El diputado nacional por el Movimiento Evita y referente de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, Leonardo Grosso, dialogó con El Grito del Sur acerca de las violaciones de los derechos humanos y las deudas en la materia. Según los datos registrados por CORREPI, cada 23 horas muere un joven en manos de las fuerzas de seguridad en nuestro país.

Desde hace cinco años, se considera en nuestro país al 8 de mayo como el Día Nacional contra la Violencia Institucional, en homenaje a la Masacre de Budge cometida en 1987. En medio de una creciente política represiva y con números escalofriantes arrojados por las organizaciones que trabajan la temática, Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita y de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, dialogó con El Grito del Sur y criticó el modelo de seguridad que plantean desde el gobierno nacional.

¿Cómo se llega al 8 de mayo de 2018 en un contexto político de ajuste y represión?

Llegamos con muchos más problemas que en otro momento. La situación es grave no sólo en términos de violación cotidiana de los derechos humanos en los barrios populares y la violencia de las fuerzas de seguridad con los sectores más humildes, sino también respecto de la vulneración permanente del derecho a la protesta, un elemento nuevo de la gestión Macri. Esto tiene que ver con la voluntad política del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales alineados con el macrismo de no dejar desarrollar la protesta en la Argentina.

¿Qué herramientas existen hoy para prevenir y combatir la violencia institucional?

Actualmente hay muchas dificultades. Hay una escalada represiva muy grande que provoca que las organizaciones populares reaccionemos fraccionadamente y ello requiere una lectura más detallada para poder rearticular la fuerza que existe en los organismos de derechos humanos y las organizaciones. Hay que pensar cómo se reactualiza la agenda de derechos humanos en la Argentina, teniendo en cuenta que ha cambiado el escenario.

¿Cuáles son las tareas para seguir avanzando en la materia?

Tenemos que generar mejores condiciones. La realidad es que el modelo económico que viene a desarrollar el gobierno macrista necesita represión. El ajuste no avanza sin represión, y esto no es una frase hecha sino una cuestión objetiva de la realidad. Si no reprimían en el Congreso el 14 de diciembre no iban a poder sancionar la ley del saqueo previsional. Ajustaron el quórum a los tiros.

Lo que pretende el gobierno es desarmar las resistencias organizadas, por eso el énfasis en la protesta popular. ¿Qué implica eso? Un desafío a nuestra propia inteligencia sobre nuestras formas de organización, y por eso tenemos que mejorar y construir mayor articulación. Por esto mismo, desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional decidimos convocar a una asamblea abierta para esta tarde que reúna a las distintas experiencias y expresiones del campo popular que trabajen la temática de los derechos humanos, el derecho a la protesta y la violencia institucional. Entre todos tenemos la tarea de buscar la salida de esta problemática.

Leonardo Grosso, diputado nacional por el Movimiento Evita

¿Cómo accionan desde la Campaña frente a los casos de gatillo fácil?

Seguimos con la contención de los familiares, la prevención junto con las organizaciones sociales y estamos muy atareados con dar respuesta a los hechos cotidianos que son cada vez más frecuentes, cada vez más hay más casos de gatillo fácil o de abusos policiales. La Doctrina Chocobar impacta como una especie de carta blanca a cualquier agente policial de cualquier rincón de la Argentina y esto nosotros lo vemos cotidianamente y lo sufren los sectores populares sobre todo.

No puede existir un modelo de seguridad donde una parte está asustada porque le van a robar y otra parte está asustada porque la van a reprimir, hay que salirse de la grieta que plantean Patricia Bullrich y Mauricio Macri y empezar a construir puentes.

¿Qué posibilidades concretas hay actualmente para llevar a cabo políticas que tiendan a disminuir y erradicar la violencia institucional?

Hoy en día en el Congreso somos minoría, pero lo importante es asegurarnos de que funcionen los dispositivos institucionales: hay uno muy importante que es el mecanismo de prevención contra la tortura que trabaja el tema de detenciones y cárceles, donde se cometen una enorme serie de atropellos sobre los derechos de las personas privadas de su libertad. Desde el Congreso trabajamos para preservar que estos mecanismos funcionen, pero no hay posibilidades concretas de articular una ley que pueda ir resolviendo esto mientras nos gobierne el macrismo.