En la última semana la policía irrumpió en tres ocasiones en distintas instituciones educativas.

En primer lugar, el viernes pasado mientras se desarrollaba la fiscalización de los comicios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, entre 30 y 40 policías ingresaron a la casa de estudios violando la autonomía universitaria e impidiendo el paso a varios fiscalizadores generales del Frente Estudiantil Popular (FEP), frente opositor al oficialismo del rector y la decana, esta última concejal de Lomas.

Rodrigo López Merino, representante del FEP, en diálogo con El Grito del Sur narró los hechos ocurridos esa noche remarcando la arbitrariedad con la que se manejó la policía. El episodio más violento que vivieron, cuenta el estudiante, fue cuando los oficiales tiraron y arrastraron por el piso a un compañero.

Tras los episodios ocurridos y sin responsabilidades claras respecto del autor material de la llamada a la policía en la noche del viernes, los estudiantes se acercaron a la comisaría para solicitar un pedido de informe que no se les fue entregado hasta la fecha. Por otro lado, en la facultad se encargaron de difundir un comunicado en repudio a la intromisión policial. La decana por su parte, avaló el accionar de las fuerzas de seguridad alegando que estaban ahí para encargarse de preservar la transparencia y la democracia universitaria.

Días después los incidentes se trasladan a un colegio secundario de la Ciudad de Buenos Aires, el Mariano Moreno, donde las autoridades llamaron a la policía para desarmar la actividad de protesta que habían resuelto los estudiantes en asamblea. Tamara Goldzamd, Secretaria de Géneros del Centro de Estudiantes, cuenta que la raíz del conflicto surge el 10 de Mayo cuando los estudiantes del turno tarde deciden levantar el turno para movilizar a la concentración en Plaza de Mayo contra el fallo de la CSJ del 2×1. Como consecuencia las autoridades computaron un apercibimiento y una falta a los y las estudiantes, motivo por el que desde entonces desde el centro de estudiantes vienen exigiendo que dichas sanciones sean eliminadas. Sumado a esto, el día en que los y las estudiantes decidieron levantar el turno para movilizarse hubo un incidente en el que el jefe de preceptores llevó a cabo un violento forcejeo contra un estudiantes, motivo también por el cual el claustro estudiantil pide que el tema sea tratado en las reuniones del consejo de convivencia y se aplique algún tipo de sanción.

Debido a dichos accionares y la nula intervención de las autoridades del establecimiento para generar una solución es que el miércoles por la tarde decidieron ocupar rectoría a modo de reclamo. Acto seguido, la rectora realiza un llamada a la comisaría más cercana para que envíen efectivos policiales que dispersen a los menores y cese la medida de fuerza. Frente a la presencia de la policía en el colegio, realizaron una asamblea extraordinaria en la que se decidió pernoctar en disconformidad con lo sucedido.

A la mañana siguiente las clases se dictaron con normalidad y mantuvieron una reunión en la que las autoridades se comprometieron a firmar un acta de compromiso en el que aseguran que ninguna de sus acciones fue para evitar la participación política de los y las estudiantes, y se comprometen a que el apercibimiento y la falta computada no será motivo de alerta para nadie, es decir, nadie correrá el riesgo de quedarse libre por esa falta o ser expulsado por dicho apercibimiento. Desde el Centro de Estudiantes se comprometieron a firmar el acta aunque continuarán realizando medidas en repudio al accionar policial y los incidentes causados por el jefe de preceptores.

Por último, el más reciente caso ocurrió ayer en la Escuela Normal Antonio Mentruyt de Banfield. Nos comunicamos con María Juana Gabilondo para que narre lo sucedido. Arranca comentando que la salida del colegio del turno mañana se vio demorada debido a que había “un tipo armado” según comentaban los y las docentes a sus estudiantes. El hecho en concreto inicia mucho antes de la salida del colegio cuando tres ex alumnos del colegio junto a un amigo se encontraban en un cruce a pocas cuadras de la ENAM tomando una cerveza. Dos policías se acercaron a intimidar y hostigar a los jóvenes por estar bebiendo, éstos salieron corriendo y en lo que empezaron a correr, los policías empezaron a dispararles balas de goma. Los menores se dividen en dos grupos de dos y corren en direcciones diferentes, uno de ellos es detenido y trasladado en el patrullero hasta la puerta del colegio recibiendo amenazas para que llame a los otros dos jóvenes pidiendo que vayan hasta donde se encontraban en ese momento. El menor de 16 años que fue detenido además fue discriminado y violentado por los oficiales debido a su imagen. María Juana nos contaba que le dijeron cosas como “vos, travesti, con esos pelos de colores no durás un día en la cárcel”.

Una vez que los otros dos chicos llegaron e ingresaron a la escuela, inmediatamente cinco policías entraron para requisar sus pertenencias argumentando que los perseguían por haber delinquido -el menor detenido seguía en el patrullero con la cara tapada-. Fue tan grande la bronca y la indignación de sus compañeros y compañeras que uno de ellos reaccionó tirando piedras contra la ventanilla del patrullero hasta romperla y consiguió sacar a quien todavía permanecía allí dentro. Posteriormente, quisieron detenerlo por violencia y desacato pero finalmente no lograron hacerlo gracias a la reacción de todos y todas las presentes. Un dato no menor es que frente al pedido de identificación de varios estudiantes, ninguno de los oficiales accedió a mostrar su placa.

Para repudiar lo sucedido y poner un freno al desmedido accionar policial en el último tiempo llevado a cabo en colegios secundarios y universidades realizarán hoy una sentada en los tres turnos y el viernes a las 13hs movilizarán junto a los y las estudiantes de la UNLZ a la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Las instituciones educativas atraviesan una fuerte presión policial y se encuentran en constante alerta debido al cambio de época. Viven tiempos de persecución, discriminación y hostigamiento sin límite alguno por parte de las fuerzas de seguridad que cuentan con una enorme impunidad que los habilita a seguir cometiendo este tipo de delitos.