Bajo el argumento de reducir el déficit para ayudar en el proceso “desinflacionario” del Banco Central, el Ministerio de Hacienda diseñó una quimera que, para convertirse en realidad, dependerá en buena medida de la muñeca del mismísimo presidente. ¿El mercado le responderá con el bolsillo?

Mientras la política nacional ebulle con la triple “reforma” macrista, los economistas y las consultoras se dividen entre quienes pronostican cómo el año próximo la realidad se ajustará al presupuesto 2018 y quienes ya diseccionan al muerto (la política global del gobierno). En nombre de la reducción del déficit para ayudar en el proceso “desinflacionario” del Banco Central, Hacienda diseñó una quimera que, para convertirse en realidad, dependerá en buena medida de la propia muñeca del presidente Mauricio Macri.

El plan del ministro Nicolás Dujovne tiene por objetivo estratégico la reducción del déficit fiscal primario en un punto porcentual: del 4,2% actual a un 3,2% del PBI. Presentada como una “reforma previsional”, la modificación a la baja en el cálculo de actualización de las jubilaciones representa casi el 40% de ese objetivo, o 0,4% del PBI, según las consultoras Elypsis y ACM. En cambio, el cálculo de los economistas del Frente Renovador arroja un recorte mayor de 72.000 millones. Cuantificada la parte que los jubilados perderán, son 8200 pesos anuales por persona.

El gobierno dio por cerrado el capítulo “jubilados” y está viendo la manera de concentrar la catarata de juicios por inconstitucionalidad que se avecina en algún juez con ganas de innovar. De las patas restantes, las “reformas” tributaria y laboral, la primera pasó por Diputados y con el dictamen logrado en el Senado se convertirá en ley después de Navidad, mientras que la segunda fue dormida hasta el próximo período legislativo.

Para los fiscalistas, la pregunta del millón es cuáles carteras se sacrificarán para completar la meta fiscal primaria, que no cuenta el peso creciente del pago de intereses de la deuda externa. Pero si se sale del plano corto fiscal, la película económica para el 2018 es, como mínimo, de suspenso extremo. Porque, según se desprende del proyecto de presupuesto 2018, la recaudación será otro ítem importante en el cumplimiento de la meta fiscal. Dujovne necesita entonces que el rebote económico de 2017 se transforme sí o sí en el crecimiento del 3,5% del PBI pautado para 2018.

Teniendo en cuenta que el estímulo principal del rebote actual no fue dado por inversiones privadas ni por un repunte global de la actividad industrial, sino por la obra pública, la proyección de este dato en 2018 adquiere relevancia estratégica en los planes oficiales. Mientras que en el presupuesto 2017 se asignaron fondos para gastos de capital en el Sector Público Nacional por 193 MM (miles de millones) de pesos, en el proyecto 2018 se estipulan gastos por 235 MM, un incremento nominal del 21,5% y que equivale al 1,9% del PBI. Dentro del SPN, la Administración Nacional recibirá el año próximo en concepto de Inversión Real Directa fondos por 62.245 millones, un incremento del 24%.

Sin embargo, dentro de la inversión real directa, los proyectos de inversión (el núcleo de la obra pública argentina) absorben 50.323 millones, un 1,9% menos que en el presupuesto actual. Ese dato levantó dudas entre los empresarios de la construcción y los economistas por su inconsistencia con el objetivo oficial de lograr sostener el crecimiento en 2018; es claro que esa partida perderá valor contra una inflación que el sector privado proyecta entre el 16 y 20%. Dujovne viene ensayando como alternativa de financiamiento el ingreso de inversiones privadas en obra pública mediante el sistema de Proyectos Público-Privados o PPP.

El problema es que la reglamentación de ese esquema (contemplado en la ley nº 27.388) no termina de convencer a los inversores, ya sea por falta de claridad en la misma, de garantías ofrecidas por el Estado, o por dudas sobre la tasa efectiva de retorno de la inversión en un país en donde paga más la bicicleta financiera que la actividad interna. Para colmo, el presupuesto estipula nada menos que 225 MM adicionales en gastos de capital mediante dicho esquema (que sigue sin traer un dólar desde su febrero). Esa proyección espectacular no la cree nadie y en el debate actual en Diputados por el presupuesto, la oposición ya pidió más fondos para obra pública.

Sin obra pública suficiente, con una actividad industrial severamente castigada por la política monetaria del Banco Central y una política crediticia que está poniendo en serio riesgo a los bancos públicos, la meta oficial de crecimiento tiene pocos entusiastas y muchos detractores. Entre estos últimos se anotaron hace tiempo los economistas liberales. La guerra pública entre gradualismo y shock escaló en los últimos meses por las serias inconsistencias entre las políticas económica, fiscal y monetaria. En dos años, el sistema financiero local se degradó rápidamente: mientras que los bancos públicos están apalancando la toma masiva de créditos para consumo e inmuebles sacrificando sus niveles de liquidez, los privados registran un pase masivo de plazos fijos a Lebacs que hace peligrar los depósitos en pesos de sus clientes.

En el punto actual, la discusión del establishment entre las tesis de la desinflación vía tasas de interés con gradualismo fiscal o la desinflación vía agregados monetarios con shock fiscal, además de inútil, ya no tiene importancia. La bomba en el sector financiero está colocada y el detonador es identificado por todos: la tasa de interés de las Lebacs. Si la tasa deja de conformar a los inversores, el pase de los pesos de las Lebacs a dólares drenará reservas y dejará un hueco multimillonario en la liquidez necesaria para cubrir la demanda de pesos del público. De ahí a una corrida bancaria hay solo un título televisivo o tuit de por medio.

En este mar de inconsistencias, la muñeca de Macri para convencer a los inversores ya es asunto de Estado. El presupuesto dictamina sí o sí la necesidad de inversiones vía PPP para darle oxígeno en dólares al BCRA, sostener el crecimiento económico (garantía para una recaudación estable) y morigerar el efecto de las tasas sobre la actividad productiva. En este sentido, el gobierno ya metió mano: la Superintendencia de Seguros retaceó las inversiones que  las aseguradoras pueden realizar en Lebacs y las invitó a invertir sus fondos en proyectos Público-Privados.

¿Evitará el presidente que desde el mercado le respondan con el bolsillo? Solo el tiempo dirá si la quimera de Dujovne puede ser realidad. Lo casi seguro es que se cobró los ingresos de los sectores que está política esta sumergiendo en la pobreza.