El martes 24 de julio a las 9 de la mañana comenzó en Paraná el Jury a Carlos Rossi, quien ejerció 18 años como juez de Ejecución de Penas y Medidas de Gualeguaychú. Actualmente se encuentra suspendido y tiene ocho denuncias por mal desempeño y falta de idoneidad. Rossi fue quien decidió darle libertad condicional de Sebastián Wagner, condenado a nueve años de prisión por dos violaciones cometidas en Concepción del Uruguay, desoyendo los informes negativos de los equipos técnicos, incluso de los profesionales que formaban parte de su plantel de trabajo. Estando en libertad condicional Wagner violó y mató a Micaela García, de 21 años, el 1 de abril del 2017.
El femicidio de Micaela García marcó a la sociedad argentina y tuvo gran repercusión en el ámbito jurídico. Luego del asesinato de la joven, diversas reacciones se suscitaron tanto desde el oficialismo como desde la oposición. La alianza Cambiemos respondió con punitivismo y mano dura por parte de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que el movimiento de mujeres contestó con la icónica frase “en nuestros nombres no”. Luego del crimen Bullrich presentó una reforma a la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, que eliminaría el sistema de excarcelaciones en varios delitos. Así se cancelará el beneficio de salidas transitorias, la prisión domiciliaria y la libertad condicional para quienes incurran en delitos graves. Esta medida no sólo no funciona para prevenir la violencia y desarmar el sistema machista, sino que en la lista de delitos incluye todos los robos con armas, incluso los cometidos con armas de juguete y producción y comercialización de estupefacientes.
Como reacción a la respuesta del gobierno, los diputados y senadores de distintos bloques de la oposición (Peronismo para la Victoria, Frente para la Victoria, Libres del Sur, FIT) presentaron un paquete de 13 leyes orientadas a combatir la violencia machista. Las “Leyes Micaela”, en homenaje a la joven, buscan prevenir la violencia de género de manera estructural y plantean como requisito obligatorio que todos los funcionarios del Estado tengan una capacitación en perspectiva de género.
El caso de Micaela García resonó no sólo por la crueldad de los hechos sino por la irresponsabilidad de la justicia, que había dejado en libertad al femicida habiendo comprobado las dos violaciones anteriores. Rossi quien decidió la libertad condicional, desoyendo recomendaciones y pericias, declaró ante el jurado «Los jueces no tenemos una bola de cristal».
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“Las condenas por violación van entre 8 y 20 años -dice Ángel Giano, senador y presidente del Bloque Justicialista de Entre Rios-. En este caso la justicia le había acortado la pena a nueve años. Sin embargo, por decisión del juez Rossi, Wagner estaba caminando tras seis años con libertad condicional, sin ninguna medida de seguridad, con una pulsera o tobillera electrónica.”
Según la familia de la joven, el proceso del Jury se dilató con la intencionalidad de que la sociedad olvide el hecho. Luego de la primera audiencia los padres se manifestaron decepcionados por el desempeño del jurado. Los jueces a cargo (todos hombres menos una mujer) se mostraron comprensivos con Rossi. En diálogo con el diario Clarín, el padre de Micaela García dijo: “El Procurador (Jorge Amilcar García) no sólo le tuvo compasión a Rossi, sino que no se puso nunca en la postura de acusador y siempre remarcó que las preguntas eran a modo de aclaración y no para hurgar en las contradicciones en las que incurrió el juez”.
Por pedido explícito de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, la antropóloga Rita Segato y el psiquiatra Enrique Stola participaron del proceso legal. “Esto sucede cuando los jueces no quieren conocer los avances que han tenido los estudios de género en los últimos 60 años y esto trae consecuencias nefastas para mujeres y niños. En la sociedad patriarcal la violencia cotidiana contra las disidencias también la ejercen los jueces y juezas colonizados por el machismo», sostuvo Enrique Stola, quien luego agregó en referencia a la audiencia: “El jury funcionó corporativamente amparando al juez (Rossi), cubriéndose entre machos”. “Para la sociedad un crimen de género es un crimen menor y esa es la idea que tenemos que luchar para destruir”, aportó Segato.
Rita Segato trabaja en la difusión e investigación en temas de violencias y delitos sexuales. La antropóloga trabajó investigando la forma de pensar de los condenados por crímenes sexuales en la Penitenciaría de Brasilia. A partir de esta vivencia, Segato sostiene que la violación es un acto de moralización y nunca de placer o deseo sexual: el violador siente y afirma que está castigando a la mujer por algún comportamiento que él entiende como un desvío, un desacato a una ley patriarcal.
El violador no está solo, explica Segato, está en un proceso de diálogo con sus modelos de masculinidad, demostrando algo a alguien que es otro hombre.
