El caso de "Nuestra señora del Valle" se inscribe en una larga lista

La violencia no es novedad en los hogares porteños

No es la primera vez que un hogar porteño para pibes es foco de denuncias de abuso, violencias y problemas edilicios producto del abandono y la impunidad. En tanto no haya una voluntad política -plasmada obviamente en recursos, para fortalecer realmente un sistema de protección integral para la niñez- con políticas públicas integrales, de calidad, articuladas, será impensable que el Estado pueda garantizar una infancia digna para nuestros pibes.

Una piba tuvo la valentía de denunciar ante su tutor y la justicia diversas violencias ejercidas sobre varios chicos/as alojados/as en el Hogar Nuestra Señora del Valle, que depende directamente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, encabezado por Guadalupe Tagliaferri. Los hechos, perpetrados -según indicó- por trabajadores de la institución, constituyen graves vulneraciones a sus derechos, en el marco de una política pública cuyo proyecto institucional debería abocarse a la restitución y resguardado de los mismos. La noticia trascendió esta semana, viralizándose con peculiar rápidez y tomando carácter público a través de la cobertura –considerablemente descuidada y revictimizante- de medios masivos de comunicación.

No es la primera vez que los tres hogares del Gobierno de la Ciudad llegan a la tapa de los diarios. Basta con escribir “Hogar Curapaligue”, “Vallecito”, u “Hogar Nuestra Señora del Valle” en los motores de búsqueda web para encontrar titulares tales como: “Un hogar de niños hacinados y sin agua caliente”, “Declaran la emergencia en el Hogar Curapaligue”, “Crisis en el Hogar de niños”, y hasta un “Niños que fueron salvados por ratas”. Este último artículo, del portal Pagina12 y que roza lo surreal, describe como en el año 2015 los niños y niñas alojados en el mismo hogar que hoy se encuentra en la mira por las denuncias previamente descriptas, se salvaron de morir en un incendio espontáneo ya que habían sido previamente derivados a otro edificio. ¿El motivo? Efectuar una exhaustiva desinfección, ante la invasión de ratas que habían copado el lugar, poniendo en peligro la salud e integridad física de la población alojada. No era, tampoco, la primera vez que ocurría un siniestro de este tipo en el Hogar Nuestra Señora del Valle. El mismo había sufrido ya dos comienzos de incendio.

El Estado porteño bajo la lupa

El 29 de Junio del presente año, el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, realizó una visita al hogar, a partir de la cual constató “las irregularidades de habitabilidad, seguridad y accesibilidad” que presenta el establecimiento. En este sentido, el organismo informó en comunicación pública haber “señalado en reiteradas ocasiones la situación de precariedad institucional en que se encuentran los hogares de niños niñas y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Con escasos profesionales y un número reducido de operadores sociales el acompañamiento de los niños las 24 horas del día es insuficiente. Mientras los estándares mínimos establecen que debe haber un operador cada tres o cada cinco niños (según las edades) en el Hogar del Valle por la noche concurren generalmente cuatro operadores para la cantidad de 47 a 49 niños allí alojados. El hacinamiento impide la supervisión y el cuidado de los niños y las niñas, quienes estando solos pueden verse expuestos a múltiples situaciones de violencia.” 

Amor habla de 47 a 49 niños habitando la institución, cuando la propia “Ley de Hogares” de la Ciudad (Ley N° 2881), que determina las condiciones necesarias para la habilitación y funcionamientos de los “establecimientos para el cuidado de niñas, niños y adolescentes”, establece un máximo de 30. Estamos hablando de pibas y pibes de un promedio de 12 años, en relación a los cuales se adoptaron medidas de protección, separándolos transitoriamente de su núcleo familiar/comunitario en pos de restituir sus derechos. Pibas y pibes que a sus 12 años llevan inscriptas en el cuerpo historias de abandonos, maltratos, abusos, exclusiones, ausencias. Que desconfían del mundo adulto, ya que fueron adultos los que de alguna manera los violentaron, los que les pegaron, los que les negaron atención médica o vacante en la escuela del barrio, los que abusaron de ellos, los que con uniforme de policía los requisaban a la salida de la escuela, los que dejaron sin laburo a sus padres, etc. El Estado evidentemente constituyó en esta oportunidad una nueva decepción, una herida más.  Los pibes no son ‘objeto de intervención’. Si no se humaniza la tarea ni las instituciones, si no se valora la importancia de reconocer a los pibes en su dignidad, como sujetos políticos y sujetos de derechos, si no se apela a la construcción conjunta de otros vínculos, de confianza y solidaridad, de alojamiento en sus singularidades, no hay proyección posible.

El entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y su ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, de visita en el hogar de menores Nuestra Señora del Valle, en 2012

No son menores, son niños y adolescentes y tienen derechos

Resulta cuanto menos llamativa la cobertura realizada por parte de los medios masivos de comunicación respecto al tema, que una vez más adopta tintes amarillistas y dista de cumplir con su objetivo de informar. Para empezar, tanto Infobae como TN confunden los términos “instituto de menores” y “hogar”, dependiendo el primero de la órbita del sistema penal juvenil, mientras que el segundo refiere a un establecimiento de carácter convivencial y responde al ámbito del sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Resulta aún más perturbador que la imagen utilizada por TN para ilustrar la cobertura sea efectivamente del Instituto de Menores Juan Manuel Rocca, usada anteriormente por Clarín y obtenida a través de Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional).

Una vez más, nos encontramos ante una línea periodística preocupada más por visibilizar los detalles escabrosos de los hechos denunciados -revictimizando a los niños una vez más- que en indagar respecto al estado de las políticas públicas que generan las condiciones para que este tipo de escenarios signados por el abuso y la negligencia sean posibles, e informar a la audiencia respecto a obligaciones, derechos, garantías y responsabilidades involucradas.

Un largo camino por recorrer

A trece años de derogada la Ley de Patronato, con la sanción de la Ley N°26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son evidentes las serias dificultades para trascender y dejar atrás dicho paradigma, que estigmatizaba a la niñez pobre y habilitaba un accionar discrecional por parte de los jueces, apelando como principal recurso a la separación de los niños de su núcleo familiar, en lugar de poner una mirada sobre los derechos vulnerados del conjunto, para darse una tarea al respecto.

En esta oportunidad, el caso del Hogar ‘Del Valle’ quedó en manos de la flamante jueza Agustina Díaz Cordero, designada en su cargo a comienzos de este año por el mismísimo presidente Mauricio Macri, a través del Decreto 374/2018. Si bien es fundamental avanzar en un esclarecimiento de los hechos, así como en la inmediata separación de sus funciones de quienes sean identificados culpables de los cargos presentados, esto no es suficiente. En tanto no haya una voluntad política -plasmada obviamente en recursos, para fortalecer realmente un sistema de protección integral para la niñez- con políticas públicas integrales, de calidad, articuladas, será impensable que el Estado pueda garantizar una infancia digna para nuestros pibes.