No es ley, pero es leyenda

El Senado rechazó ayer el proyecto de interrupción legal del embarazo que tenía media sanción de Diputados. Las calles se llenaron de multitudes de todas las edades y colores políticos que resistieron 15 horas de sesión. A pesar de la negativa, dos cosas quedaron claras: los senadores desoyeron a la población civil, y al movimiento feminista no lo para nadie.

Ayer se discutió en el Senado la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Siendo la séptima presentación consecutiva del proyecto y con 13 años de militancia por parte de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el impacto social y el consenso civil que obtuvo este año superó toda expectativa.

Durante los cinco meses de debate hubo 690 exposiciones de especialistas en la Cámara de Diputados y 143 en la de Senadores. Finalmente el 8 de agosto fue el día asignado para definir si la interrupción voluntaria del embarazo sería ley o no en la Argentina. Con miles de personas en las calles y un cielo encapotado de gris, la sesión comenzó presidida por el senador Federico Pinedo ante la tardanza de la presidenta de la Cámara, Gabriela Michetti. Durante la jornada cada uno de los senadores y senadoras tuvo 10 minutos de exposición -que en muchos casos hasta se estiraron a más del doble- para argumentar y respaldar su voto.

Desde la vuelta de la democracia, al menos 3030 mujeres murieron como consecuencia de la clandestinidad del aborto. Según estimaciones del Conicet y el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos por año en forma clandestina y son 3000 las niñas y adolescentes que por año tienen un hijo, de los cuales 8 de cada 10 de esos embarazos no fueron deseados. Sin embargo, la propia clandestinidad del procedimiento complica la obtención de datos claros y estadísticas verificables.

Durante las exposiciones el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, aclaró que, según datos de 2014, hay en el país 47.063 internaciones anuales en el sector público por complicaciones de abortos clandestinos, cifra que se eleva a 70.200 si se tiene en cuenta al sector privado y se producen 37 muertes anuales por aborto. “Todas estas cifras podrían reducirse en un 98% con la aprobación de la ley”, aseguró Rubinstein.

Foto: Tomás Carlovich

Sin embargo, estos números, a los cuales se suman el millón de personas movilizadas el 13 de junio durante la sesión de Diputados y el millón y medio al que se llegó el día de ayer, no se vieron reflejadas en la decisión final de los Senadores nacionales. Luego de 17 horas de sesión la votación final resultó con 38 votos en contra y 31 a favor de la ley, con dos abstenciones.

Dentro del recinto se escucharon diversos argumentos. Entre quienes estuvieron en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, se destacaron quienes apelaban “a la existencia de vida desde la concepción” y ponderaban la prevención. Sin embargo, muchos de estos mismos representantes -quienes conservan estrechos vínculos con las cúpulas eclesiásticas- fueron los que se opusieron a la ley de Educación Sexual Integral (ESI) y, al día de hoy siguen impidiendo que se dicten los contenidos reglamentados en las escuelas, o que se repartan los anticonceptivos gratuitos en hospitales o centros de salud, algo que recrudeció con el recorte presupuestal que impulsó el macrismo. Como aclaró la senadora Anabel Fernández Sagasti: “En 2017 se ha subejecutado el presupuesto de anticonceptivos, se planeaban 27 millones de pesos y se repartieron solo 12,1”.

Foto: Tomás Carlovich

Otro tema que plantearon quienes se opusieron a la legalización del proyecto fue el costo de las intervenciones. Varios funcionarios se basaron en motivos económicos para decir que la ley resultaba inviable. Sin embargo, durante las exposiciones  informativas previas a la votación el ministro de Salud aclaró que «la ley va a bajar de manera dramática los costos de complicaciones por abortos clandestinos. El costo actual estimado es de $4.078,30 millones y tras la legalización, ese monto se reduciría a $ 678,60 millones, lo que implica un ahorro para el sistema de salud de $ 3.400 millones”.

Rodolfo Urtubey, senador del Partido Justicialista y hermano del gobernador de la provincia de Salta, no sólo se pronunció en contra sino que trató de justificar las violaciones intrafamiliares diciendo que no en todos los casos responden al modelo clásico de violencia.

Esteban Bullrich, ex ministro de Educación y miembro del bloque Cambiemos, expresó que “el proyecto de ley legaliza el fracaso”. “Entre dos principios como el ama a tu prójimo como a ti mismo y, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, no hay tanta distancia. La discusión es si en ese vientre materno hay un prójimo a quien amar o un argentino a quien defender”, manifestó. El senador ya había dejado en claro su posición en contra de la libertad de las mujeres y cuerpos gestantes cuando tiempo atrás le escribió un poema “al niño por nacer”. Bullrich es una de las figuras más emparentadas con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien el mismo día del debate dijo en declaraciones al diario Clarín: «Si la ley no se vota, voy a estar más aliviada”.
Por otro lado, la senadora Inés Blas, del PJ Catamarca, dejó a disposición su renuncia de la Banca de la Mujer, luego de pronunciarse en contra del proyecto de interrupción legal del embarazo. Blas aseguró que seguiría luchando por los derechos de las mujeres, aunque durante su discurso supuso que en caso de abuso intrafamiliar el aborto “puede servir para limpiar el honor de un abusador”.

Fotos: Tomás Carlovich

Al finalizar la exposición de los senadores fue el turno de los presidentes de cada bloque. Durante su exposición Fernando “Pino” Solanas recalcó el destrato sufrido por la emblemática militante de los derechos humanos Nora Cortiñas. Luego, el referente de “Proyecto Sur” defendió el derecho al goce de la mujer y dijo: «Estoy preocupado porque acá exista una mayoría que cree que le puede imponer a las mujeres argentinas su mirada del mundo (…) Tenemos miedo a decir que se trata del derecho de las mujeres a gozar de la vida y de su cuerpo».

Casi a las 2 de la mañana fue el turno de la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A pesar de que durante su mandato no se llegó a discutir la despenalización y legalización del aborto, Cristina remarcó todas las políticas a favor de las mujeres y las disidencias sexuales reguladas durante sus dos mandatos y el de Néstor Carlos Kirchner. La ex Presidenta aclaró que, si bien su hija le introdujo una perspectiva de género, fueron las nuevas generaciones de pibas en las calles las que finalmente volcaron su decisión a favor del proyecto y destacó: “vamos a tener que agregarle la cuestión feminista a lo nacional y popular”.

A las 2:45 de la mañana del jueves 9 de agosto los miembros de la Cámara Alta decidieron sobre la vida de las mujeres y cuerpos gestantes: fueron 24 varones y 14 mujeres quienes estuvieron en contra. Mientras tanto en la calle la sensación térmica de 3 grados y la lluvia llenaba de manifestantes las emblemáticas pizzerías del centro porteño, las organizaciones políticas desarmaban sus carpas y cerraban sus banderas, los pañuelos verdes y naranjas se enredaban en besos y abrazos de contención.

Quienes aún resistían a las inclemencias del tiempo emprendieron de a poco la vuelta, con algo de frustración pero con certeza, algo quedaba claro:  el 8A no será ley, pero será leyenda.

Foto: Lucía Rivera López
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Dalia Cybel

Historiadora del arte y periodista feminista. Fanática de los libros y la siesta. En Instagram es @orquidiarios