Unos 500 vecinos de la Villa 31 cerraron anoche el paso de los micros en la terminal de Retiro, en rechazo del "dictamen" que contiene la letra chica Pro de la urbanización del barrio. Exigieron que se derogue el protocolo de desalojos y protestaron contra la intención oficial de apropiarse del espacio aéreo.

Mariela está parada sobre la fila de vecinos que bloquea la salida de los micros por el puente 5 de la terminal de Retiro, en el vértice de las calles Perette y Rodolfo Walsh, la principal arteria de paso hacia la Villa 31. La tenue luz amarilla que baja de los postes apenas alcanza a iluminarle el rostro y el cartel que lleva colgado del cuello. El cartel pide que “el dictamen se discuta en el barrio”. “El dictamen” es el proyecto de ley que contiene la letra chica de la urbanización que impulsa el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y es el foco de la bronca -que crece y crece- en un sector del barrio, que anoche se movilizó. Mariela explica por qué: “Si se aprueba el dictamen, no voy a poder pagar mi casa y me voy a tener que ir, como muchos que ya se fueron”.

Mariela hace cuentas. Su familia, dice, hace malabares para mantener a los cuatro hijos con un ingreso de 15 mil pesos por mes. Según sus cálculos, de aprobarse el dictamen tal como fue redactado por el Ejecutivo, su casa en la villa, de aproximadamente 40 metros cuadrados, se tasaría en 2 millones de pesos, “impagables en este momento en que encima se caen las changas y sube el dólar”. Y a eso habría que sumarle los servicios, tarifazo mediante. “No hay manera, no hay manera”, repite. Y putea cuando las cámaras de los móviles de televisión la enfocan a ella y a los suyos, agrupados frente a la cámara con sus carteles a cuestas.

Foto: Nicolás Cardello

“Hay una desesperación por hacer visible la realidad de la villa porque Rodríguez Larreta vende espejitos de colores y la verdad es que no todo el mundo está al tanto de lo que puede pasar con su futuro”, describe Julián, uno de los vecinos que forma parte de la mesa de urbanización, la misma que ya convocó otras dos marchas este año. “En el fondo, lo que estamos intentando frenar es un nuevo intento de erradicación, encubierto. Acá vivimos familias de trabajadores, que vamos a tener que pagar las casas que nosotros mismos construimos mientras el Estado nos daba la espalda, pero a los valores del mercado, en dólares. Antes vinieron con topadoras, ahora con un dictamen, pero la lógica es la misma: un villero, según los chetos, no tiene derecho a vivir en una zona del centro del ciudad”, dice.

Foto: Nicolás Cardello

EL DICTAMEN

El famoso dictamen del Ejecutivo, según un informe del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, es aún más regresivo para los vecinos que los sancionados por la Legislatura varios años atrás, cuando no estaba claro todavía el financiamiento que tendría el -postergado- proyecto de urbanización. El crédito del BID, anunciado el año pasado por 350 millones de dólares para la “integración” -así la llama el Gobierno-, precipitó los tiempos. Aún sin la ley sancionada, el Pro avanzó con dos obras claves que están -en su conjunto- terminadas en un 80 por ciento: las viviendas del barrio YPF y los dos edificios “Containera” en el barrio Cristo Obrero. Al no haber dictamen, no hay tampoco permiso de obra, pero el oficialismo, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda -la “Sisu”, como se la conoce en el barrio- avanza de todas formas y milita su propia versión de la urbanización entre los vecinos.

Para Jonathan Baldiviezo, presidente del Observatorio, “el dictamen genera incertidumbre entre los vecinos y encubre una erradicación por los costos que asumirían las familias en el pago de las obras de mejoramiento y la urbanización en su conjunto”. “Además -agrega- saca del medio a la mesa de urbanización, en lugar de darle voz y poder de decisión como reclaman los vecinos”.

Ayer los vecinos movilizados esgrimieron varias objeciones al dictamen: la tasación de la vivienda, que incluye la apropiación por parte del gobierno del espacio aéreo, que también deberán pagar, y el protocolo para desalojos compulsivos, que concretaría la “trampa” de la erradicación ante la amenaza de no poder afrontar el costo de la urbanización. Una muestra gratis del protocolo se dio en febrero, cuando fueron desalojadas a la fuerza dos familias del sector Cristo Obrero por decreto, sin mediar una instancia judicial y en clara violación de la ley 3.343, que protege a los vecinos de los desalojos forzosos en el marco de la reurbanización.

Precisamente en el barrio Cristo Obrero se levantan las “Containeras”, donde pronto terminarán de ser relocalizadas cientos de familias que se verán afectadas por la nueva traza de la Autopista Illia -sin fecha estimada de iniciación de obras-, que será financiada gracias a un crédito extra de la Sociedad Andina de Fomento. “Hay familias que ya se han mudado y han vendido el departamento, sin papeles, y se han ido a vivir al interior. La nueva traza de la Illia no fue consultada con los vecinos y es un ejemplo claro de lo que pretende el Gobierno con la urbanización”, resume Baldiviezo.

Foto: Nicolás Cardello

LA BRONCA

“A mi me han llegado a ofrecer plata por abajo para que me vaya del barrio”, cuenta Gladys, que vive en el sector “San Martín” que, dice, está hace cinco días sin luz. “Nos viven mintiendo”, responde ante una pregunta sobre las promesas del jefe de Gobierno de un barrio mejor. “Yo ni loca dejaría mi casa a cambio de mudarme a esos containers en los que la gente no tiene intimidad y se caen a pedazos. Es inhumano como los tienen: parecen pájaros enjaulados. Esto es un barrio de trabajadores y queremos vivir dignamente, no todos hacinados. Pero les decimos: tengan claro que no nos vamos a ir y que esto recién empieza”.