«Hebe nos propuso que tengamos rebeldía y alegría»

"No hay respuestas" denunciaron referentes de la comunidad educativa. 

Es de público conocimiento que la relación entre las Madres de Plaza de Mayo y el gobierno nacional es inexistente desde diciembre del 2015 hasta la actualidad. Mientras tanto, el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos (IUNMa) continuó funcionando cómo pudo. Docentes que llevan 17 meses sin cobrar siguieron yendo a dar clases. Pero la gota que rebalsó el vaso fue lo ocurrido el martes de la semana pasada: la intervención de la Universidad se completó con la remoción del rector organizador Germán Ibañez para ser reemplazado por Javier Alejandro Bujan, proveniente del INADI.
“Sabíamos que iban a comenzar políticas de recorte, que podía pasar algo como lo que está sucediendo hoy porque este gobierno desde el primer día se encargó de perseguir a las Madres de Plaza de Mayo”, relató a El Grito del Sur Belén Sarubbi, presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, quien sostiene que el conflicto comenzó el 10 de diciembre de 2015 con la asunción de Mauricio Macri.
Desde entonces el gobierno nacional empezó a desfinanciar al IUNMa. En consecuencia, hace ya un año y medio que emprendieron la mudanza a un edificio dependiente del Ministerio de Justicia, puesto que no se asignaba el presupuesto necesario para continuar manteniendo las clases en la sede de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, sita en Hipólito Yrigoyen al 1500.
De acuerdo con los entrevistados, el presupuesto ejecutado el año pasado fue del 25% y ahora no llega al 15%. Cursan en un piso que cuenta únicamente con tres aulas, en el marco de una asistencia que ronda los 1200 estudiantes. Frente al recorte por parte del Estado, son los mismos estudiantes quienes deben buscar lugares alternativos donde tener una cursada “digna”.

El nuevo rector de la Universidad, Javier Alejandro Bujan, es señalado por sus supuestos vínculos con la Justicia y por ser «hombre» de Daniel Angelici. “Nosotros como trabajadores del Estado, del Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos conocemos muy bien su gestión de vaciamiento en el INADI, donde también llegó a través de una intervención. Vació todas las políticas públicas contra la discriminación y tiene denuncias de apriete y violencia en su juzgado”, afirmó Matías Ceballos, delegado de ATE – Justicia y DDHH por la Universidad de Madres y además estudiante de Derecho de dicha institución.
Ante esta situación extrema que significa la intervención, los estudiantes docentes y no docentes decidieron implementar la toma pacífica del lugar, medida que llevan a cabo desde el martes 14 de junio sin impedir el funcionamiento de los otros organismos que coexisten en el edificio. Entre las once de la noche y las seis de la mañana, nos les permiten entrar ni salir del edificio. Dos días atrás, fueron notificados de que si permanecían en el edificio durante el fin de semana, no podrían salir. Recién el sábado al mediodía, gracias al apoyo de las Madres y de numerosos sindicatos que apoyan la lucha que está llevando a cabo la comunidad educativa de la Universidad, lograron que se dé marcha atrás con la restricción estipulada.

La intervención en marcha prevé un cambio de currícula en las carreras de Historia, Periodismo, Derecho y Trabajo Social ofrecidas por la Universidad. Todas cuentan con un fuerte enfoque sobre los derechos humanos y anclaje territorial. Desde su creación como Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo y su posterior nacionalización mediante un proyecto de ley en 2014, se ha posicionado como una opción de formación académica para los sectores más humildes. Es por ello que buscó «abrir las puertas a los barrios populares para que, desde su lugar, puedan formar conocimiento, mejorar su calidad de vida y construir políticas públicas».
A pesar de la escasa difusión pública sobre el tema, los estudiantes se sienten muy optimistas porque ven que la medida fue aumentando cada día el nivel de adhesión y apoyo no sólo por parte de la comunidad de la institución sino también por parte de centros de estudiantes de todo el país y extranjeros. “Nosotros vamos a resistir esta intervención porque tenemos una responsabilidad histórica no solo con las Madres sino con todo el pueblo argentino. Estos tipos vienen por los​ derechos​ del​ pueblo, nosotros lo entendemos así”, agregó Ceballos.

Por otra parte, los estudiantes denuncian que durante el primer día de la toma, alrededor de las 10 de la mañana, un funcionario del Ministerio de Justicia y DDHH, Pablo Echazain, ingresó a la universidad de manera violenta, con dos policías armados y sin autorización del rectorado ni de un juez competente. Los y las manifestantes repudiaron el hecho y ya se encuentran radicando la denuncia por la «violación de la autonomía universitaria por parte de un funcionario público».

«Es un ensañamiento más con las Madres de Plaza de Mayo»

“Muchos hemos sido la primera generación de universitarios de nuestras familias”, expresa Mirella Lezcano, docente de Prácticas Territoriales de la carrera de Trabajo Social y egresada de esa casa de estudios, para ilustrar la importancia que tuvo, sobre todo en los sectores más vulnerables, la creación de universidades a lo largo y ancho del país durante la última década.

Matías Zapata, delegado del Centro de Estudiantes por la carrera de Trabajo Social, fue el encargado de responder a los diversos comunicados emitidos por el Ministerio de Justicia a lo largo de la semana. «Queremos dejar en claro que la universidad no maneja ningún tipo de presupuesto. Desde la reglamentación de la ley en el 2014, el presupuesto pasa por el Ministerio de Justicia así que en todo caso si hay irregularidades habría que reclamarle al Ministro de Justicia Germán Garavano”, sentenció.
Actualmente la comunidad educativa se encuentra en estado de asamblea permanente y discute día a día cómo continuar con el plan de lucha. “Hebe nos propuso que tengamos rebeldía y alegría”, se envalentonó Zapata. Por otra parte, exigen una reunión «inmediata» con el ministro Germán Garavano para revertir la situación. “Cuando se dignen a recibirnos discutiremos las cuestiones que tenemos que discutir y ahí veremos si levantamos la medida o profundizamos”, disparó desafiante Sarubbi.

La ruptura del diálogo entre el gobierno nacional y los organismos de derechos humanos se terminó de cocinar con la intención de hacer movible el feriado del 24 de marzo y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitaba el beneficio del 2×1 para los genocidas. Esta crítica situación en la IUNMa, sostuvo la representante estudiantil Belén Sarubbi, «es un ensañamiento más con las Madres de Plaza de Mayo».

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