Desde que el Ejecutivo porteño se hizo cargo de la gestión del subte en 2012, la tarifa trepó mas de un mil por ciento, duplicando la inflación. Desde 2013, además, se niega a hacer público el monto de los subsidios que le otorga a Metrovías ni cual es el cálculo para establecer el valor del boleto. En ese contexto, aprovechó un polémico fallo de la Corte para desplazar de la mesa de negociación paritaria al gremio mayoritario y combativo, a cuyos delegados reprimió ayer.

Desde que el Ejecutivo porteño se hizo cargo de la administración del Subte, hace seis años, la tarifa aumentó un 1036 por ciento, según un informe reciente de la Auditoría porteña. Más del doble de la inflación medida por el INDEC para el mismo período. Y hubiera sido aún mayor de no haber mediado la medida cautelar de la jueza Patricia López Vergara, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, que frustró el último aumento previsto por la administración de Horacio Rodríguez Larreta para principios de mayo, que iba a llevar el boleto de $7, 50 a $11. “El incremento tarifario expulsaría a aquellos que no pueden afrontar el costo del pasaje so pena de disminuirse considerablemente su salario”, justificó la jueza en los argumentos.

En ninguna de las fojas del expediente que tramitó López Vergara en su fallo, los funcionarios del Pro lograron dejar constancia de por qué la empresa concesionaria, Metrovías, necesitaba aplicar semejante tarifazo. Tampoco dieron precisiones ni presentaron la documentación requerida sobre cuantos subisidios recibe la empresa, cuál es el margen de ganancia que se lleva por explotar el servicio ni como se calcula la “tarifa técnica” que terminan pagando los usuarios. Aún así, desde el Gobierno dejaron trascender que cuando la caiga la cautelar en junio, la tarifa a leggará a 12 pesos, para recuperar el tiempo perdido.

La Auditoría señaló además que el cálculo que el Gobierno realiza en privado sobre el costo del servicio es “erróneo” y que el traslado hacia el precio final del boleto “perjudica a los usuarios ya que sobreestima el valor de la tarifa técnica del subte”.

En medio de ese manto de sombras, se conoció en marzo que los trenes modelo CAF 500 comprados durante la gestión de Mauricio Macri a la alcaldía de Madrid por un total de 500 mil dólares contienen amianto encapsulado, un material cancerígeno que al tacto puede enfermar a los trabajadores. La autoridad estatal que regula el servicio, Sbase, negó la acusación, pero los metrodelegados consiguieron en Madrid la documentación que los desmentía y reclamaron medidas sanitarias de prevención. El contrapunto disparó el primer paro de 2018 convocado por los metrodelegados, el martes 13 de marzo.

“Hicimos un paro y no nos dieron bola. Hace dos meses estalló un escándalo en Madrid porque la empresa dueña del Metro reconoce que tiene trabajadores enfermos de amestosis, que son casos de pulmón o de hígado esencialmente producto de la inhalación de asbesto. Se compraron aproximadamente 36 trenes para que funcionen 18, es decir, tres formaciones. En Madrid eran chatarra y se compraron en forma directa, sin licitación”, le dijo entonces “Beto” Pianelli a El Grito del Sur.

Un día después, el miércoles 14, la Corte Suprema de Justicia ratificó una medida del ministerio de Trabajo y terminó por suspenderle la personería gremial a la AGTSyP, el sindicato mayoritario de los trabajadores del subte, creado por ellos mismos diez años atrás en oposición a la conducción de la UTA, a la que acusaban de defender más los intereses de la patronal que los derechos de sus representados.

El Ejecutivo porteño aprovechó el fallo para desplazar al sector combativo de la mesa de negociación salarial. El argumento fue que el fallo de la Corte se los impedía, lo cual resulta falaz hoy dado que, aún con el fallo sobre la mesa, el propio Gobierno convocó más de una vez a la AGTSyP a discutir los aumentos de este año, ante las amenazas de medidas de fuerza. Como no hubo acuerdo, las autoridades eligieron escuchar únicamente a los dirigentes de la UTA, del sector “dialoguista” de la CGT. Cerraron un 5 por ciento en tres tramos, que fue rechazado por las bases.

Desde entonces la AGTSyP convocó a paros escalonados de algunas horas en distintas líneas, intentando llamar la atención de las autoridades pero sin profundizar el confclito: en la memoria de Roberto Pianelli, Claudio DellaCarbonara, Néstor Segovia y el resto de los metrodelegados aún retumba el recuerdo de los 9 días de paro que le hicieron en 2012 al entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri. Ese año, el Presidente aguantó estoico la medida de fuerza y no se sentó a negociar. Al final, con desgaste incluído y con la ciudad convertida en un desquicio de transporte, hubo acuerdo. Macri amenazó durante el conflicto con sanciones y acciones judiciales, pero no se animó a concretarlas ni mucho menos a reprimir.

El que tomó la decisión política de prefundizar el conflicto fue Horacio Rodríguez Larreta. A los paros escalonados respondió con la fuerza pública, suspensiones y la detención de Néstor Segovia. En la previa de la represión, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, había advertido: “Vamos a tomar medidas contra los delegados. El paro es en contra de la gente”.

Las medidas de fuerza comenzaron la semana del lunes 16 abril: hubo apertura de molinetes en la estación San Pedrito de la Línea E entre las 7 y las 9 de de la mañana y paro al día siguiente en esa misma línea desde las 5 y media a las 7 y media de la mañana. La táctica se replicó el miércoles 18 en cabecera norte de la Línea B, Juan Manuel de Rosas, y con otro paro de dos horas el jueves 19. La misma lógica se aplicó a la semana siguiente en las líneas D y C y H en distintos horarios y continuó en mayo hasta llegar al corte de vías de ayer.

Las medidas fueron tomadas, como de costumbre, en plenarios. Es conocido que, al interior del sindicato, conviven diferentes tendencias políticas que abarcan desde la izquierda al kirchnerismo, y que la discusión interna fue una de las características del gremio desde su fundación en 2018. Ese abanico político se vio reflejado en la concentración en la comisaría 30  de ayer a la tarde en la que se pidió por la liberación de Segovia y los otros siete trabajadores presos allí. Estuvieron la legisladora porteña del FIT Miriam Bregman y el secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, y Luis D´Elia, entre otros.

La conducción del sindicato emprendió este año, en paralelo, la unidad sindical con otros espacios que también pelean por rompen el techo del 15 por ciento impuesto por Rodríguez Larreta. La AGTSyP formó parte de la coordinación que incluyó estatales, docentes y judiciales porteños y que protagonizó tres marchas por el centro de la ciudad con ese reclamo en común. Pianelli es, además, uno de los dirigentes sindicales que empuja la unidad con el sector de la Corriente Federal, la CTA de Hugo Yasky y el moyanismo al interior de la CGT, en oposición a los gordos y los “dialoguistas”.

Tras la liberación de los 16 detenidos, el Gobierno salió a acusar al gremio de “tomar de rehenes” a los usuarios. El jefe de Gobierno justificó la represión aludiendo al fallo de la Corte: “El paro está fuera de la ley porque el gremio de los metrodelegados es ilegal”, lo que denota que la persecución y el conflicto seguirán.