La nueva ley de alquileres cuenta con el apoyo de varias organizaciones sociales, entre las que se cuenta ATE Capital. Desde el sector empresario, advirtieron que "ahora el débil será el inmobiliario, porque a muchas que viven de alquileres se les van a reducir en un 50 por ciento sus ingresos".

En la Legislatura porteña se selló la modificación de la ley 2340, con el apoyo de varias organizaciones sociales que representan a inquilinos de la ciudad de Buenos Aires y con el rechazo rotundo de las cámaras empresarias que agrupan al sector inmobiliario. La nueva ley de alquileres establece que a partir de ahora la Comisión Inmobiliaria estará a cargo del propietario y, además, se prohíbe el cobro de gastos de gestión por certificaciones e informes al inquilino.

Esta Ley fue resultado de los largos años de lucha emprendidos por las organizaciones que defienden a los inquilinos, muchas veces expuestos a la inequidad existente con las inmobiliarias a la hora de negociar. ¿Cuál es su posición con respecto a la aprobación del flamante proyecto?

Desde la asociación civil Inquilinos Agrupados consideraron que éste es un primer paso para seguir avanzando en la defensa de los derechos de los inquilinos, que actualmente conforman el 35,7% de la población de CABA, aunque es necesario seguir trabajando por los desafíos restantes: una defensoría con capacidad de intervención en defensa de los derechos de los inquilinos, un organismo de control que no sean las propias inmobiliarias y que tenga participación de las organizaciones del sector y una tarifa social para los servicios públicos que hoy incrementan enormemente el monto que una familia destina al alquiler, entre otras demandas.

Por otra parte, desde el área de Inquilinos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), también apoyaron la Ley aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En un comunicado difundido por redes sociales, dejaron en claro que “es razonable y justo que el honorario de la inmobiliaria sea abonado por los propietarios que son quienes las contratan; como la mayor parte del mercado está acaparado por las inmobiliarias, el inquilino acude a ellas ante la necesidad de buscar una vivienda, no por pura elección”. Además afirmaron que “no es necesaria la intervención de una inmobiliaria para hacer un contrato de alquiler”.

La mirada distinta de las inmobiliarias

La perspectiva que se tiene desde el sector de los corredores inmobiliarios es casi antagónica. En primer lugar, aseguran que nunca fueron convocados a una mesa de diálogo y que esta medida atentaría de manera directa sobre la libertad de trabajo de los profesionales.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, advirtió que “es muy factible que se incremente el precio de los alquileres en la ciudad tras la modificación de la legislación”.

Por otra parte, desde el Colegio Profesional Inmobiliario afirmaron que este proyecto “violaría le ley y la Constitución, ya que el nuevo Código Civil y Comercial dispone expresamente en el artículo 1351 respecto de las operaciones inmobiliarias que si solo interviene un corredor, todas las partes le deben comisión”. El presidente de esta entidad, Héctor D´Odorico, también dejó en claro que la prohibición de cobrarles las comisiones y gastos administrativos a los inquilinos, se trasladará al propietario y de esta manera se verá reflejado en el valor de la propiedad. “Ahora el débil será el inmobiliario, porque a muchas que viven de alquileres se les van a reducir en un 50 por ciento sus ingresos”, remató.

Mario Gómez, director de Le Bleu Negocios Inmobiliarios y miembro del consejo directivo del Colegio Profesional Inmobiliario, afirmó que ante esta medida presentarán un recurso de amparo: “vamos a plantear la inconstitucionalidad de la ley y realizaremos un amparo colectivo por avasallamiento a los derechos de los corredores inmobiliarios”.