El movimiento de migrantes, nucleado en la Campaña Migrar No Es Delito, se moviliza este lunes desde 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta el Congreso para exigir la anulación definitiva del DNU xenófobo de Macri. Ese día finalizará el plazo que tiene el Gobierno para apelar el fallo judicial que lo declaró inconstitucional.

El movimiento de Migrantes festejó como un triunfo el fallo de Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que declaró inconstitucional el decreto xenófobo de Macri que endurecía la política migratoria y volverá a las calles este lunes, día en que se vence el plazo que tiene el Ejecutivo para apelar. El epicentro de la movilización será el Congreso, dado que de allí salió la ley que el Gobierno modificó por decreto y que, según los migrantes organizados, protegía sus derechos elementales en el país.

Mediante el DNU 70/2017, el 30 de Enero de 2017, el Poder Ejecutivo Nacional decidió modificar la Ley de Migraciones de nuestro país. La medida representó un cambio de matriz, el pase a una política migratoria diferenciada y selectiva; la creación de un trámite express para la detención y deportación de inmigrantes sin defensa legal adecuada, la división entre migrantes “buenos” y “malos” y la eliminación del arraigo y la unidad familiar como condiciones a tener en cuenta para detener una expulsión sería alguna de las consecuencias de la implementación de esta medida.

El Gobierno nacional justificó la necesidad y la urgencia de la medida utilizando argumentos orientados a generar una idea de relación directa entre migración y criminalidad –apelando a estadísticas falseadas, por ejemplo, sobre la cantidad de personas extranjeras bajo custodia policial-. El texto presentado también apelaba al nunca demasiado desgastado discurso de la eficiencia, de esta forma se exigía la premura de los procesos judiciales y legales para “garantizar el orden migratorio”.

Desde el primer día numerosas organizaciones sociales y organismos de derechos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), la Red de Migrantes y Refugiados en la Argentina, entre otros. Los repudios incluso se hicieron sentir desde la esfera internacional: el Comité Contra la Tortura de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

El 23 de Marzo, la Sala V de la Cámara Contencioso-Administrativo Federal declaró la invalidez constitucional del DNU. La inconstitucionalidad surge, según aclaran los magistrados, de la naturaleza contraria a los derechos humanos de las nuevas disposiciones y de la nula capacidad de justificar la utilización de la herramienta de necesidad y urgencia.

En el fallo de la Cámara, el Juez Dr. Guillermo F. Treacy, afirma que “el decreto contiene en sus fundamentos referencias a las vinculaciones entre la condición de extranjero y la criminalidad, y en particular con la “narcocriminalidad”. Sin embargo, regula un procedimiento especial que va más allá del tipo de delitos que se pretende combatir. El llamado “Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo” se aplica a todas las personas migrantes, sin importar el delito cometido; cualquiera fuera éste, y aún en casos de infracciones administrativas (…); lo cierto es que se verifica en este punto lo que se denomina una “desviación de poder””.

“No se daban las circunstancias excepcionales previstas en (…) la Constitución Nacional ni la situación de necesidad y urgencia, exigidas para que el Poder Ejecutivo pudiera eludir la prohibición constitucional de emitir disposiciones de carácter legislativo” aclara el fallo respecto a la injustificación sobre el salto a los procesos legislativos regulares.

También a lo largo del texto se hace referencia a desacreditaciones a la veracidad del texto dada, por ejemplo, por la mencionada manipulación de estadísticas en el DNU, que por ejemplo, afirma sin demostrar fuentes el incremento en 2016 de la proporción de población extranjera sobre la población carcelaria total. Los datos estarían, según sostienen los magistrados, en franca contradicción con datos provenientes de las estadísticas oficiales.

Desde las organizaciones de inmigrantes comprenden que haber llegado hasta la instancia de inconstitucionalidad es sin dudas gracias a la lucha de los movimientos de migrantes y a la capacidad de unificar agenda desde la Campaña Migrar No Es Delito, pero también entienden que este lunes es importante volver a copar las calles para revalidar definitivamente esta victoria.