Varias organizaciones denuncian que volvieron los operativos conjuntos entre funcionarios de Ambiente y Espacio Público y la Policía de la Ciudad para desalojar a personas en situación de calle. Hubo al menos dos casos durante la última semana, bajo los mismos métodos de siempre: violencia verbal, agresión física y robo de pertenencias.

Pese a la acumulación de denuncias, el Ejecutivo porteño no pierde la costumbre de violentar a las personas en situación de calle. Como sucede todos los años, durante la última semana volvieron a registrarse operativos comandados por funcionarios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con apoyo de efectivos de la Policía de la Ciudad, dirigidos a desalojar “ranchadas” a través de métodos violentos con resabios de los que inauguró en 2009 la disuelta patota paraestatal de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). Con la única diferencia que las organizaciones, ONGs, instituciones que trabajan la problemática e incluso la propia gente en calle ya conocen de antemano lo que sucede cuando de una de las camionetas ploteadas de amarillo baja un funcionario con órdenes de “limpiar” la vereda, lo que les permitió desarrollar una red de auxilio y denuncia inmediata.

El primero de los casos que recogió El Grito del Sur se produjo el jueves pasado en la recova de Once y fue denunciado por la ONG Amigos en el Camino. Fue a las dos de la mañana y participaron unos diez patoteros, entre funcionarios bajo las órdenes del ministro Eduardo Machiavelli y efectivos de la Policía. Las camionetas de Espacio Público estaban desplegadas a lo largo y ancho de la Plaza Miserere, “donde ya venían levantando gente”, cuenta una voluntaria de Amigos en el Camino que fue testigo de los hechos. “Nosotros ya habíamos terminado nuestra tarea de asistencia, que hacemos todas las noches. En eso nos llama un amigo de la calle y nos cuenta que le están tirando las cosas. ¨Nos están queriendo sacar de acá¨, me cuenta. Enseguida volvemos y vemos a los funcionarios reventándoles las cosas”, describe la voluntaria.

Este lunes, una ex trabajadora del BAP que conoció desde adentro los manejos del Ministerio, fue testigo de otro caso mientras caminaba en pleno microcentro, en la intersección entre Suipacha y Viamonte. “En la ranchada había una pareja joven. Ella menor de edad. Los estaban hostigando dos policías de la Ciudad, uno de ellos sin identificación, y otros cuatro funcionarios de Espacio Público. Ellos accedieron al principio a moverse, pese a eso los seguían increpando verbalmente. Por suerte pude intervenir, varios vecinos hicieron lo mismo y logramos que no se lleven sus cosas y se queden en el lugar”, relata.

“Es la primera vez que lo vemos con nuestros ojos, pero no la primera que escuchamos de boca de gente en calle sobre golpes y maltratos por parte de funcionarios”, explica la voluntaria de Amigos en el Camino. “Las tareas de limpieza, como lo llaman ellos sin ningún resquemor, las hacen desde hace años, siempre de madrugada. Nosotros siempre vimos personas que dormían en determinada calle y después de un tiempo las volvemos a encontrar en otro barrio. La respuesta es siempre la misma: nos vinieron a sacar”, dice.

Policías de la Ciudad y funcionarios de Espacio Público desalojan personas en situación de calle de la recova de Once. Foto: Amigos en el Camino

Según el Censo Popular de Personas en Situación de Calle realizado por organizaciones sociales el año pasado, la mayoría de los censados denunciaron haber sufrido violencia institucional. “El 70 por ciento de las personas entrevistadas relató haber sido víctimas de una o varias formas de violencia institucional o social. La principal fuente de violencia fue institucional, ejercida primero por las fuerzas de seguridad y luego por funcionarios públicos de instituciones y programas estatales de gobierno”, subraya el apartado del informe dedicado al tema.

En abril del año pasado, la Defensoría del Pueblo denunció que efectivos de la Metropolitana agredieron a una persona en situación de calle en el centro porteño, a la que llevaron detenida. “Las personas que vieron lo que sucedió manifestaron su enojo por el maltrato que -según relataron- propinaron los agentes de la Policía al hombre en situación de calle, y denunciaron que, ante la bronca de los testigos, los oficiales se quitaron sus identificaciones y se llevaron detenidos a las dos personas que intervinieron en la trifulca”, dijeron desde la Defensoría en un comunicado.

La propia Defensoría coordinó también una investigación con organizaciones sociales a inicios de 2016, año en el que relevó una decena de casos sólo en el barrio de Constitución. Un año antes, en abril de 2015, requirió a la Metropolitana información sobre las actuaciones de algunos de sus agentes a raíz de la denuncia de una mujer que dijo haber sido agredida. En las actas de ese mes, uniformados realizaron “recorridas en distintas oportunidades y en diferentes días y horarios” junto a funcionarios de Espacio Público con el objetivo de “desalentar el pernocte y permanencia por parte de las personas en situación de calle”. Aparecen mencionados dos funcionarios: Martín Gómez y Demián Martínez Naya. Este último tiene su fama bien ganada en la ranchada de Juan B. Justo y Córdoba.

“Cuando le pregunto al funcionario de Espacio Público por qué hacía lo que hacía y con tanta violencia, me contesta que son órdenes de arriba —relata la voluntaria de Amigos en el Camino—. Y cuando le pregunto qué es arriba, a quién responde, nombra al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta”.