El Tribunal Internacional de Desalojos instó al Gobierno de la Ciudad a impulsar políticas públicas para frenar los desalojos en La Boca. Este viernes, desde La Boca Resiste y Propone presentarán los resultados del fallo y el plan de lucha para frenar la gentrificación y la expulsión de vecinos del barrio. "Los desalojos en La Boca violan todos los tratados internacionales en materia de vivienda a los que suscribe el país", dijo Natalia Quinto, referente del espacio en diálogo con El Grito del Sur.

El Tribunal Internacional de Desalojos es un organismo internacional que analiza y cuestiona de manera práctica los casos de desalojos forzados que tienen lugar en distintas partes del mundo. Entre el 28 y el 30 de septiembre del año pasado sesionó por sexta vez en Venecia, Italia. Hasta allí llegó una única representación latinoamericana: el grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca Resiste y Propone (LBRyP). El espacio asistió en representación de una problemática que atraviesa de manera transversal al barrio: el proceso de gentrificación a partir de la especulación inmobiliaria y el alza de precios por turismo.

El encarecimiento del valor del suelo a causa del crecimiento del flujo de turistas ha generado estragos en el mapa de vivienda de La Boca. Natalia Quinto, representante de LBRyP, fue una de las encargadas de representar al barrio en el Tribunal, y comparte su experiencia con El Grito del Sur.

Natalia Quinto (a la izquierda), referente de La Boca Resiste y Propone

¿Cuál fue la importancia de llevar el caso de La Boca al Tribunal Internacional de Desalojos?

En el Grupo de Vivienda y Hábitat organizamos hace 9 años la demanda en torno a la problemática habitacional en el barrio, y esta vez tuvimos la tarea de ser el único caso de América Latina presente en el Tribunal de Desalojos. Fuimos hasta allá a probar que en La Boca existe un proceso de gentrificación producto del turismo y, a causa de esto, un incumplimiento de todos los pactos internacionales que Argentina suscribe en materia del derecho a la vivienda. El Tribunal analizó el material y la carga probatoria que llevamos, e instó al Gobierno a cumplir con el derecho humano de acceso a la vivienda.

¿Qué pasos dictaminó seguir el Tribunal?

Ahora estamos en instancia prejudicial, donde se insta al Gobierno a conformar una mesa de trabajo, donde se analicen y se propongan políticas públicas que reviertan la situación existente. En octubre se realizará un primer monitoreo, y en marzo el segundo, organizado por el propio Tribunal en conjunto con la Relatoría de la ONU Hábitat. En caso de que el Gobierno no brinde respuestas, podemos avanzar con una demanda judicial en la ONU.

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¿Qué saldo dejó el intercambio con otras experiencias de lucha del mundo?

Ahora estamos trabajando en una propuesta conjunta, que llevamos desde LBRyP y consiste en un acuerdo de solidaridad de los pueblos del mundo y organizaciones que luchan por el acceso a la vivienda. Es una tarea compleja porque cada uno habla en otro idioma, pero a medida que fuimos avanzando se fueron sumando más organizaciones. También conocimos otras experiencias: en Roma nos topamos con un acampe, producto de un desalojo, a unas cuadras de la Fontana de Trevi. Nos llamó la atención, ya que en nuestro barrio estábamos con un escenario muy similar: acampando en carpas y reclamando por vivienda. Hubo intercambio de videos entre ambos acampes. Nos abrió la cabeza para entender el proceso de gentrificación en otras partes del mundo.

¿Por qué  hubo una única representación latinoamericana en un continente atravesado por la lucha por la tierra y la vivienda?

En principio hubo mas de 100 postulaciones por América Latina, pero nosotros presentamos mucha carga probatoria. Fuimos acompañados por jueces de desalojo y logramos asegurar que en un radio de 30 manzanas había noventa y pico causas de desalojo. De todas teníamos cédulas y podíamos dar cuenta de los juzgados, los integrantes de cada familia, las acciones que habíamos llevado adelante para visibilizar la situación. A su vez, había proyectos inmobiliarios que cruzaban las zonas de desalojos y podíamos probar que la gentrificación se basaba en inversiones inmobiliarias y turísticas. De septiembre a esta parte, la tendencia no ha cambiado: antes seguíamos casi cien casos, ahora acompañamos 158.

¿Hay alguna experiencia en el mundo similar a la que sucede en La Boca?

La experiencia de Venecia es muy parecida a lo que ocurre en la Boca: no quedan familias. Todas las familias se tuvieron que mudar por la sobrevaluación del precio del suelo y por los negocios inmobiliarios basados en la actividad turística. No hay escuelas, no quedan más hospitales que aquellos que atienden seguros de viajero. No hay población estable y los servicios se van retirando. Solo quedan grupos reducidos de familias, lo demás se alquila como piezas a viajeros.

¿En qué consiste la actividad de este viernes?

Para viajar hicimos un gran esfuerzo, ya que la invitación cubría sólo los gastos básicos de una compañera. El barrio se montó al hombro esta cruzada: aportaron desde obras de teatro, festivales, ferias americanas, rifas y lo que fuera para juntar el dinero que necesitábamos para llegar al tribunal. Ahora es nuestra obligación devolver a la comunidad el aprendizaje, para que pueda conocer exactamente el fallo y pensar cómo seguimos con nuestra lucha.