El Tribunal Oral en lo Criminal N°9 estableció penas de entre 8 y 10 años a los seis prefectos responsables del ataque de Iván Navarro y Ezequiel Villanueva, los jóvenes torturados en la villa 21-24. Es la primera condena a miembros de la fuerza de seguridad por delitos represivos durante el gobierno de Cambiemos. La lucha de la organización popular da sus frutos, en tiempos donde es más fácil culpar a la sequía.

Un mar de fueguitos incendia la plaza de Tribunales. Se juntan en grupos, se separan, se abrazan. Algunas pibas se peinan entre sí, entre todos se convidan mate y bizcochuelo, que después pasará a ser pizza y gaseosa. El tiempo corre y no hay apuro, saben que los plazos del juzgado nunca se cumplen.  Realizan un ritual implícito, se amuchan, cantan, saltan al ritmo de los bombos, paran para tomar aire y retoman el repertorio que ellos mismos inventaron. Los militantes de la organización social La Poderosa, cubiertos de rojo, se concentran en la explanada de Corrientes y Talcahuano, enfrente del palacio de Justicia. El sol anticipa una jornada de calor para el primer día de la primavera y las banderas ya están colgadas: “Ante la violencia uniformada, la villa organizada”. Hace mucho esperan este día.

El 21 de septiembre de 2018 se dictaron las sentencias a los 6 prefectos responsables de la tortura de Iván Navarro y Ezequiel Villanueva: Antúnez, Benítez, Sandoval, Ertel, Marsilli y Falcón fueron condenados a penas de entre 8 y 10 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9, a cargo de Fernando Ramón Ramirez.

El juicio -que comenzó el 11 de mayo- estuvo apoyado por organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Aunque se esperaba para el mediodía, la sentencia fue dictada alrededor de las 15 horas. Luego se realizó una conferencia de prensa donde estuvieron los legisladores Victoria Donda, Myriam Bregman (PTS -FIT) y Leonardo Grosso (Peronismo para la Victoria). También participó Nora Cortiñas, quien dijo: “Este fallo debe ser un punto de inflexión para el pueblo. La sentencia debe marcar un precedente para que no siga este sistema de tortura y persecución a los jóvenes y a los movimientos populares de las villas. Dimos un paso adelante”.

Esta es la primera condena a miembros de la fuerza de seguridad por delitos represivos durante el gobierno de Cambiemos. La lucha de la organización popular da sus frutos, en tiempos donde es más fácil culpar a la sequía. Los logros de la garganta retumban, vienen de los barrios marginados, donde el periodismo amarillista prefiere no entrar y la justicia obtusa no intervenir.

El 24 de septiembre de 2016, la Policía Federal detuvo arbitrariamente por la noche a Ezequiel e Iván – de 15 y 18 años respectivamente – en la villa 21-24. Aunque no coincidían con la descripción física ni de la ropa de las personas que estaban buscando, los jóvenes fueron golpeados y entregados a la Prefectura para que ‘continuara el trabajo’.

Seis prefectos llevaron a Iván y Ezequiel a la vera del Riachuelo, donde los torturaron física y psicológicamente. Durante aproximadamente 45 minutos los oficiales les quemaron la piel con colillas de cigarrillo, los obligaron a hacer flexiones de brazos y los hicieron rezar arrodillados. También los amenazaron con penetrarlos analmente con las cachiporras, y simularon un fusilamiento apoyando las armas en sus nucas. Finalmente los dejaron ir corriendo, amenazándolos con matar a quien perdiese la carrera.

Iván y Ezequiel llegaron corriendo hasta la redacción de “La Garganta Poderosa” en la villa Zavaleta, donde fueron recibidos por los vecinos. Al día siguiente, al hacer las denuncias a la Fiscalía de Pompeya, Iván logró reconocer a Leandro Antunez, uno de los prefectos responsables, que fue detenido inmediatamente.

La Poderosa realizó la denuncia ante la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y acudió a los medios de comunicación para frenar la impunidad policial. Dos días después del hecho, Iván dio su testimonio en vivo en C5N. Sin embargo, cuando volvía del canal, un prefecto lo corrió nuevamente por varias cuadras, amenázandolo con el arma en mano.

Cuatro días después de la denuncia, los demás prefectos implicados en las torturas se entregaron a la Justicia. “Era algo buenísimo porque significaba que habían sentido la presión social, pero al mismo tiempo implicaba focalizar en los implicados, dejando de lado todo el sistema que los avala” , explicó Gabriel Chávez, miembro de la organización La Poderosa. A partir de ese momento los seis prefectos implicados quedaron en prisión preventiva en el penal de Marcos Paz.

“A los pibes en la 21-24 es cotidiano que los torturen. A Iván y Ezequiel los siguen persiguiendo, los detienen en la esquina de su casa, los hostigan. Los casos son similares, como el de Luciano, el de Kiki. La policía los tiene fichados y los persiguen, los torturan enfrente de las garitas e incluso dentro de la comisaría como a Ezequiel Demonti. Hacen allanamientos en el barrio sin que haya una orden judicial. A Iván y a Ezequiel los tenían amenazados con que los iban a matar porque nadie los iba a reclamar. ¿A quién le iba a importar que maten a dos pibes más de la villa? “, cuenta Gabriel.

“Cuando fueron las querellas de los prefectos sabíamos que iba a ser difícil. Uno de los abogados de los prefectos trajo un ejemplar del libro `Nunca más´ y dijo `Esto es tortura, no lo que denuncian ustedes´. Los mismos prefectos hablaron de correctivos y los mínimos golpes necesarios. Sin embargo, este juicio fue una instancia histórica, incluso se consiguió que una de las audiencias se hiciera específicamente en la villa 21-24, recreando el recorrido de los jóvenes torturados”.

A partir del 2013, con el caso de Kevin Molina, el niño de 9 años asesinado durante un tiroteo en Zavaleta, la organización La Poderosa implementó el  “Control popular a las Fuerzas de Seguridad”. Este grupo de vecinos, formados y organizados, funciona en cada barrio tomando las denuncias de violencia policial e irregularidades de las fuerzas armadas para presentarlas directamente a la Procuvin. Gracias al control de seguridad, la organización pudo realizar un relevamiento de las violaciones a los Derechos Humanos en los barrios, que fue presentado ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU. Solamente en 2017, se presentaron más de 1.000 denuncias de casos de tortura ante este comité de la ONU. Actualmente la organización trabaja con la idea de implementar una ley a nivel nacional.

“En Zavaleta el abuso policial es cotidiano, pero este sistema está ayudando mucho: antes agarraban un vecino y lo cagaban a trompadas a plena luz del día. Ahora, si eso pasa, siempre hay un vecino que sabe cómo proceder. También sirve para que los pibes conozcan sus derechos. Esta red nos permite discutir la seguridad desde otro punto de vista, que no es pedir más policías en cada esquina” , concluye Gabriel.