Unos 40 efectivos de Infantería y de la Policía de la Ciudad desalojaron esta mañana a la familia de Valeria Ibarra de su casa ubicada en el barrio Cristo Obrero de la Villa 31, donde el Gobierno porteño planea emplazar la nueva traza de la autopista Illia. Entre forcejeos, amenazas y gas pimienta, los policías la sacaron de su casa, donde descansaba junto a su marido y sus cuatro hijos, para demolerla horas mas tarde. La familia debió trasladarse a una nueva vivienda construida por el Gobierno.
Según denunciaron las organizaciones sociales del barrio y la junta interna de ATE Capital en Subsecretaría de Planeamiento y Gestión Comunitaria (SSPyGC), el desalojo se hizo sin orden judicial. El diálogo con El Grito del Sur, el delegado adjunto de ATE en la SSPyGC Lucas Solimano consideró «alarmante» que se produzcan este tipo de hechos ya que «sienta un precedente para que en otros barrios, o mismo en la (Villa) 31 se puedan desarrollar desalojos sin intervención judicial».
Debido a la modificación del trazado de la Autopista «Presidente Arturo Umberto Illia» para conectarla con la Avenida 9 de Julio, el Gobierno de la Ciudad construyó nuevas viviendas en las cuales relocalizar a las familias que deben ser mudadas para llevar a cabo las obras de la autopista. Hasta aquí va todo bien, el problema surge a partir de que, según lo dictado por la propia ley que ordena el nuevo trazado, las nuevas viviendas deben estar en igual o mejores condiciones que las anteriores y Valeria asegura que dichas condiciones no están garantizadas. Es en este marco que, tras frustradas negociaciones con la Secretaría de Integración Social y Urbana, su familia fue intimada a mudarse a la nueva locación.
Organizaciones sociales, vecinos y vecinas, junto a trabajadores y trabajadoras de la SSPyGC, en conflicto con el GCBA desde hace un mes y medio por el despido injustificado de diez trabajadoras sociales del área, se convocaron en el lugar para expresar su apoyo y denuncian que se trata de una medida «ilegal e inconstitucional» puesto que la Ley 3343 de urbanización no permite ‘desalojos forzosos’ y teniendo en cuenta, además, que no existió una orden expedida por la Justicia sino que las fuerzas de seguridad se presentaron en el lugar con un acta administrativa firmada por Felipe Miguel, Jefe de Gabinete de Ministros, y el propio Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno.
Solimano asegura que el hecho tiene relación con el conflicto por los despidos en la Subsecretaría y afirma: «Nos necesitan despedidos para que no alcemos la voz por todo lo que pasa en el barrio». Cree que no fue azaroso haber realizado el desalojo un día sábado sabiendo que los trabajadores y trabajadoras no se encuentran en el barrio, evitando el acompañamiento y el respaldo a la familia.
