Diversas organizaciones nucleadas en la Asamblea Popular por el Derecho a la Vivienda manifestaron su preocupación por el acceso a la vivienda digna y por los desalojos. Desde El Grito del Sur nos acercamos a dialogar con los protagonistas.

Organizaciones sociales y políticas se movilizaron a la Catedral y a la Legislatura porteña para reclamar por el derecho a la vivienda digna. La movilización tuvo dos tramos. En primera instancia, un centenar de familias se concentró frente a la Catedral para entregar una carta dirigida al cardenal Poli y el Papa Francisco. Esta medida es la continuación de los reiterados reclamos al gobierno de la Ciudad, con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, y al IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) conducido por Juan Ignacio Maquieyra, denunciando “la dramática situación de emergencia habitacional” y el negocio inmobiliario que trae como consecuencia que cientos de familias no tengan acceso a la vivienda. Debido al correlato progresista que viene manteniendo el Papa, desde la Asamblea por el Derecho a la Vivienda decidieron, esta vez, interpelar a otro actor social de peso diferente del Estado.

Alrededor de diez representantes ingresaron a la Catedral a entregar el documento titulado “Ni una familia, ni una persona más en la calle” mediante el que expresaron que “el acceso a la vivienda digna es un derecho, no una mercancía”. Sin embargo, no consiguieron que los reciban ya que “solo había personal administrativo”. En los días que siguen volverán a la espera de ser recibidos y poder expresar sus problemáticas.

“No se aplican políticas públicas destinadas a los sectores más postergados de la Ciudad, y a ello se suma la implementación del feroz ajuste económico que sufre nuestro pueblo: la irracional suba de las tarifas de servicios, de los alimentos, de los alquileres, del aumento de la desocupación, precarización laboral, de la desvalorización de nuestros salarios, entre otros”, denuncia el documento entregado.

Más tarde, se movieron hacia la Legislatura porteña para denunciar nuevamente el abandono estatal y la marginación que generan los desalojos, que se vuelven moneda corriente en una ciudad en la que “un promedio de 5000 familias son desalojadas por año”, asegura el escrito.

“Hace un mes presentamos un proyecto de Ley de Alquileres Colectivos para que el gobierno no solo se haga cargo de la problemática de la vivienda en la Ciudad, sino que también brinde soluciones momentáneas para paliar la situación en la que nos encontramos, hasta llegar a la vivienda definitiva”, dijo Corina Rojas, de la Cooperativa Camino de los Perseverantes, en diálogo con El Grito del Sur en relación al proyecto presentado por el legislador porteño Pablo Ferreyra (FpV).

En la actualidad la Comisión de Vivienda de la Legislatura está presidida y conformada casi por completo por el PRO, lo que representa una primera traba para que los proyectos presentados en ella pasen a tratamiento. Si bien es un espacio abierto en el que se pueden acercar vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires a transmitir sus preocupaciones o conflictos, distintas experiencias de las familias movilizadas han bastado para demostrar que necesitan del apoyo del Ejecutivo para poder avanzar en las iniciativas existentes.