsas, torturas en los oídos, tobillos y plantas de los pies, así como castigos colectivos altamente gravosos”.