El año pasado, el ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta difundió la cifra de 850 personas en calle, muy por debajo de las 15 mil que denuncian las organizaciones, que harán su propio censo.

Identificados con una pechera violeta, planilla en mano y repartidos en equipos multidisciplinarios, unos 300 militantes y profesionales de más de 30 organizaciones sociales recorren desde hoy las calles de los barrios porteños con el objetivo de censar a las personas en situación de calle. “Vamos a levantar hasta las piedras si es necesario para encontrar a cada compañero que está en esa situación y acercarle una solución”, contó a El Grito del Sur Horacio Ávila, referente de Proyecto Siete, una de la organizaciones que impulsa la iniciativa, con apoyo de la Defensora del Pueblo de la Ciudad y el Ministerio Público de la Defensa porteñas.

El “primer censo popular de personas en situación de calle” surge en respuesta a los magros resultados que según las organizaciones arroja cada año el relevamiento que realiza el Ejecutivo conducido por Horacio Rodríguez Larreta, obligado por la ley 3706. El año pasado, el gobierno porteño difundió la cifra de 850 personas en calle, muy por debajo de las 15 mil que denuncian las organizaciones. La abismal diferencia, que no sólo abarca el número sino la metodología de medición, motivó la presentación de un amparo colectivo al que dio curso en agosto pasado la jueza María Elena Liberatori. El fallo de Liberatori fue recibido con entusiasmo por las organizaciones porque entre otras cosas obligó al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a realizar un nuevo censo “contemplando a las personas en efectiva situación de calle, pero también a aquellas personas en riesgo a la situación de calle”. El resultado, según pudo saber El Grito, fueron 3 mil personas en esa situación, aunque la cifra no se hizo pública.

Judicializado el censo de 2016, las organizaciones doblaron la apuesta y decidieron tomar la responsabilidad en sus propias manos. “Vamos a demostrarle al gobierno cómo se hace el censo, porque parece que a pesar de todos los años que lleva vigente la ley, no lo entiende. Los compañeros van a salir en tres horarios del día distintos, durante toda una semana y sin dejar barrio por recorrer. Y además, van a llevar consigo un estricto cuestionario social, porque no toda la gente que vive en la calle es igual, por más que parezca obvio: queremos saber cuántas compañeras trans viven en calle, cuantos abuelas y abuelos, cuantos compañeros con problemas de salud mental, cuantos con enfermedades crónicas o con alguna discapacidad. En cada caso el Estado debe aportar soluciones diferentes”, explicó Ávila.

Los preparativos comenzaron en marzo. A mediados de abril, mientras el ministerio que conduce Guadalupe Tagliaferri realizaba el relevamiento de este año, las organizaciones juntaron más de 300 voluntarios para una serie de encuentros de capacitación, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa, una de las instituciones que impulsó la iniciativa. el coordinador del Programa Contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa, Cristian Gruenberg, contó a El Grito que la intención es “revertir la relación entre el Estado y las personas en situación de calle, que desde hace años es criminalizada  por las fuerzas de seguridad e invisibilizada por las políticas sociales”.

“A partir de los resultados del censo buscamos que el gobierno reconozca el problema e incremente  el presupuesto de la ciudad asignado a políticas sociales para que nadie tenga que vivir en la calle. Por eso el lema del censo popular es que la calle no es un lugar para vivir, porque nadie elige vivir en la calle”, sostuvo Gruenberg.

A mediados de mayo, cuando concluya el censo popular, los resultados serán presentados en conferencia de prensa y la voluntad de las organizaciones es incorporarlo a la causa que lleva Liberatori y forzar una respuesta oficial. “El primer objetivo va a ser comparar los resultados nuestros con los que arroje el relevamiento del Gobierno, porque no hay duda para ningún argentino que han aumentado los números de pobreza e indigencia y no vamos a permitir que nos sigan mintiendo en la cara. Y finalmente, entregarle al Gobierno información valiosa para resolver los problemas de los compañeros, para que empiece a cumplir la ley de una vez por todas”, describió Ávila.