El de Facundo, el chico tucumano de 12 años asesinado de un tiro por la espalda, es el caso 45 en la lista de jóvenes muertos por Violencia Institucional en lo que va del año, según relevó Correpi. ¿Cuál es la intención del Poder Ejecutivo? ¿Podemos hablar de una pena de muerte sin sentencia? ¿Quiénes son los pibes asesinados que no salen por televisión?

Facundo Ferreira tenía 12 años cuando la policía de Tucumán lo mató de un disparo en la espalda. Pero a Facundo lo volvieron a matar después de muerto: dijeron que se había enfrentado a tiros con la Policía, que se apellidaba Burgos, que tenía 11 años y que en su velorio hubieron tiros y barrabravas, aunque esto nunca sucedió. Facundo era humilde, morocho y de gorrita y es un muerto más de la “doctrina Chocobar” que autoriza a utilizar el gatillo fácil como pena de muerte in situ y sin juicio previo.

El 7 de mayo, “el Negro” iba a cumplir 13, precisó Mercedes del Valle Ferreira, la abuela de Facundo. “No existió ningún enfrentamiento. Y en cuanto nos enteramos, salimos corriendo al hospital, donde nos recibieron con mentiras los voceros arreglados con las Fuerzas de seguridad” le dijo a La Garganta Poderosa. Mercedes oficiaba de abuela y madre, trabajaba como empleada doméstica y con su sueldo había comprado todo lo necesario para que Facundo iniciara su primer año de secundaria en la Escuela Técnica N°5.

Facundo es otro nombre en la lista de muertos dentro de lo que se instauró como  la “doctrina Chocobar”: una señal de vía libre al gatillo fácil y la pena de muerte. El mismo presidente Mauricio Macri la avaló tras recibir al policía que asesinara en La Boca a Pablo Kukoc. Según los datos de Correpi son 45 los muertos por violencia institucional en lo que va de 2018 aunque este número se amplía si se toman en consideración los casos por comprobar y las denuncias de asesinatos en cárceles o institutos de menores.

“Hay una constatación de que en los hechos de que se impone la “doctrina Chocobar”. Alguien alguna vez dijo que la única verdad es la realidad. La pena de muerte, que siempre existió a punta de reglamentaria a través el gatillo fácil o con picana y bolsita en los lugares de detención, cobra legitimidad cuando Mauricio Macri recibe al policía Chocobar”, sentenció María del Carmen Verdú, abogada antirrepresiva y referente de Correpi.

Para muestra sólo falta un botón

Sólo en febrero, se registraron al menos otros 4 casos de la misma saga. El miércoles 7 de febrero un miembro de la División de Operaciones Especiales de la Policia Bonaerense baleó por la espalda a un adolescente de 17 años, desarmado, que según declaraciones del propio agente, habría intentado robarle su celular en Quilmes. El 23 de febrero, en Wilde, policías dispararon “por las dudas” a trabajadores de Aysa mientras se movilizaban en auto.  El 26 de febrero un joven fue asesinado por un agente de la PSA, en Monte Grande. Thomas Ramiro Díaz era menor de edad y junto con otros jóvenes habría querido ingresar a la vivienda del policía para robarle con un arma de juguete. El 25 de febrero en Liniers un agente abrió fuego contra cinco muchachos: uno llegó agonizando al Santojanni, el Peke bajó del auto ya sin vida.

La doctrina Chocobar existe hace años, pero ahora cuenta con aval institucional. “Desde que Mauricio Macri recibió al agente Chocobar, después del hecho fatídico que terminó con la muerte de Pablo Kukoc, se dio un metamensaje a las Fuerzas de Seguridad de que el abuso en el uso de armas de fuego era un ejemplo a seguir. Una doctrina de héroes y de robocops, que atenta contra los Derechos Humanos y cala profundamente en una fuerza de seguridad que, pese a 30 años de democracia, no abandonó las prácticas autoritarias. Ahora se suma un poder político que convalida este accionar”, aclaró Matías Busso, abogado y referente de la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI).

“Con esta bajada de línea del poder político se busca presionar también al poder judicial, tratando de convalidar el rasgo de impunidad selectiva que históricamente existe en casos que implican a las fuerzas policiales”, agregó.

La causa

Emilio Guagnini es abogado de  ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales)  y representa a la familia Ferrerira. “La causa ingresó bajo carátula de homicidio aunque es todo muy prematuro y deben esperarse las pericias. Ya hemos accedido a la autopsia pero seguimos esperando otros resultados como pruebas en ropa y la distancia del disparo. Queremos saber por qué fue ingresado al Hospital Padilla cuando el procedimiento natural hubiera indicado que lo llevaran al Hospital de Niños”, explicó Guagnini en conversación con El Grito del Sur.

El abogado destacó que en Tucumán ha habido un incremento de casos de violencia institucional en los últimos meses y señaló que “este hecho es un resultado más de este cambio de actitud de las fuerzas policiales”.

Sólo en 2017 Correpi registró 268 casos de Gatillo fácil. En lo que va del año ya alcanzan los 45. Pareciera que el debate que instalara el macrismo sobre la pena de muerte sin proceso judicial previo, tiene un reflejo claro en los números: cada vez más pibes muertos, cada vez más balas por la espalda.