Desde el martes, tras un violento desalojo, la sede central de la Tupac Amaru en San Salvador de Jujuy permanece intervenida y custodiada por la policía. "Llegaron armados, barrieron con todo, no les importó que hubiera niños y niñas ni docentes", denunciaron los militantes de la organización que conduce Milagro Sala. Señalan al interventor dseginado por Morales, José Luis Estrada.

La persecución emprendida por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hacia los militantes y cooperativistas de la Tupac Amaru sigue sumando capítulos. No conforme con tener presa a Milagro Sala y a otros seis miembros de la organización, caracterizada como “criminal” por la justicia provincial, Morales avanzó el martes con un violento allanamiento de la sede central de la Tupac, sin orden judicial, de imprevisto y sin permitir que ninguno de los abogados de la dirigente pudieran estar presentes durante el operativo. “En Jujuy, desde que gobierna Morales, directamente está prohibido organizarse de facto, la persecución no tiene límites”, le dijo a El Grito del Sur Gladys Molina, madre de Javier Nieva, uno de los siete presos políticos jujeños.

Gladys estuvo presente durante el operativo realizado en la emblemática sede central de la Tupac, un edificio de tres pisos abierto a la comunidad, donde se realizan talleres y distintas actividades culturales y deportivas. “Llegaron armados, barrieron con todo, no les importó que hubiera niños y niñas ni docentes presentes en el lugar. No nos dejaron controlarlo con nuestros abogados, ni llevarnos nuestras cosas. No presentaron ningún papel. Incluso desalojaron a las personas que vivían allí”, relató. Desde ese día, el edificio permanece vallado y custodiado por efectivos de la policía de la provincia.

La propia Milagro Sala denunció ayer en declaraciones radiales que el operativo “estuvo comandado por el propio Morales para apropiarse de todo lo que tiene la Tupac”. Sala señaló a José Luis Estrada, dirigente de origen peronista devenido en mano derecha de Morales, como el encargado del operativo. Estrada fue designado interventor de la Tupac por orden del gobernador, que le quitó la personería a la organización a poco de asumir y con su principal dirigente presa.

El allanamiento fue dictado por el juez Carlos Pablo Pullen Llermanos, a esta altura el ariete judicial de Morales para perseguir a la dirigente. En el marco de una de las tantas causas que impulsa, Llermanos planificado terminar de expropiar todos los inmuebles, viviendas y demas posesiones de la organización.

Los militantes de la Tupac, a quienes les fue arrebatado el control de su sede central, están preocupados por estas horas ante la sospecha de que la policía, que hace tres días que la controle, plante pruebas falsas dentro del inmueble para armar nuevas causas o fundamentar otras que están flojas de papeles.

Gladys, por su parte, volvió a exigir la liberación de su hijo. “Nos han amenazado, nos han extorsionado con le chantaje de incriminar a Milagro a cambio de la libertad. Pero estamos firmes porque creemos en la organización popular y sabemos todo lo que ella ha hecho por nosotros”, agregó.