Crónica de un olvido anunciado

El crimen de Rafael Nahuel continúa impune ocho meses después, aunque las autopsias comprobaron que la bala que asesinó al joven de 22 años salió del arma de un miembro del grupo Albatros. El caso quedó postergado en los medios y la movilización social fue escasa. ¿Olvido anunciado?

El 25 de noviembre del 2017 el cuerpo de Santiago Maldonado era enterrado en 25 de Mayo, su pueblo natal. El joven de 28 años  llevaba casi tres meses desaparecido y durante este tiempo habia sido el tema central en los medios masivos de comunicación. Su hermano Sergio -con el respaldo de organizaciones de derechos humanos- comandó una lucha férrea que llenó plazas de multitudes e hizo de los ojos oscuros de Santiago en santo y seña. El pueblo se levantó demostrando que el esfuerzo de Madres y Abuelas no fue en vano.

El mismo día que Santiago era enterrado, Rafael Nahuel, un joven de 22 años, falleció durante la represión a la comunidad mapuche asentada en los terrenos de Lafken Winkul Mapu, en la zona del lago Mascardi, provincia de Río Negro. Rápidamente se demostró que Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda con una bala de 9 milímetros de subfusil MP5.  Pocas semanas después, se identificó que la pistola pertenecía al cabo 1ro de la prefectura naval Francisco Javier Pintos, miembro del grupo Albatros, quien ese día había descargado alrededor de 49 disparos.

El 11 de noviembre de 2017, la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu anunció que, dos meses atrás, había realizado la «recuperación territorial» de una zona cercana a Villa Mascardi, que integraba el Parque Nacional Nahuel Huapi. El 23 de noviembre, en medio de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la comunidad mapuche, más de 300 agentes federales, pertenecientes a la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, realizaron un violento desalojo ordenado por el juez federal Guillermo Villanueva. Durante el mismo, golpearon, reprimieron y rociaron con gases lacrimógenos a los miembros de la comunidad. También detuvieron a 5 mujeres y 4 menores, incluido un niño de 1 año.

Desde ese momento la presencia de las fuerzas de seguridad fue constante. El 25 de noviembre atacaron nuevamente y se cobraron la vida de Rafael Nahuel, quien -a pesar de no ser miembro activo de la comunidad- acompañaba a su tía y a su prima.

La autopsia realizada determinó que el joven de 22 años murió por un “shock hipovolémico por lesiones de los órganos y tejidos que provocaron una hemorragia de aproximadamente 4 litros de sangre, alojada en cavidad torácica y peritoneal».

Desde ese momento se sostuvieron dos posiciones: según el gobierno nacional, los Albatros primero usaron proyectiles antitumulto (balas de pintura) y finalmente debieron recurrir a municiones de plomo porque estaban siendo atacados. Según la comunidad mapuche, los efectivos les dispararon desde el primer momento y ellos no tenían armas.

El 27 de noviembre del 2017 la ministra de Seguridad Patricia Bulrrich declaró: «Le damos el carácter de verdad a la versión de Prefectura, no necesitamos pruebas».

Sin embargo, la repercusión del mediática del caso fue menor y se atenuó entre los sucesos cotidianos. Santiago era un joven de clase media, respaldado por una familia con acceso a la educación, que pudo recurrir a los medios de comunicación e incluso crear formas de difusion alternativas: ante el mal manejo mediático del caso, la familia Maldonado se generó una página web propia donde difundieron información certera sobre lo sucedido. Rafael, en cambio, era un joven de una comunidad originaria, con bajos recursos económicos y atravesado por una historia de marginalidad. Hermano del medio, Rafita aprendía oficios y hacía changas como herrero para ayudar económicamente a su madre. El acceso de la familia a la justicia fue restringido y el impacto del disparo por la espalda que acabó con su vida se desdibujó entre los cientos de jóvenes que en las villas son re-matados diariamente por la indiferencia de una sociedad automata.

El conflicto entre el gobierno y los pueblos originarios por la expropiación de tierras tiene poco de novedoso. Estas comunidades en guetos de marginalidad sumidos en la pobreza y atravesados por el alcoholismo, luego de cientos de ataques estatales, como remakes dilatadas de la Conquista del Desierto.

La ley 26.160 -sancionada en 2006- declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas y suspendió la ejecución de desalojos en estas tierras. La misma norma dispone que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) debe realizar un relevamiento de las tierras que ocupan las comunidades indígenas para conocer su extensión y sus límites. Sin embargo, al 2017 -once años más tarde – sólo el 52% de los pueblos originarios de todo el país fueron relevados.

 

 

El día que Rafael murió hubo una marcha modesta en Plaza de Mayo. Poco después el caso se diluyó como el eco de los círculos concéntricos cuando una piedra raspa el agua. La vorágine del sistema hegemónico de noticias engulló el caso, para luego escupirlo. Resignándole a algún recuadro del cuerpo de un diario entre las novedades de la relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero.

Santiago y Rafael son dos insignias de la crueldad del último gobierno y un síntoma de la carta blanca que obtuvieron en los últimos dos años las fuerzas de seguridad.  Ayer se volvieron a encontrar metafóricamente. El «Brujo» cumpliría 29 años, Rafita cumplió ocho meses de su trágica muerte.

La movilización por los ocho meses del asesinato de Rafael Nahuel se había convocado a los pies del monumento al General Roca, emblemático genocida de los pueblos originarios. Finalmente fue postergada por las inclemencias climáticas.

Por el camino de Santiago

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