Con 56 despidos entre enero y marzo, el Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta desmanteló las areas de trabajo territorial de la Secretaría de Integración Urbana y Social, que debe urbanizar la villa 31 en conjunto con sus vecinos. El encargado del área, el ex empresario del Sushi Diego Fernández barrió con antropólogas, trabajadoras sociales y sociólogas.

—A los que siguen, los vamos a llamar por teléfono para avisarles donde los reubicamos. Y los que no reciban la llamada, ésos que se den por despedidos—.

Así comunicaron emisarios del secretario de Integración Urbana y Social y propietario de la cadena de restoranes Dashi Sushi Bar-Resto, Diego Fernández, el despido de 46 profesionales a su cargo, en su mayoría mujeres que realizaban tareas territoriales en el marco del proyecto de urbanización de la villa 31 y 31-bis. Casi todas organizadas en la junta interna “Padre Mugica” de ATE Capital, tres de ellas delegadas, todas jefas de hogar que vivían de su trabajo y vivían su trabajo como una militancia. Y que mantenían un conflicto abierto con las autoridades porteñas -toma del ministerio de Hacienda mediante- desde enero, cuando llegó la primera tanda de diez cesantías a través de mails que anunciaban la rescisión de los contratos.

“Fueron dos meses de lucha en los que los funcionarios no dieron la cara más que para amenazarnos. Y la respuesta a las tomas, marchas, cese de tareas y pedidos de reunión que realizamos insistentemente, fueron mas despidos. Prácticamente desarticularon la junta interna y terminaron de desmantelar el trabajo territorial del Estado en el barrio. Por eso decimos que son despidos políticos y misóginos”, denunció en diálogo con El Grito del Sur Clara Fariña, una de las trabajadoras afectadas.

Los 46 nuevos despidos, que suman un total de 56 con los diez de enero, se terminaron de confirmar el miércoles. Ayer, apenas 24 horas después, el barrio se organizó y acompañó a la junta interna en una conferencia de prensa en la entrada del barrio, que culminó con un corte en el acceso de los micros a la terminal de Retiro. Participaron organizaciones sociales y la comunidad educativa de “La Banderita”, como se conoce en el barrio a la escuela primaria y secundaria que fue demolida durante el verano y sus alumnos trasladados a un galpón en Retiro cuyo dueño es nada menos que el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.

“El problema general en la 31 es que lo que el maquillaje Pro de Rodríguez Larreta vende como urbanización para la clase media, en el barrio mismo no es más que un negocio inmobiliario tras otro”, advirtió a este medio el secretario general de la CTEP Capital, Rafael Klejtzer. “En dos años -agregó- entregaron apenas 32 viviendas. Eso no es otra cosa que un fracaso. Y lo que desmantelaron con los despidos de las compañeras es el área social de la urbanización, ahí está la matriz de que no hay otro interés mas que el negocio”. “¿Cómo se va a urbanizar un barrio que no tiene nada y ahora ya no tiene ni un trabajador social que genere un vínculo con el vecino y escuche lo que tiene para decir?”, se preguntó.

Un cotidiano que se pierde

Los despidos desguezaron las gerencias operativas de Soporte Social y de Planeamiento Participativo, la base del trabajo territorial en la villa 31. La decisión, en principio, contrasta con los esfuerzos que viene haciendo el Ejecutivo porteño por mostrar gestión en el barrio. Sobre todo a partir del anuncio del cambio de la traza de la Autopista Illia, que implicaría el traslado de unas mil familias que viven en las manzanas ocultas bajo el cemento a un complejo de nuevas viviendas. El desalojo compulsivo ocurrida hace dos semanas con una de ellas dejó al desnudo que urbanizar no es solamente mover a las familias como si fueran muebles, sin importar su opinión.

“Si el día del desalojo hubiéramos estado en el territorio trabajando, hubiéramos podido intervenir para de mínima evitar la violencia”, aseguró Constanza Tablado, trabajadora social despedida de la gerencia de Soporte Social.

Constanza trabajó durante dos años en el programa de Reasentamiento de las familias que viven bajo la utopista, en la manzana 34. Hasta el martes, se encargó de entrevistarlas para relevar sus necesidades ante una eventual mudanza, y las acompañó en la búsqueda de trabajo, el resolver cuestiones de salud y hasta intervino en la violencia de género se presentaba “in situ”, como ella misma dice. “Trabajábamos uno a uno, resolviendo lo que sucedía cada día”, dijo. Muchas veces tuvo que poner la cara en nombre del Estado por las promesas incumplidas que se acarrean desde los sucesivos gobiernos y se trasladan de generación en generación. “Todas las familias con las que trabajamos pagan precios muy inflados por cuartos de 5 por 3 en los que deben convivir 5 personas de una misma familia”, aclaró.

“El rumbo de la Secretaria va en consonancia con el proyecto macro que avanza en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país: el de la especulación inmobiliaria, el del enriquecimiento de los sectores más concentrados de la economía en detrimento de las mayorías cada vez más empobrecidas, el del avance sobre los derechos del pueblo trabajador, el de la represión. Nos despiden por luchar por un Estado que garantice los derechos de todxs. Nos despiden por disputar la política pública desde adentro y no ser silenciosos ejecutores de un proyecto que desaloja y demuele viviendas de vecinxs con palos y gases lacrimógenos para darle paso a una autopista”, reza el comunicado difundido hoy por la junta interna, que resume en ese párrafo la sensación de todos los despedidos.