Tras un inicio de clases marcado por la falta de vacantes, una nueva reglamentación para las tomas de colegios y con las pibas en las calles para exigir la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral y el derecho al aborto, la Coordinadora de Estudiantes se prepara para movilizar.

Si bien aún no es oficial, el proyecto que prepara el ejecutivo porteño para reglamentar el accionar dentro de los colegios tomados ya ha generado malestar entre el estudiantado. Maite Aguilar y Tomás Cancela, representantes del Fernando Fader y del Lenguas Vivas respectivamente, dialogaron con El Grito del Sur y expusieron los motivos por los que rechazan el protocolo.

El boceto que dejaron circular y las propias palabras de la Ministra de Educación Soledad Acuña esbozan el procedimiento que deberán acatar, una vez aprobado, autoridades, padres y madres en caso de que el colegio sea ocupado por sus estudiantes. En primer lugar, las autoridades deberán comunicarlo a la cartera educativa y en segunda instancia informar a los adultos responsables de los menores a cargo de la medida de fuerza. Quienes no cumplan con el protocolo serán sancionados y podría verse afectada su trayectoria académica.

En caso de no tomar medidas al respecto, los padres serán responsables legales del “vandalismo” que pudiese ocurrir dentro del establecimiento durante su ocupación. Al mismo tiempo, a aquellos estudiantes que participen de la medida siendo mayores de edad se les elaborará un expediente legal en el que se dejará constancia de “la ocupación ilegal de un edificio público”.

Basados en el accionar del ministerio y el uso de las fuerzas de seguridad como método de amedrentamiento durante las tomas del año pasado, ambos aseguran que el objetivo es meter miedo y evitar que la juventud se organice. “Es una forma de apriete a estudiantes, padres y docentes” expresó Maite.

Las tomas del año pasado forjaron una fuerte unidad entre el estudiantado, las familias y el cuerpo docente que ahora se ve amenazada. Advierten que “buscan dividir a la comunidad educativa”, puesto que las y los docentes deberán arriesgarse a ser sancionados, padres y madres a recibir represalias legales, y estudiantes deberán lidiar con la contradicción de mantener la medida comprometiendo a sus padres y madres en caso de un eventual inconveniente o buscar otra medida que no los perjudique.

Los estudiantes rechazan la estigmatización alrededor de lo que sucede puertas adentro de las tomas: “no es cierto que tomamos para perder clases, fumar porro y romper el colegio”. Y critican que hagan responsables a los estudiantes de las posibles roturas siendo que, según afirman, los establecimientos están deteriorados desde hace años. “Necesitamos que inviertan en infraestructura. No puede ser que si se cae un pedazo de techo hagan responsable al estudiantado del abandono del gobierno” sentenció Tomás.

Escaleras en peligro de derrumbe, ratas, cucarachas, falta de mobiliario, techos que se caen a pedazos, son solo algunas de las cosas enumeradas por los entrevistados. “La ministra debería ordenar sus prioridades” agregan desafiantes.

Por último, ambos se muestran preocupados por los vacíos legales que presenta el boceto expuesto hasta el momento. “Si el año pasado, sin protocolo, ingresaba la policía en los colegios, este año podemos esperar cualquier cosa” dice Maite. Por su parte, Tomás entiende que este intento de regulación de la protesta “forma parte de los ataques del gobierno a cualquier sector que se proponga organizarse: se vio con la reforma previsional, se vio con la secundaria del futuro y lo seguimos viendo ahora”.

Sin dudas la toma de colegios es, hasta el momento, la herramienta de lucha más fuerte de los estudiantes y un tema que el gobierno quiere sacar de la agenda pública. De otra forma no se entiende la saña del ejecutivo porteño por reglamentar el modo en que debe practicarse la medida y aplicar consecuencias por ella. Sin embargo, “no van a lograr que nos quedemos callados”, concluyen envalentonados.

Mañana será la primera salida a la calle después del receso en la que planean cortar la Avenida Paseo Colón a la altura del Ministerio de Educación en rechazo al protocolo, por la aplicación de la ESI y un protocolo contra la violencia de género.