San Cayetano, otra vez a las calles

El Gobierno salió a anunciar un ajuste en los planes sociales, que disfrazó de una búsqueda de “transparencia”. La pelea es por casi diez mil millones de pesos, la mitad del presupuesto que se llevan los planes Argentina Trabaja en 2018. La alianza con la CGT y las reestructuraciones en Desarrollo Social.

Movilización CTEP San Cayetano
Movilización CTEP San Cayetano

Hugo Moyano y la movilización del 21 de febrero anunciada por Camioneros en medio de acusaciones cruzadas con Mauricio Macri no es el único flanco abierto de conflicto para el Gobierno. En paralelo al ataque simbólico y judicial sobre un sector del sindicalismo, la Casa Rosada apuntó también contra las organizaciones sociales, a las que acusó de “poco transparentes” en el manejo de los planes sociales y amagó con quitarles su manejo. La tríada de San Cayetano (CTEP, Barrios de Pie y la CCC) respondió con la convocatoria a una movilización en todo el país para mañana que promete transformar los accesos a capital en un infierno, como una muestra gratis de lo que se verá el 21, día en que acompañaran a Moyano.

El nudo de la disputa es la intención, anunciada a mediados de enero por voceros del oficialismo, de “transparentar” el manejo de los planes Argentina trabaja (AT), Ellas Hacen (EH) y Desde el Barrio, cuyos beneficiarios se duplicaron desde la llegada de Cambiemos al poder, en parte por la sanción de la Ley de Emergencia Social a fines de 2016, impulsada por las organizaciones. Se trata de un universo de al menos 350 mil planes sociales, según pudo reconstruir el Grito del Sur a través de fuentes del Ministerio de Desarrollo Social. Los mismos se otorgan de manera tercerizada a través de las gobernaciones, las intendencias y las cooperativas organizadas en los movimientos. La idea de “transparencia” oficial pretende precisamente correr del medio a los intermediarios y reemplazarlos por la ampliación de los programas de “capacitación” que brinda el Estado.

Las organizaciones vieron en la iniciativa oficial un ataque directo hacia su rol y denunciaron un ajuste en marcha. “Por más que el Gobierno hable de transparencia, en el fondo lo que busca es un ajuste”, le dijo a El Grito del Sur el referente de la CTEP Gildo Onorato. “La operación es doble –aclaró Onorato– por un lado buscan deslegitimarnos como actor social que repudia el ajuste en la calle acusándonos de poco transparentes, y por el otro, mediante esa excusa, ahorrarse por lo menos la mitad del presupuesto del Argentina Trabaja que se destina a las obras de las cooperativas”.

“Si el problema fuera la transparencia, sería muy fácil, se los reasigna, no se los recorta. Es un ajuste con todas las letras”, completó el referente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

El presupuesto destinado al Argentina Trabaja para 2018 es de $16,2 mil millones de pesos. Casi la mitad de ese monto es lo que el Estado nacional se ahorraría si deja de financiar a las cooperativas y plantea las “capacitaciones” como única contraprestación por cobrar el plan. El equivalente a un 10 por ciento de lo que se ahorrará con el ajuste jubilatorio.

“Van a sacar el componente trabajo y masificar el componente capacitación, lo que se traduce en que las cooperativas y los municipios ya no van a ser el ente ejecutor sino que cada beneficiario va a llevarse su plan de manera individual”, confirmó una fuente del Ministerio de Desarrollo Social que sigue de cerca la aplicación de políticas públicas. “Osea, pasan a una lógica de capacitación individual al estilo emprendedor del macrismo, para que el beneficiario se inserte aisladamente en el mercado de trabajo. El problema es que el mercado de trabajo que plantean no existe”, aseguró.

El programa insignia que grafica el objetivo del Gobierno es el Programa Empalme del Ministerio de Trabajo, que ofrece a las empresas contratar a un beneficiario del argentina trabaja a cambio de subsidiar parte de su salario. El programa, hasta ahora, fue un fracaso. Según informó el propio Ministerio que conduce Jorge Triaca al sitio Chequeado.com, en diciembre de 2017 se habían incorporado a este programa solo 1391 personas.

