Emilio Cristian Bay, referente de la agrupación estudiantil La UES/MUNAP y funcionario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, está acusado por ejercer violencia de género contra dos docentes de esta casa de estudios.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires está convulsionada desde hace más de 20 días por una denuncia por violencia de género que apunta al corazón de las autoridades. Emilio Cristian Bay, secretario de Desarrollo Universitario, Inclusión y Bienestar y referente de la agrupación Avanza La UES/MUNAP -actual conducción del Centro de Estudiantes-, fue denunciado por dos docentes, una de ellas de la carrera de Ciencias Políticas y la otra de Relaciones del Trabajo, quien al momento del hecho se desempeñaba como coordinadora técnica. La denuncia se realizó a partir de una situación de violencia que tuvo lugar en  febrero del año 2017 en el edificio de la Facultad, ubicada en el barrio porteño de Constitución.

Bay recibió una denuncia bajo el rótulo de “amenazas simples y violencia física”. Los hechos ocurridos llevaron a que ambas docentes tuvieran que dejar de frecuentar la Facultad por temor a posibles represalias. A pesar del dictamen de la probation del caso, que prohibía todo tipo de contacto con las víctimas, el funcionario redobló la apuesta e impulsó que la Comisión de Enseñanza apartara de su cargo a la docente de Ciencias Políticas, en “una muestra de persecución política y violencia institucional”, según las palabras de la propia afectada que decidió mantener en reserva su identidad.

En el marco del Consejo Directivo de este lunes, el funcionario presentó su renuncia “a fin de cumplimentar otras funciones de gestión en la Universidad de Buenos Aires”. “La renuncia es una provocación enorme. No podemos permitir que Bay vuelva a trabajar en otras dependencias de la Universidad con el aval de las autoridades”, explicó Paula Vega, estudiante de Trabajo Social y vocal del Centro de Estudiantes. “Queremos que se continúe el camino de la aplicación del protocolo contra la violencia de género y que se avance en la suspensión definitiva de Bay. No podemos tolerar más violentos en la UBA, queremos que las compañeras podamos transitar libres y sin miedo”.

“No alcanza con la renuncia y por eso exigimos la destitución del funcionario y la aplicación del protocolo”, explica Eva Dimópulos, estudiante de la Facultad y una de las redactoras del protocolo. “El protocolo no implica solamente resguardar a las denunciantes. También puede establecer que el funcionario no ingrese a la universidad y el tipo de comportamiento que debe tener al interior de la institución, siempre poniendo el foco en las personas que están denunciando para que puedan cursar, trabajar e investigar libremente”, concluye.

La advertencia frente a una posible reubicación en otra dependencia de la Universidad no es vana: Bay y La UES sostienen vínculos estrechos con el rector de la UBA, Alberto Barbieri . El conflicto sigue abierto y sin una resolución concreta. Junto con Bay presentó la renuncia Pedro Hip, subsecretario del área que conducía Bay y uno de los protagonistas de la agresión a no docentes el martes pasado durante la toma que la agrupación La UES realizó en el Consejo Directivo.