Los hechos sucedidos el viernes 1 de septiembre, una vez finalizada la masiva movilización en la que miles de ciudadanas/os exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado y en la que también requerimos que el Estado Nacional esté a la altura de las circunstancias e investigue la responsabilidad de la Gendarmería Nacional en su desaparición forzada, no pueden merecer menos que nuestro más absoluto repudio.
Desde que a fines del año pasado la Legislatura porteña sancionó la Ley 5688 de Sistema Integral de Seguridad Publica, la “nueva policía de la Ciudad” tuvo intervención en, al menos, ocho manifestaciones públicas con un denominador común: la represión.
Creo importante recordar algunos de estos sucesos, que vuelven a posicionar la acción represiva del Estado como única respuesta ante el reclamo social:
10 de enero de 2017: Trabajadores informales que venden productos en el espacio público cortaron la Avenida Rivadavia en protesta por desalojos y decomisos de mercadería previos. En su primera semana de actuación, la Policía de la Ciudad reprimió, detuvo e hirió a vendedores y reporteros gráficos. Durante más de tres días se produjeron nuevos episodios represivos y detenciones.
17 de enero de 2017: Artes Gráficas Rioplatenses, una empresa del Grupo Clarín, cerró una planta de impresión, en el barrio de Pompeya, y despidió a 300 empleados. En los primeros días del conflicto, la Policía de la Ciudad disparó balas de goma contra los manifestantes que les provocaron heridas, en algunos casos en la cabeza.
8 de marzo de 2017: Las policías Federal y de la Ciudad tuvieron un despliegue represivo en la manifestación con la que culminó el Paro Internacional de Mujeres. Hubo una cacería policial que terminó la movilización: 15 mujeres fueron detenidas de manera arbitraria y con violencia, y luego fueron requisadas de manera vejatoria. Además, 15 mujeres y 5 varones quedaron imputados con diferentes figuras como atentado, resistencia a la autoridad y lesiones
9 de abril de 2017: En un operativo conjunto, las policías Federal y la Policía de la Ciudad reprimieron a los docentes que intentaban instalar una escuela itinerante frente al Congreso Nacional. Los policías utilizaron gas pimienta y golpearon a los docentes, de los cuales por lo menos dos resultaron heridos y otros dos fueron detenidos e imputados penalmente por el delito de atentado y resistencia a la autoridad.
8 de marzo de 2017: Las policías Federal y de la Ciudad tuvieron un despliegue represivo en la manifestación con la que culminó el Paro Internacional de Mujeres. Hubo una cacería policial que terminó la movilización: 15 mujeres fueron detenidas de manera arbitraria y con violencia, y luego fueron requisadas de manera vejatoria. Además, 15 mujeres y 5 varones quedaron imputados con diferentes figuras como atentado, resistencia a la autoridad y lesiones
9 de abril de 2017: En un operativo conjunto, las policías Federal y la Policía de la Ciudad reprimieron a los docentes que intentaban instalar una escuela itinerante frente al Congreso Nacional. Los policías utilizaron gas pimienta y golpearon a los docentes, de los cuales por lo menos dos resultaron heridos y otros dos fueron detenidos e imputados penalmente por el delito de atentado y resistencia a la autoridad.
28 de Junio de 2017: La Policía de la Ciudad reprimió con golpes, balas de goma y gases lacrimógenos una protesta de organizaciones sociales en la Av. 9 de julio, mientras sus delegados estaban reunidos con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Allí incumplieron la Ley de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires: no estaban uniformados ni identificados. En esa ocasión hubo 8 detenidos, dos de ellos menores de edad.
4 de Julio de 2017: Agentes de la fuerza, arremetieron contra los manifestantes que estaban reclamando la revisión del rechazo a la excarcelación de Jones Huala. Los manifestantes ni siquiera habían cortado una calle ni impidieron la circulación del lugar. Como resultado de la represión, hubo cinco detenidos y una persona herida
28 de Julio de 2017: La Policía de la Ciudad desalojó violentamente a vendedores ambulantes que se encontraban a la salida de Disney Junior Express, una obra infantil, en las inmediaciones del Teatro Opera. Allí, si bien no se trataba de una manifestación, se encontraba grandes cantidades de niños y niñas.
A todo esto viene a sumarse lo sucedido el 1° de septiembre luego de la masiva manifestación donde, como surge de numerosos registros fotográficos y de varias filmaciones, agentes policiales que tuvieron intervención en la manifestación estaban vestidos de civil y sin identificación alguna, violando lo establecido en el Art. 100 de la Ley 5688. Asimismo, pudo observarse una utilización cuanto menos abusiva de las balas con posta de goma y de los gases lacrimógenos, contrariando todos los principios consagrados en la normativa mencionada.
Así, no se actuó con proporcionalidad, ni con gradualidad, ni con responsabilidad, ni con moderación. Todos principios que deben regular el accionar policial conforme a la normativa que sancionamos el año pasado. Por el contrario lo que se desplegó fue un accionar violento, abusivo, desproporcionado. Una cacería que terminó con 31 personas detenidas, que fueron “levantadas” en las inmediaciones de la manifestación y en horarios anteriores o posteriores a la producción de los disturbios en la plaza.
Reprimir y desmovilizar
Esta crecida constante en la represión a las manifestaciones públicas se da en un contexto en el cual los funcionarios encargados del control político de las fuerzas de seguridad lejos de llevar adelante un efectivo control del accionar policial, justifican de manera sistemática el accionar violento y entre otras cosas licitan y aprueban la adquisición de armamento antitumulto.
Se da en un contexto en que las manifestaciones masivas en defensa de los derechos de todos y todas los ciudadanos se vuelven un factor fundamental en el ejercicio de nuestro derecho democrático de peticionar a las autoridades. No es casual que desde el mes de julio haya comenzado a utilizarse la figura penal de la “intimidación pública” como imputación que se aplica a todos/as los detenidos/as en manifestaciones públicas. Un claro artilugio legal para aumentar la persecución punitiva contra los/as manifestantes.
Todo este despliegue represivo, que viene incrementándose y que continuará en ese sentido, tiene el claro objetivo político de desmovilizar a la ciudadanía a través del miedo. Cometen el error de pensar que los reclamos populares –que irán en aumento por la situación económica y social cada vez más apremiante, así como el aumento de las violaciones a los derechos humanos– podrán ser acallados mediante la utilización de las fuerzas de seguridad reprimiendo las protestas.
Pero olvidan que nuestro pueblo tiene memoria. Memoria con la que cada año grita NUNCA MÁS al terrorismo de Estado, pero también memoria para recordar cada uno/a de los/as compatriotas asesinados por las fuerzas de seguridad por reclamar un derecho. Y es justamente esa memoria la que intentará impedir que la escalada represiva guionada desde el gobierno nacional y de la Ciudad avance. Nunca más violación a los derechos humanos de nuestro pueblo. No van a logar desmovilizarnos.
