La Justicia porteña puso otro freno a las aspiraciones de la dirigencia del club Boca Juniors por apropiarse de los terrenos públicos de Casa Amarilla. El intento de cerrar con un vallado perimetral estos lugares de recreación y encuentro generó la reacción de vecinos y organizaciones sociales/políticas del barrio de La Boca, que realizaron desde caravanas culturales hasta mateadas para expresar su rechazo y defender su patrimonio público.
En su resolución, el juez Guillermo Scheibler afirmó que las 3,2 hectáreas de terreno -que son objeto de disputa judicial- son de acceso público «desde mucho antes del momento en que se celebró el contrato que transfirió la propiedad al CABJ en abril de 2016». Si bien la dirigencia de Boca había esgrimido temas de «seguridad» (Ej.: personas que se juntan a tomar bebidas alcohólicas) para enrejar ese predio, el magistrado sostuvo que es competencia del gobierno de la Ciudad prevenir ilícitos o situaciones de riesgo de dichas características. El juez también destacó que el amparo que frenó las obras en los terrenos «cuestiona la validez constitucional de la transferencia de dominio operada respecto de los predios en cuestión, a la vez que la legalidad del cambio de su destino, lo que a criterio de los actores afecta derechos de la comunidad tutelados por la Constitución y las leyes».
La red que agrupa a vecinos y vecinas del barrio, La Boca Resiste y Propone (LBRP), festejó que este fallo es «un gran triunfo para la comunidad en su conjunto. La actual dirigencia del club Boca Juniors, no podrá llevar adelante el cercado de los campitos de Casa Amarilla que son de todos los vecinos. Esta victoria es la victoria de todos los que creemos que ésta es una causa justa y que desde algún lugar aportamos para que los campitos sigan siendo de todos». Por otro lado, redoblaron la apuesta y señalaron que «nosotros seguiremos Resistiendo a todas las arbitrariedades que la dirigencia macrista del club Boca Juniors intenta llevar adelante junto con sus socios del gobierno porteño».