Desde ATE Capital también temen que la “transparencia” acarree un ajuste, lo que en términos gremiales se traduce en despidos. Tanto en Desarrollo Social como en Trabajo circula hace meses el rumor de cientos de despidos. En ambas carteras trabajan asistentes sociales, antropólogos y demás profesionales ligados a los programas hoy en revisión.

En simultáneo, en Desarrollo Social queda pendiente una reestructuración de las áreas ejecutivas, que podría dejar en el aire no sólo a varios trabajadores, sino también a varios “ravioles”, como se les llama en la jerga del Estado a los funcionarios a cargo de secretarías y subsecretarías. Entre ellos, podrían quedarse sin área el Secretario de Economía Social, Matias Kelly, de mala relación con las organizaciones. Otro apuntado es el Secretario de Gestión y Articulación Institucional, Carlos María Pedrini, mano derecha de la ministra Carolina Stanley. Otro que se sumó recientemente al ministerio es, Tomás Félix Elizalde, ex vaciado de Lotería Nacional y señalado por los gremios estatales como el encargado de la purga al interior de Desarrollo Social.

Según trascendió en Clarín, el Gobierno “viene trabajando en esto hace mucho tiempo”, lo cual contrasta al menos con las 90000 nuevas altas en dos años de planes en el marco del Salario Social Complementario (Ley de Emergencia Social). Aquella ley salió en las sesiones extraordinarias de fines de 2016. El Gobierno, que primero acusó al proyecto de las organizaciones como “una locura”, dado que implicaba la erogación de 10 mil millones de pesos por año hasta 2019, cambió de posición ante la amenaza de las organizaciones de “pasar navidad en el Puente Pueyrredón” y terminó elogiándola como “una medida para generar empleo”, parafraseando el discurso de las organizaciones.

Aquello que parecía una paz sellada se transformó en un enfrentamiento abierto a partir de las jornadas del 14 y el 18 de diciembre, durante las sesiones por la reforma previsional. El día previo a la primera sesión, el 13 de diciembre, el bloque de San Cayetano marchó en unidad desde 9 de julio hacia el Congreso con el objetivo de instalar una carpa a modo de vigilia para esperar el tratamiento del ajuste. De haberlo logrado, hubieran sido un serio problema para el operativo de vallado total del Congreso que implementó el Gobierno para contener las protestas. Se los impidió una brutal represión de Gendarmería. Tanto el 14 como el 18 las organizaciones fueron protagonistas de la protesta en Plaza de los Dos Congresos y pusieron varios de los heridos por los balazos de goma, entre ellos sus diputados Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y Victoria Donda (Libres del Sur).

“Nosotros vemos que al inicio del Gobierno uno podía discutir políticas publicas y teníamos respuestas instancias de tensión pero con diálogo. Hoy cambió. No terminan de decirlo explícitamente pero tienen una preocupación por gastar el gasto social. En el mundo del trabajo, discutir paritaria a la baja, el apriete a la baja. Y también un intento de hacer ver a las organizaciones sociales como mafias, tal como lo hace con la CGT. Detrás de la estigmatización de algunos dirigentes, que tendrán que aclarar sus cuestiones, hay un intento de precaria todavía mas a los trabajadores”, sintetizó Menéndez.

Así las cosas, en vísperas de la marcha, referentes de las tres organizaciones realizaron un encuentro de apoyo mutuo con la CGT que marcha el 21. Fue en un local de la CTEP en Capital y participaron, entre otros, Juan Grabois, Sergio Palazzo, Pablo Moyano y Juan Carlos Schmidt. Hubo apoyo mutuo para las movilizaciones del 15 y el 21. “La economía popular sale a las calles en todo el país para defender sus fuentes de trabajo y exigirle al estado y a las gobernaciones que articulen con las cooperativas para llevar a cabo las cientos de obras que se comprometieron a realizar. Las principales centrales obreras ratificaron su apoyo”, dijeron.

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Matias Ferrari

Periodista, comunicador y militante social. Trabajó en Página/12 y colaboró en la investigación del libro "Macristocracia" publicado por Editorial Planeta.