La marcha por vivienda digna, de mediados del mes pasado, puso en cuestión los anuncios en materia de urbanización hechos por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Radiografía de una deuda social que ya afectó al menos a tres generaciones.

La plazoleta del Obelisco está que rebalsa pasadas las cinco de la tarde, y los villeros y las villeras llegan desde el oeste, el sur, el norte y el centro de la ciudad. Algunos suben desde la boca del subte, otros se bajan de los micros. Esperan, todos muy juntos, mientras despliegan las banderas: argentinas, bolivianas, paraguayas, peruanas; y también los carteles, que nombran los barrios: “Complejo Piedrabuena”, “21-24, Barracas, presente”, “Barrio Padre Mugica”, “Barrio Papa Francisco”, “La 29, Bajo Flores”, “Mataderos Villa 15”, “Cildañez”, “Lugano Villa 20”. Las ambulancias, los camiones y las camionetas de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y del Movimiento Popular La Dignidad, ploteados con los rostros del Che Guevara y el Padre Mugica, forman fila sobre Corrientes, ya cerrada al tránsito. Estamos a mitad de noviembre y la que está por atravesar el centro de la ciudad es la movilización protagonizada exclusivamente por porteños más numerosa del año.

Transcurre una hora larga en la que no pasa nada y nada pasa hasta que, de uno de los micros que llegó desde el Bajo Flores, baja el Gauchito Gil. Son cuatro los varones que lo sostienen con sumo cuidado y se forman para llevarlo en andas, uno en cada extremo del altar. Recién entonces, una voz de mujer agita la primera consigna: “¡Queremos urbanización ya, basta de chamuyo!” y el “Villazo por vivienda digna”, así bautizado, comienza a marchar lento hacia la Legislatura porteña.

El reclamo atraviesa tantas décadas como sucesivos gobiernos, pero el dato está en que no cesa aún cuando el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta eligió la urbanización como uno de los ejes de su gestión. Y cuando esta vez, parece, no se trata sólo de promesas: desde mediados de 2016, el PRO, tras ocho años de desidia, consiguió créditos del BID por 550 millones de dólares para la urbanización de la villa 31 –adonde además mudó oficinas administrativas- y presentó los planes para la “integración sociourbana” de la Rodrigo Bueno, la Villa 20 y Playón de Chacarita.

Muchas de las obras están en marcha, pero el reclamo persiste. Las organizaciones explican por qué. “El jefe de Gobierno cree que porque larga los anuncios en televisión y en las tapas de los diarios le puede decir a la gente que está urbanizando, pero la realidad es que en toda su gestión entregó sólo ocho viviendas en mano, y eso que venimos de tres gobiernos sucesivos si tomamos en cuenta los dos períodos de Macri”, explicó a El Grito del Sur Rafael Klejzer, referente del MP La Dignidad y uno de los oradores frente a la Legislatura. “Saquemos de lado los emprendimientos en la 31 -siguió-, donde por otra parte se viene un negociado tremendo con la nueva autopista, y enfoquémonos en el resto de los barrios. Están todos abandonados, no han bajado un solo peso”.

“Rodríguez Larreta puede decir lo que dice en un contexto donde ningún otro gobierno hizo nada. Al lado del resto, lo que hace es mucho, y por eso tan promocionable. Lo venden como la primera vez que se hace algo y en eso tienen razón”, sostuvo por su parte el titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonathan Baldiviezo. Aunque advirtió: “Los vecinos se siguen quejando, con razón, porque no son consultados en la urbanización. Tampoco existe el control sobre las obras que muchas organizaciones creen necesarias porque, como pasó por ejemplo en Los Piletones, se construye con material deficitario y surgen muchísimos problemas posteriores. Y además, está el negocio: el gobierno está especulando con que los vecinos se capitalicen con el terreno para que después vendan la casa a los especuladores inmobiliarios”.

