Obstinado en negar la problemática, el Ejecutivo porteño acumula fallos judiciales adversos que desnudan la ausencia de políticas públicas hacia las personas que viven en situación de calle. Las organizaciones sociales denuncian que el censo oficial arroja cifras cuatro veces menor a la real, lo que le impide brindar soluciones acordes. La muerte de Walter García frente a las oficinas del BAP actuó como metáfora y desató una tormenta al interior del ministerio que conduce Guadalupe Tagliaferri.

Walter García llevaba cinco meses durmiendo en la calle frente a la sede central del Programa Buenos Aires Presente (BAP), donde murió hace dos semanas. Sus compañeros de ranchada lo encontraron muerto la tarde del lunes 25 de junio, durante el paro general de la CGT. Su primera reacción fue acudir a la red de ONGs y organizaciones que conocen, porque no confían en los funcionarios que, según la propaganda oficial (el famoso 108), se encargan de atenderlos: en vez de ofrecerles ayuda -cuentan a quien quiera escuchar-, los invitan a abandonar el lugar (el BAP funciona sobre la avenida Entre Ríos, bajo la Autopista 25 de Mayo), tirándoles agua.

Las causas de la muerte de Walter, que tenía 33 años y cartoneaba para sobrevivir, aún no están claras. Se sabe, por lo pronto, que arrastraba una enfermedad producto del consumo de alcohol. Según el Censo Popular de Personas en Situación de Calle impulsado por organizaciones sociales ante la ausencia de respuestas oficiales, el 24 por ciento de las personas censadas que dijeron tener problemas de adicción consumen alcohol; y un 17 por ciento del total afirmó tener problemas para ser atendido en los servicios públicos de salud.

“Todavía no está del todo claro lo que pasó con Walter, pero se puede encuadrar en lo que muchísimas personas manifestaron en el Censo Popular: por el sólo hecho de estar en la calle tienen muchos problemas para ser atendidos en el sistema público de salud”, le dijo a El Grito del Sur la coordinadora de la Comisión de Políticas Sociales y Economía Social del Consejo Económico y Social de la Ciudad, Laura Velasco.

“Murió de cirrosis, no quería dejar la calle, se le ofrecieron recursos y los rechazaba. Esas son algunas de las justificaciones de quienes debían dar respuesta a la situación de Walter. Walter murió de ausencia del Estado, la peor de todas las pestes”, dijeron desde la ONG Abrigar Derechos, la primera en difundir la información que publicó este medio.

Cuando El Grito del Sur intentó comunicarse con funcionarios del riñón de Maximiliano Corach, titular de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario porteño, la respuesta fue que no estaban al tanto del fallecimiento, pese a que ocurrió frente a sus narices. Pero la novedad llegó hasta los oídos de la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, Guadalupe Tagliaferri. El enojo de la ministra fue tal que pidió la cabeza del gerente del BAP, Martín Santillán.

“Desde que se conoció la muerte de Walter, ahora van todos los días a ofrecer cosas a la ranchada que habían abandonado y hostigaban”, cuenta un trabajador del BAP que cumple con las tareas del ex Operativo Frío -rebautizado “Plan Prevención Frío”-. “Pero la precariedad de las herramientas con las que trabajamos sigue igual o peor: hay noches que nos mandan a recorrer las calles sin viandas para la gente, algo que en años anteriores no pasaba”, sostiene.

Maximiliano Corach durante una actividad del Operativo Frío en Retiro

Las deficiencias en el ex Operativo Frío persisten pese a las denuncias constantes de las organizaciones sociales, que señalan que de mínima es ineficiente para palear la problemática. Básicamente, el programa consiste en que un grupo de trabajadores del BAP recorre las calles entre las seis de la tarde y las tres de la mañana los días en que las temperaturas son inferiores a los cinco grados. O sea, entre junio y septiembre. Entregan frazadas, guantes, comida y la oferta de pasar la noche en un parador, aún cuando no haya camas disponibles. “Las personas que están en calle no quieren ir a un parador. Abren pocas horas, a los cartoneros no los dejan entrar con el carro, las familias se tienen que separar y hubo muchísimas denuncias de robos, violencia institucional y abusos”, explica Velasco.  “Y si efectivamente acceden –agrega– ya no hay lugar: pese a que el Gobierno insiste en que las personas en situación de calle apenas superan las mil, nos cansamos de decir que ese número es cuatro veces mayor”.

