En un contexto en el que se encuentran alrededor de 30 colegios tomados en la Ciudad, representantes estudiantiles se encontrarán con la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, para conseguir que se prorrogue hasta el año 2019 la aplicación de la reforma educativa.

Ayer por la tarde, las y los estudiantes fueron notificados de la reunión que se llevará a cabo mañana al mediodía en la sede de la Defensoría del Pueblo. La titular de la cartera educativa, Soledad Acuña, convoca a representantes de los colegios tomados y no tomados a discutir las inquietudes sobre la reforma denominada “Secundaria del Futuro”, que busca aplicarse el año próximo en 17 colegios que funcionarían como “escuelas pioneras”, según dijeron fuentes del Ministerio.

El conflicto por la reforma educativa se desató un mes atrás cuando un power point se filtró entre las comunidades educativas y llegó a manos de distintos representantes de los centros de estudiantes que, alarmados por el cambio propuesto, empezaron a organizarse para frenar la “reforma inconsulta”. Al día de la fecha, un total de 30 colegios permanecen tomados en rechazo a la aplicación del cambio curricular que no contó con la discusión previa de las comunidades educativas y plantea cambios estructurales respecto del rol del docente y del estudiante.

Los y las estudiantes denuncian que la reforma es inaplicable ya que “no contempla la realidad que se vive dentro de los colegios” y denuncian que se haya definido “por hombres de traje y corbata en una oficina de cuatro paredes, desconociendo las condiciones y vivencias por las que atraviesan las escuelas día a día”. El Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, se involucró la semana pasada en el conflicto y decidió participar como mediador entre los estudiantes que permanecen ocupando los colegios y las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La idea oficial con este proyecto es “modernizar” la escuela media y adaptarla al siglo XXI. Para esto plantea una mayor utilización de las nuevas tecnologías empleando, por ejemplo, videojuegos educativos mediante los cuales los estudiantes acumularían créditos -forma en la que sería reemplazada la calificación numérica- para pasar de año. “Esto trae todo tipo de deshumanización. Nos quieren hacer estudiar bajo plataformas informáticas, eliminando el contacto y el debate entre compañeros, compañeras y docentes principalmente. Desaparece todo proceso de pedagogía”, denuncia a El Grito del Sur Juanita Pedrozo, de 16 años y estudiante de 4º año del colegio Julio Cortázar.

Otra incógnita que se desprende de la reforma tiene que ver con las prácticas profesionalizantes que se aplicarían en el último año del secundario, haciendo que -durante el 50% del ciclo lectivo- el alumnado esté trabajando de manera gratuita en una empresa privada u ONG, en lugar de estar en las aulas incorporando conocimientos. “No sabemos si vamos a sacar fotocopias o servir café”, dispara Camila Manfredi, representante del mismo colegio, ya que los distintos funcionarios con los que han podido dialogar, no supieron responder si dichas prácticas tendrían relación con la orientación de cada escuela.

“La reforma educativa es el primer paso para la reforma laboral”, apuntó Manfredi en relación a la reforma laboral que planea aplicar el gobierno nacional tras las elecciones legislativas de octubre. “Ataca (la reforma) al conjunto de la sociedad. Nosotros vamos a pasar a ocupar los puestos de trabajo que se vienen perdiendo desde el 2015″, agregó.

Los y las adolescentes se están asesorando jurídicamente: para ello mantuvieron contacto con la consejería de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA, se reunieron con legisladores de diferentes bloques y con la Defensoría del Pueblo. “El gobierno le tiene miedo al movimiento estudiantil que está organizado. Vamos a poner el cuerpo, vamos a salir a las calles, somos un movimiento que cuenta con el apoyo de padres, madres y docentes, y no vamos a dejar que la reforma se lleve a cabo”, concluyó la representante estudiantil.