Pero las explicaciones más urgentes, como es predecible, bajaron desde el escenario. “Acá hay 15 mil villeros y villeras que le decimos no a la supuesta urbanización de los chetos –exclamó Rodrigo Segovia, militante villero de Izquierda Latinoamericana, de espaldas a la Legislatura y sobre el final de la movilización–. Somos muchos los porteños que vivimos como el orto. Que estamos cansados de pisar mierda cuando salimos de casa. Que vivimos con menos de un salario mínimo cuando de vuelta falta laburo. Y aparecen por nuestros barrios con el chamuyo de la urbanización. Urbanización trucha, de los privados. ¡Queremos empresas villeras, queremos hacer nosotros nuestros nuestros barrios, queremos trabajo para los villeros!”.

Foto: Virginia Robles

Tres generaciones que esperan

Las famosas topadoras del brigadier Osvaldo Cacciatore, intendente porteño de facto durante la dictadura, erradicaron el 82,7 por ciento de la población de las villas. El número se reconstruyó a partir de los censos de la democracia. Desde 1983 en adelante, toda una generación de migrantes internos y de familias quebradas por las sucesivas crisis volvió a poblarlas. Hoy representan el 6,5 por ciento de la población total de la ciudad, algo más de 275.000 personas según estimó la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad en 2014. Ese dato, el último que se conoce, despertó las alarmas: el crecimiento respecto de lo relevado en 2010 era del 52,3 por ciento. Todas las miradas apuntaron a los sucesivos recortes en materia de inclusión, hábitat y construcción de viviendas durante la gestión PRO, que se combinaron con subejecuciones presupuestarias alarmantes como en el caso del Instituto de la Vivienda (IVC).

La política de urbanización se convirtió en tal berenjenal que hoy son al menos tres los organismos que se encargan de la tarea: la Unidad de Gestión e Intervención Social en Villas (ex SECHI), la Secretaría de Integración Social y Urbana y el IVC. Todas ellas han tenido un incremento presupuestario importante para este año, y el premio se lo lleva el programa de integración de villas, que tuvo un aumento de más del mil por ciento, de la mano de los anuncios de Rodríguez Larreta. La cosa se puso en marcha, y la prueba está en que existe un mayor movimiento en las organizaciones territoriales y en las mesas de participación.

“La problemática de la urbanización es muy amplia –remarcó Baldiviezo– y ahora evidentemente estamos poniendo en agenda un tema postergado para muchas generaciones. Pero la disputa es por los sentidos. ¿Qué es urbanizar? La Constitución de la Ciudad habla de integración. Integrar es ir en contra de la lógica del mercado inmobiliario, algo caro a la gestión PRO desde 2007. Yo sigo viendo un negocio y un proceso de gentrificación como política general, que contradice los principios de radicación definitiva e integración social y urbanística”.

El suelo, la casa y los servicios

“En 2018, los vecinos de la villa 31 van a tener que pagar los impuestos, como cualquier vecino”, dijo Rodríguez Larreta al anunciar los planes de inversión para la 31 y 31 bis. Ese dia inauguró obras para la ejecución de servicios públicos en cuatro cuadras de la manzana 104 y 12 del sector Cristo Obrero, que implicaron 1600 metros cuadrados de tendido de redes de agua potable y 397 metros lineales de red cloacal, 397 metros lineales de desagüe pluvial, entre otras.

Su discurso tocó un tema sensible. “Si bien no está mal, todavía no podemos hablar de servicios públicos”, contestó Baldiviezo. “Persisten problemas técnicos de acceso y también de infraestructuras”, dijo, y resaltó que, detrás de las obras, hay una búsqueda de “revalorización del suelo”. “No estoy en contra de que se regale el suelo a las familias, pero una vez que se endeudan para construir las casas, es una oportunidad para que el negocio inmobiliario entre a las villas, si -como pasó hasta ahora- no se anuncia una forma de evitar la reventa”, advirtió. “Lo que debería anunciar el jefe de Gobierno es un plan que incluya a todas las villas, incluso las que no están en zonas apetecibles para el mercado, como la 1-11-14, que tiene literalmente dos ríos de cloacas al aire libre que la atraviesan y tiene un índice de hacinamiento superior al resto”, destacó.