Luego de que la Justicia rechazara los pedidos de inconstitucionalidad de la Ley de Alquileres, el Colegio de Corredores Inmobiliarios llamó a un paro nacional y movilización a la Quinta de Olivos para el próximo lunes 25 de septiembre. El objetivo es entregarle un petitorio al presidente Mauricio Macri para demostrar su repudio a la ley 2340, que establece -entre otros puntos- que la comisión inmobiliaria no sea pagada por los inquilinos, sino por los dueños.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, sostuvo que la medida se trata de algo espontáneo frente a la preocupación de las inmobiliarias. “No fuimos convocados por la Legislatura y ahora vamos a manifestarnos. Nos sumamos todos porque es un error muy grande que tiene que revertirse”, aseguró. Desde el Colegio Profesional Inmobiliario, en tanto, coincidieron en que «esta ley es un fuerte temblor, una sacudida para nuestra profesión, que viene de un gobierno que supuestamente enarbola las banderas del diálogo y la honestidad. No se nos convocó a dialogar para presentar nuestro punto de vista». También criticaron que «una legislatura local sanciona normas que le competen al Congreso Nacional».
Por su parte, desde la Asociación Civil Inquilinos Agrupados sienten que van por el camino correcto y festejaron el rechazo del fiscal general Luis Cevasco al recurso de inconstitucionalidad promovido por el Colegio Profesional Inmobiliario contra la sentencia definitiva que prohibió el cobro de dos meses de comisión a los inquilinos. «Es evidente que el planteo de que las comisiones inmobiliarias no pueden ser reguladas por una ley local es un planteo desesperado y sin ningún tipo de sustento. Además, es contradictorio con el proyecto que los mismos corredores presentaron en la Legislatura hace unos meses para aumentar sus comisiones”, afirmó Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados.
Ayer las cámaras inmobiliarias realizaron un abrazo simbólico a la Legislatura porteña. Este lunes esperan convencer al presidente Mauricio Macri para evitar la continuidad en la aplicación de una ley que consideran contraria a sus intereses y, de esta forma, restablecer el statu quo.
