Después de pasar a la historia del derecho penal como la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua, Nahir Galarza levantó revuelo en las redes sociales y los medios de comunicación. Se habló de la rapidez de la sentencia, de la gravedad de la pena y de la relación tóxica que tenía con Fernando Pastorizzo. Sin embargo, poco se dijo del acceso de Nahir al arma de su padre y del perjuicio social que supone la portación reglamentaria de armas por parte de los miembros de la policía cuando están fuera de servicio. ¿Alguien puede pensar en los tiros?

Muchas fueron las repercusiones acerca de la condena a prisión perpetua que ha recibido Nahir Galarza por el asesinato de Facundo Pastoriza. Críticas sobre la conducta machista y patriarcal del sistema judicial y de los medios hegemónicos de comunicación a la hora de analizar el tema -junto con la desmesura de una condena a prisión perpetua- fueron algunos de los puntos que indignaron a la población y prendieron fuego las redes. Pero, más allá de esas críticas, con las cuales coincidimos, lo que ha quedado relegado del debate público es justamente, una de las causales que en gran medida explican el caso: el arma utilizada para el homicidio.

Para abrir otras aristas del debate debemos preguntarnos: ¿Cómo llegó una adolescente de 19 años a hacerse de un arma de fuego? ¿Quién se la proveyó? Si nos centramos en esos interrogantes, aparecen las respuestas que deberían integrar el análisis del caso. Nahir es hija de un policía de la Provincia de Entre Rios y el arma utilizada, la 9 milímetros reglamentaria, fue proveída por la institución policial.  Un arma presente en su cotidianidad y que por instrucciones, precisas de su padre sabía usar. Más allá de la juventud de Nahir y de aspectos de su vida íntima develados, ningún comunicador, ni los integrantes del Tribunal, realizaron valoración alguna sobre este punto, ni sobre el hecho de que el arma utilizada la encontraba arriba de la heladera. Negligentemente expuesta y sin guardar reglas mínimas de seguridad. Es fundamental puntualizar sobre ello, teniendo en cuenta la cantidad de hechos violentos que se producen actualmente en Argentina en los que hay intervención de armamento reglamentario, transformándose en un problema sistemático.

Según el informe del CELS de 2017, de 104 particulares muertos en hechos de violencia con agentes de las fuerzas de seguridad, 69 (es decir más del 60%) se produjeron cuando estos estaban fuera de servicio. Ese mismo año -según La Casa del Encuentro- fueron 23 los femicidios producidos por armas del Estado.

Los elementos señalados anteriormente, así como lo fatal del desenlace, nos obliga a pensar en lo importante que es discutir el uso del arma reglamentaria por parte de agentes de seguridad cuando están fuera de servicio y también su uso racional para los momentos en que se encuentran prestando funciones. Sabemos que se trata de una práctica que entrecruza grises normativos, cuestiones culturales y económicas, pero que en materia de seguridad no solo ha sido errática, sino que nos ha costado muchas vidas. Como ejemplo de ello, según las estadísticas existentes el 74% de los agentes muertos en hechos violentos entre 1996-2017 mueren por intervenciones que se hacen fuera de servicio.

Si de algo sirven estos eventos letales es para discutir políticas públicas que nos permitan y nos inviten a desarmar la violencia cuestionando si un policía debe portar el arma en su domicilio al alcance de su familia y allegados, expuesta a accidentes, a descuidos, o lisa y llanamente a su utilización. El desarrollo de un modelo de seguridad democrática, nos impone revisar estas conductas, y la necesidad de replantearnos si lo que buscamos es construir un arquetipo de funcionario policial que cumpla la ley y respete los derechos humanos de la sociedad toda, o si lo que estamos construyendo son policías que accionen como robots armados las 24 horas del día, cualquiera sea el costo de sus actos.

Pensar una política clara, seria y efectiva de desarme de la sociedad civil – junto con la limitación en el uso del arma reglamentaria de los funcionarios policiales cuando los mismos están fuera de servicio- es un punto elemental para la construcción de una sociedad más justa y menos violenta.