Más de 300 trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Agroindustria fueron desvinculados entre el final de la semana pasada y el inicio de esta. Desde la Junta Interna permanecen alerta y aseguran que podría haber más despidos.

Hacia el final de la semana pasada un clima de tensión y preocupación invadió el Ministerio de Agroindustria luego de que la dirección del organismo dirigido por el ex titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, decretara asueto para el día viernes. Para ese entonces, los despidos ya se olían y la conducción de ATE Capital intimó al ministro a que se abstenga de llevar a cabo una nueva embestida contra el personal.

En línea con la política oficial de despidos y achicamiento del Estado, la cartera conducida por Etchevehere despidió un total de 330 trabajadores y trabajadoras. Pero esto no es una novedad, en los últimos dos años se redujeron 700 puestos de trabajo.

Además de quitarle a cientos de familias el sostén económico, el gobierno incurrió en fuertes muestras de insensibilidad social: decretaron el asueto bajo la premisa de “divide y reinarás”, el ministerio logró que cada trabajador recibiera el telegrama en su casa, evitando así las represalias en la puerta del organismo estatal y la peligrosa cercanía de los demás trabajadores y delegados.

Desde los gremios señalan que esta nueva ola de ajuste comenzó con 330 despidos pero se calcula que podría llegar a una cifra de hasta 950. Al mismo tiempo advierten que el recorte alcanzará a oficinas descentralizadas y demás áreas sensibles. Es por eso que las juntas internas se encuentran en estado de alerta y movilización, realizando numerosas asambleas para delinear la agenda de lucha que se avecina.

Desde el Senasa, partición fuertemente afectada por el recorte oficialista, explican que “están despidiendo trabajadores en el organismo que se ocupa de salvaguardar la sanidad en los alimentos que consume toda la población, dejándola en riesgo sanitario”. Denuncian a su vez que desde el oficialismo decidieron, entre otras cosas, mantener la certificación sanitaria y las inspecciones solo en los productos para la exportación, dejando el control de los productos orientados al mercado interno en manos de las empresas.