En diciembre del año pasado se promulgó la ley de paridad de género en las listas a cargos legislativos. Sin embargo, las cúpulas empresariales y sindicales más poderosas de Argentina no se hicieron eco del nuevo viento de época y se resisten a integrar mujeres en los ámbitos donde se toman las principales decisiones. ¿Qué ocurre al interior de la Sociedad Rural Argentina, la UIA, la Asociación Empresarial Argentina y la CGT?

El Parlamento argentino viene tomando nota de la ola feminista que reclama a viva voz en ámbitos públicos y privados la defunción de una sociedad patriarcal que, desde el surgimiento del Estado Nacional, sólo ha generado violencia y desigualdad de género a nivel estructural. Hace una semana la Cámara de Diputados de la Nación alcanzó un consenso mayoritario para otorgar media sanción al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, dando así un paso histórico que en pocos meses el Senado tendrá la responsabilidad de ratificar o dar marcha atrás. Previamente, en diciembre de 2017, se incorporó por ley la paridad de género en las listas partidarias y, en consecuencia, las nóminas legislativas deberán estar integradas en un 50 por ciento por mujeres de manera intercalada y sucesiva a partir de las elecciones nacionales de 2019.

La reducción en las brechas de género y el avance en los derechos de las mujeres que impulsa el movimiento feminista por estas latitudes se encuentra aún lejos de llegar a los oídos de las principales entidades empresariales y sindicales de nuestro país. Una mirada fina hacia el interior de las comisiones directivas de la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina, la Asociación Empresaria Argentina y la Confederación General del Trabajo revela que las mujeres continúan excluidas de los ámbitos de principal toma de decisiones que tienen lugar allí. Cada una de estas poderosas organizaciones -con excepción de la Asociación Empresarial Argentina- posee una trayectoria cercana o superior a los 100 años de vida.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) se fundó en 1866 y se define como una asociación civil que busca “asumir la más eficaz defensa de los intereses agropecuarios”. Precisamente, esta entidad representa a los más poderosos terratenientes de nuestro país y se convirtió en la más férrea opositora al anterior gobierno kirchnerista desde que la presidenta Cristina Fernández intentó avanzar con el proyecto de ley de retenciones móviles en el año 2008. Dentro de los 15 integrantes que encabezan la comisión directiva de la SRA para el período 2017-2019, no hay ninguna mujer. Casi sin voz ni voto en relación a la abrumadora mayoría de hombres, se encuentran las dos únicas mujeres que ocupan el puesto de vocales titulares (generales y por distrito): María Adela Nores Bodereau, que además de pertenecer a una familia terrateniente se desempeña como profesora de literatura, y Mercedes Lalor, propietaria de la estancia La Sirena.

La Unión Industrial Argentina (UIA) nació en 1887 como una entidad representativa de la actividad industrial del país, que pretende “contribuir a ampliar la participación del sector privado en el desarrollo industrial, colaborando en la elaboración y aplicación de la política industrial del país”. Si bien se proclama como representante de todo el arco industrial, la UIA agrupa en los hechos a las principales empresas nacionales y transnacionales que tienen intereses tanto en el orden local como en el exterior. Durante la década del 90, su presidente Jorge Blanco Villegas brindó un fuerte respaldo al plan económico neoliberal de Carlos Menem y Domingo Cavallo que fomentó la destrucción de la industria nacional y de un mercado interno sólido. Entre los 25 dirigentes de la Unión Industrial Argentina que integran el Comité Ejecutivo, no figura ninguna mujer.

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) surgió en el año 2002 mientras el país buscaba salir de la crisis social, política y económica más importante de su historia. Esta organización reúne a los titulares de las empresas más importantes del país, que en conjunto facturan 53 mil millones de dólares, exportan por 9.604 millones de dólares y emplean a 240 mil personas. Su visión se basa en “promover el desarrollo económico y social de la Argentina desde la perspectiva empresaria privada, con especial énfasis en el fortalecimiento de las instituciones necesarias para tal fin”. El presidente de AEA, Jaime Campos, es un defensor a capa y espada de las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. En una entrevista que brindó para un programa del Grupo Clarín a comienzos del año pasado, Campos aseguró que “el 2017 va a ser decididamente mejor. Lo que no sabemos es cuánto mejor, pero va a ser mejor y eso es una coincidencia en mucha parte del empresariado”. La comisión directiva de este poderoso grupo, que se reúne una vez por mes, cuenta con una sola mujer entre sus filas: María Luisa Macchiavello, que preside la compañía familiar Droguería del Sud.

La Confederación General del Trabajo (CGT) nació en 1930 como antesala de la fuerte industrialización que comenzaría a desarrollar nuestro país en aquella década. Históricamente el ámbito sindical se caracterizó por la exclusión de las mujeres; sin embargo, la ruptura de la CGT a comienzos de la década del 90 y la aparición de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) generó un leve cambio en las reglas de juego a nivel institucional. La actual conducción de la CGT se conformó en el año 2016 y dio muestra del complejo panorama en este asunto. Sobre un total de 37 cargos para cubrir en el secretariado nacional, sólo dos fueron ocupados por mujeres: a la tradicional presencia de Noemí Ruiz (sindicato de Modelos), se le sumó Sandra Maiorano (Asociación de Médicos). Esta última anunció en abril de este año su renuncia al Consejo Directivo de la CGT por la pasividad de la conducción cegetista frente a la actual coyuntura.

La situación en las principales entidades empresariales y sindicales de la Argentina es casi un reflejo de lo que ocurre con el gabinete conformado por el presidente Mauricio Macri. Allí reluce un ejército de hombres en relación con las únicas dos mujeres que ocupan el rango de ministras: Carolina Stanley (Desarrollo Social) y Patricia Bullrich (Seguridad).