“El fallecimiento de una persona joven, sin atención médica ni social, frente a las oficinas del BAP, pone en cuestión la vigencia de los derechos humanos en la Ciudad”, expuso la legisladora porteña Victoria Montenegro durante la sesión de la Legislatura del jueves. Montenegro presentó un pedido de informes al Ejecutivo en el que solicita información acerca de si Walter se encontraba incluido en alguno de los programas del ministerio que conduce Tagliaferri, y si su muerte pudo haber sido evitada.

En mayo de este año, el Gobierno porteño informó que, según sus mediciones, viven 1091 personas en la calle. El número fue rápidamente puesto en discusión por el conjunto de organizaciones que trabajan la problemática, encabezadas por Proyecto 7. Las organizaciones realizaron su propio censo el año pasado, que determinó que son muchas más: 5872, número que hoy especulan puede estar por encima de las 7 mil producto del ajuste. “El debate respecto de los números es importante porque tiene que ver con un diagnóstico. No se puede llevar adelante políticas publicas adecuadas si el Gobierno no tiene un registro real de la problemática”, sostiene Velasco.

Velasco fue querellante en el amparo presentado contra la administración PRO en 2016, cuando el número oficial de personas censadas en calle rondaba los 800. La jueza en lo Contencioso Administrativo María Elena Liberatori dio lugar a la presentación y ordenó al Gobierno rever la metodología de relevamiento y dejar de mentir. El fallo fue apelado y se espera una confirmación en segunda instancia a favor de las organizaciones, algo que confían estaría al caer.

El momento en que la policía forense se llevaba el cuerpo de Walter

En tanto, el Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta no para de cosechar reveses judiciales por su obstinación de esconder el problema debajo de la alfombra. Al fallo reciente que le ordenó indemnizar a la familia de un bebé que murió de frío en 2010 –en plena faena de la patota de la UCEP, organizada nada menos que por Fabián Rodríguez Simón, señalado como uno de los principales asesores judiciales del presidente–, se sumó un lapidario informe de la Asesoría Tutelar porteña Nº1 sobre la política de subsidios habitacionales. El juzgado que conduce Gustavo Moreno reveló que el 91 por ciento de los hoteles familiares que reciben personas en riesgo de quedar en situación de calle -unas 20 mil según las organizaciones-  cobran un alquiler mensual superior a los 4.000 pesos que fija como límite el propio Gobierno.

“Invito a cualquier funcionario porteño a intentar alquilar con el subsidio habitacional y a cargo de una familia numerosa”, ironiza Moreno en diálogo con El Grito del Sur. “Desde hace años que venimos haciendo informes y la situación es cada vez peor. Estamos muy preocupados porque la situación de las familias sigue siendo angustiante y sigue habiendo una fuerte relación del empresariado hotelero con los funcionarios, lo que impide que se hagan los controles necesarios”, dice.

La cruzada de Moreno es contra una lógica de hacinamiento, precariedad y desidia que lleva años y atraviesa gobiernos desde Aníbal Ibarra hasta hoy. “Hay un aprovechamiento claro de los hoteleros porque las familias, que están en riesgo de calle como dicen las organizaciones y la ley, son un mercado cautivo, que no tiene prácticamente alternativas”, explica. “Y finalmente está la lógica perversa del desalojo, que funciona como amenaza y muchas veces es parte misma del negocio hotelero”.

Tal como relató este medio, el pago de los subsidios habitacionales para el alquiler de piezas fue suspendido el viernes 15 de junio. De forma espontánea, decenas de hotelados armaron una manifestación en las puertas de la oficina de Tagliaferri, en Pavón y Entre Ríos: si no les pagaban, se quedaban en la calle. La respuesta oficial fue dispersarlos con la policía.