De Jorge Julio López, pasando por Luciano Arruga y llegando al caso de Santiago Maldonado. En el marco del masivo pedido por la aparición con vida del joven de El Bolsón, hicimos un recorrido histórico por estos 3 casos paradigmáticos de desaparición forzada de personas que golpean a la democracia.

Durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, Jorge Julio López fue detenido ilegalmente y pasó por distintos centros clandestinos de tortura. El 18 de septiembre de 2006 fue desaparecido nuevamente, tras declarar en la causa que inculparía por delitos de lesa humanidad a Miguel Etchecolatz. Desde el primer día, los principales sospechosos fueron integrantes de la Policía Bonaerense que quedaban como resabio del antiguo gobierno de facto. La hipótesis que se buscó instalar para ocultar la desaparición forzada fue que el propio López se había extraviado, producto de su elevada edad.

A casi 11 años de la desaparición de Jorge Julio Lopez, las líneas de investigación dejaron de apuntar a aquellos que pueden haber sacado provecho directo de la desaparición del albañil. En medio de todo esto, un allanamiento sorpresa descubrió que el pabellón donde cumplía su condena el represor Etchecolatz estaba plagado de privilegios. Además, entre sus papeles se encontró uno que tenía escrito: “hay que lograr que un testigo se desdiga”. Quizás fue López la persistente piedra que se interpuso en el plan y por eso sufrió el peor destino.

En el último tiempo, el nombre de Miguel Etchecolatz volvió a alcanzar repercusión pública, dado que, tras el fallo de la Corte Suprema que habilitaba el 2×1 para reducir los años de condena efectiva, fue uno de los represores que buscó acceder a este beneficio. Finalmente se dio marcha atrás con este tema, pero nuevamente se volvió a retroceder en una discusión que ya parecía saldada en nuestro país.

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En 2009, la Argentina volvió a estremecerse por la desaparición de una persona. El 31 de enero de ese año, fue la última vez que Luciano Arruga vio a su familia: al salir de su casa para visitar a su hermana, fue interceptado por un patrullero y llevado a la comisaría. Si bien las versiones oficiales dijeron que había sido atropellado en la autopista, más adelante la familia sabría por un testigo -un pibe del barrio que lo vio esa noche en la comisaría- que Luciano fue matado a golpes. Esa noche, uno de los patrulleros de esa dependencia no emitió registro de posicionamiento y varios salieron de la cuadrícula que les correspondía. La corrupción policial volvió a hacer una de las suyas.

Luciano ya había sufrido previamente por lo menos dos situaciones de abuso policial, dado que se había negado a robar para los efectivos del destacamento. Dos detenciones arbitrarias por averiguación de antecedentes, con tortura incluida en la policía.

La investigación para averiguar el paradero de Luciano fue delegada en primera instancia a la misma policía sospechada de su desaparición. El expediente pasó a otro juzgado. Recién cinco años más tarde, fue localizado el cuerpo que había sido enterrado como NN en el cementerio de Chacarita.

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El pasado 31 de julio un grupo de la comunidad mapuche encabezó un reclamo en Esquel, en reclamo por la detención arbitraria de Facundo Jones Huala, dirigente de esta comunidad. La respuesta del gobierno fue la represión por parte de la Gendarmería Nacional con balas de plomo y de goma. Nueve personas fueron detenidas y muchas otras resultaron heridas.

Testigos afirman que, en medio de la persecución y represión policial, uno de los manifestantes –Santiago Maldonado– quedó escondido atrás de un árbol, luego encontrado por la Gendarmería y más tarde subido a la camioneta. “Acá tengo a uno”, habría gritado uno de los policías. Santiago no sabía nada y quedó atrapado por el cordón policial. 10 días después, Santiago sigue sin aparecer.

El conflicto se mide con dos varas distintas. Desde el plano internacional, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (ONU) exigió que el Estado argentino actúe con urgencia para que Santiago aparezca con vida. Pero desde el gobierno nacional se ha minimizado el tema. El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, decidió echarle la culpa a los integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM): “Que sepan que los estamos investigando. Los vamos a terminar de identificar a todos y a medida que los vayamos individualizando los vamos a ir deteniendo”, amenazó. Este funcionario es tristemente conocido por haber sido defensor de militares que luego serían encontrados culpables por desapariciones forzadas. Hoy el caso es caratulado como “Búsqueda de Persona Extraviada”. Por otra parte, Los diputados citaron al Congreso a Patricia Bullrich para que dé explicaciones sobre el caso, pero la Ministra de Seguridad no apareció. En los medios oficialistas, Bullrich habló de las caras tapadas de los mapuches y los acusó de querer crear una república aparte.

Hace instantes, una masiva marcha en Plaza de Mayo reclamó la aparición con vida de Santiago Maldonado. La protesta contó con la presencia de decenas de organizaciones sociales y de las integrantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas y Taty Almeida, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, entre otros referentes de organismos de derechos humanos.