El sueño de la gestión de Daniel Angelici en Boca Juniors es contar con un nuevo estadio al estilo europeo, con restaurantes, tiendas, cafeterías y otros lujos comerciales. Sin embargo, esta pretensión recibió un duro revés en las últimas semanas. El mes pasado la Justicia porteña había habilitado el amparo presentado por vecinos nucleados en La Boca Resiste y Propone contra un emprendimiento inmobiliario en los terrenos de Casa Amarilla. Finalmente, en el día de ayer se volvió un paso más atrás al suspenderse la licitación a través de la cual el club de la Ribera compró ilegalmente los terrenos de Casa Amarilla a la Corporación Buenos Aires Sur.
En la sentencia dictada por el juez Guillermo Scheibler, se verificaron varias ilegalidades en la privatización de estas tierras públicas:
1. Venta de tierra pública sin aprobación de la Legislatura: El artículo 82 de la Constitución de la Ciudad establece una mayoría calificada de dos tercios del total de los miembros de la Legislatura para aprobar “la disposición de bienes inmuebles de la Ciudad” (inciso 4°) y que dicho cuerpo colegiado “no puede delegar sus atribuciones” (artículo 84, CCABA). De las constancias de la causa no consta que tal recaudo constitucional hubiese sido satisfecho respecto de los bienes objeto de la causa judicial.
2. El proyecto no respeta el Código de Planeamiento: Las características del proyecto aprobado (Plan integral urbanístico de interés social, turístico, cultural y educativo en una superficie de 32.545 m2) por el GCBA y para el cual se habrían transferido los inmuebles en cuestión al Club Atlético Boca Juniors, no son compatibles con la zonificación que tienen las manzanas por el Código de Planeamiento (uso residencial con alto grado de densificación).
3. No se respetó el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que corresponde a las obras que tienen impacto ambiental Con Relevante Efecto: Los predios se encuentran en un polígono que fue expresamente declarado por el legislador en “Emergencia Urbanística y Ambiental” por medio de la ley N° 2.240 y que el propio contrato celebrado entre la CBAS y el Club Atlético Boca Juniors prevé que queda a cargo de éste “la resolución del pasivo ambiental que pudiera existir” en los inmuebles.
Frente a esta situación se declaró que el proyecto tiene impacto ambiental Sin Relevante Efecto sin tener en cuenta el efecto acumulativo de todas las actividades.
Por las ilegalidades e inconstitucionalidades detectadas, el juez ordenó cautelarmente:
I. Librar oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal a fin de que proceda a la anotación de la presente litis respecto de los inmuebles objeto de este proceso, quedando a cargo de la parte actora su confección y diligenciamiento.
II. Ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que:
a) suspenda el trámite de aprobación de los planos que hubiese presentado el Club Atlético Boca Juniors respecto de los inmuebles objeto de la licitación pública 7/2015 de la Corporación Buenos Aires Sur S.E., en caso de que ya se hubiesen aprobado,
b) disponga la paralización absoluta de cualquier tipo de tarea de ejecución.
