La Corte Suprema de Justicia alertó hoy sobre «el bajo nivel de cumplimiento» del Plan de Saneamiento Ambiental del Riachuelo, en un dirigido al gobierno nacional y a los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad. En un fallo unánime, los supremos le dieron un ultimátum a los 3 estados, hoy bajo el mando del mismo signo político (Cambiemos): exigieron que en el plazo de un mes «se establezcan plazos ciertos y fundados de cumplimiento de los objetivos» del histórico fallo que ordenó la recomposición ambiental de la Cuenca hace ya 10 años.
Las conclusiones, dice la Corte, surgieron luego de la última audiencia pública, del 14 de marzo, en la que expusieron lo tres estados responsables y la Acumar (la autoridad encargada de hacer cumplir el fallo). Para los jueces, ya «resulta inocultable» el incumplimiento de las responsabilidades de los funcionarios encargados de resolver uno de los principales problemas que afectan la calidad de vida de las más de 12 de millones de peronas que habitan el área metropolitana.
Las deficiencias señaladas abarcan desde la ausencia de controles sobrea las empresas contaminantes hasta la falta de remoción de los basurales. No es la primera vez, sin embargo, que la Corte llama la atención sobre el tema. A diez años del primer fallo, todavía no se decidió por aplicar sanciones concretas ni de presionar políticamente para que la sentencia se cumpla al menos en los puntos más urgentes.
Uno de los puntos más sobresalientes del fallo tiene que ver con la relocalización de villas y asentamientos precarios del camino de Sirga y sus adyacencias. De las 17771 viviendas prometidas para la reubicación de las familias en serio riesgo ambiental, solamente fueron construidas 3992, es decir un 22 por ciento del total. Se remarcó en particular que «la liberación del camino de sirga en la Ciudad de Buenos Aires sufre un notorio retraso a la altura de la Villa 21-24».